PáginaI12 en España
Desde Madrid
Una de las primeras medidas que tomó el Gobierno de Pedro Sánchez después de las elecciones generales de abril en las que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) resultó ganador, fue conformar la estratégica Mesa del Congreso de los diputados. Entre los nueve cargos que la conforman, el de secretario primero fue asignado a Gerardo Pisarello (Tucumán, 1970), exvicealcalde de Barcelona y profesor de derecho constitucional en la Universidad de esa ciudad, fruto de un acuerdo entre el PSOE y la fuerza que lidera Pablo Iglesias, Unidas Podemos (UP).  

Recién trasladado desde la capital de Cataluña a Madrid, Pisarello recibe a PáginaI12 en su despacho del Congreso de los diputados. Cuando consulta a su asesora sobre algún detalle de su agenda, lo hace en catalán, con un dominio que deja en evidencia los casi veinte años de residencia en Barcelona. Pero, apenas comienza a desarrollarse esta entrevista, el acento tucumano de su lengua castellana se revela naturalmente. Ese rasgo notable de sus orígenes permanece vigente, al igual que su preocupación por consolidar los vínculos con Argentina, y América Latina. Pisarello cuenta, con una ligera sonrisa, que un objetivo no tan confesado de su traslado a Madrid, es el de poder articular desde allí una red internacional capaz de pensar un nuevo ciclo político progresista, y que planteé una alternativa a la derecha que gobierna en diferentes lugares del mundo, especialmente en América Latina.  

Pero hoy por hoy Pisarello está centrado en la actualidad política de España y Europa. De cara a la formación del nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez, el dirigente catalán apuesta por una coalición a la portuguesa protagonizada por el PSOE y UP, que pueda abordar el reto de la plurinacionalidad de España, y que, a nivel europeo, pueda unirse a Portugal para consolidar un faro de esperanza ante el avance de la ultraderecha. 

–¿Que análisis realiza de los resultados electorales del 28 de abril y el 26 de mayo?

–Para las fuerzas del cambio vinculadas a lo que fue el 15M, los resultados expresan un retroceso respecto de las expectativas que teníamos. Pero también, muestran que el viejo bipartidismo que se concibió después de la transición en España está en una crisis profunda, y hay cambios en la agenda política que llegaron para quedarse. Ahora nos toca estabilizar las líneas defensivas para evitar que la derecha y la extrema derecha puedan abrirse camino y, luego, conseguir acuerdos y coaliciones progresistas para impulsar una agenda ecologista, feminista, social y de diálogo respecto de la cuestión territorial de España. Cuando venga un nuevo ciclo político en el que seamos más fuertes, debemos ser capaces de aprender de los errores cometidos y estar a la altura de los nuevos retos. 

–Antes del 26 de mayo parecía muy probable una coalición de gobierno entre PSOE y UP. ¿Los malos resultados de UP alejaron esa posibilidad?

–Creo que es absolutamente necesaria. El partido socialista está ante un dilema. Por un lado intentar desactivar la pulsión destituyente de las derechas españolas, que nunca soportan que alguien ajeno a ellas tenga el poder institucional, seduciendo a algunos sectores de Ciudadanos (Cs) y del Partido Popular (PP). Por otro, está lo que yo creo que es la única opción que le queda a Pedro Sánchez, mirar hacia UP para atreverse a construir una coalición a la portuguesa. Con un añadido que no tiene Portugal, y es que España es un país plurinacional. Eso obliga a incluir una agenda social valiente, pero también animarse a cerrar el capítulo de la criminalización del conflicto de Cataluña, y abrir un escenario de diálogo y de asunción de la pluralidad nacional y territorial del país.

–¿Qué significado tiene que la ultraderecha integre gobiernos o acuerde programas, como podría suceder en Madrid con PP y Cs?

–La extrema derecha en España no ha conseguido la fuerza que está logrando en otros sitios del mundo. Pero, a pesar de eso, está ganando un peso que le permite condicionar mucho la agenda política. Su proyecto político es ahondar en las contrarreformas laborales, en la desregulación del mercado del alquiler y, por tanto, consolidar un tipo de capitalismo financiero que está generando estragos en el mundo. Por otra parte, ese avance de la ultraderecha es un argumento de mucho peso para que las fuerzas progresistas asuman la responsabilidad que tienen en este contexto europeo, y sean capaces de acordar contrapesos a los gobiernos de derecha.

–¿Cómo se imagina la dinámica en el Congreso de los diputados?

–Va a depender mucho de cuál sea la apuesta real del PSOE. Sin desconocer que el objetivo fundamental de las tres derechas es desplazarlo a cualquier precio, tenemos la obligación de mostrarle que la única manera de evitar que ese escenario se consolide, es formando una propuesta progresista valiente. Si en un contexto de crisis económica tan grave, actuamos con excesiva prudencia y con excesivas medias tintas, puede suceder lo que está pasando con la socialdemocracia en otros sitios de Europa, que ha ido quedando en el camino, y abriéndole paso a fuerzas populistas de extrema derecha.

–¿Cuáles son los principales retos de la próxima Legislatura?

Las políticas de austeridad que se aplicaron los últimos años han producido una precarización enorme la vida de las personas y, por lo tanto, debemos revertirla. La primera cuestión es derogar las contrarreformas laborales que se aprobaron en los últimos años. El segundo elemento, es la vivienda, que es un bien de primera necesidad. Muchas ciudades españolas están sufriendo una burbuja con el aumento del precio del alquiler. Debemos desarrollar un parque público de viviendas y, mientras tanto, adoptar una regulación de los precios de alquiler. Una tercera cuestión, es la energética. Necesitamos instrumentos públicos que conciban la energía como un derecho fundamental de la ciudadanía.

–Otro de los grandes desafíos es el conflicto catalán. ¿Cómo se aborda en un contexto de crispación como el actual?

–Una de las virtudes de Pedro Sánchez es que ha sido capaz de bajar el tono de confrontación en relación a Cataluña. Sin embargo, ha llegado el momento de pasar a la práctica. Debe hacerse todo lo posible para que acabe la criminalización del conflicto. Eso no significa absolver políticamente a los partidos independentistas, pero eso no supone justificar una política de judicialización del conflicto que se ha mostrado absolutamente abusiva y desproporcionada. Si logramos salir de ese escenario, habrá que pensar en medidas para revertir esa criminalización. Eso quiere decir poder hablar de indultos, de eventuales amnistías, o de una reforma del Código Penal que rebaje las penas.

–¿Cómo afectaría al país una sentencia condenatoria a los líderes independentistas juzgados por el referéndum ilegal de octubre de 2017? 

–No soy optimista en relación con el resultado. Creo que será una sentencia condenatoria, y de una dureza que no se corresponde con los hechos que se están juzgando. Se puede estar de acuerdo o no, pero no fue rebelión, ni sedición, ni creo que haya habido malversación de fondos. A lo sumo, desobediencia, pero incluso en ese caso el delito no es objeto de pena de prisión. Tampoco soy optimista porque este conflicto ha hecho aflorar los vínculos estrechos del Tribunal Supremo, sobre todo en las instancias más altas, con el franquismo. Creo que la sentencia tendrá un impacto negativo en la resolución del conflicto. Pero al mismo tiempo, pondrá de relieve la necesidad de resolver ese contencioso por la vía política.