La intendenta de San Miguel del Monte, Sandra Mayol, sigue tomando medidas que generan rechazo entre los familiares de las víctimas de la masacre ocurrida el 20 de mayo, y que lesionan su anunciado intento de iniciar un proceso de “acercamiento” entre la policía local y la comunidad. La medida, que ha generado “el rechazo” de las familias y de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) es la designación como directora de Asuntos Institucionales de la comuna, de María Alejandra Cotignola, ex agente de la policía, familiar de uno de los detenidos en la causa de la masacre y ex defensora de policías acusados por otros delitos. Los antecedentes son incompatibles con la labor que tendrá la funcionaria: controlar a las fuerzas de seguridad en Monte. 

En un comunicado, la CPM aseguró que la designación de Cotignola “es una clara señal de amparo a las políticas de seguridad y las prácticas policiales que hicieron posible la masacre”. Por su parte, en una carta que presentaron ante la intendenta, los padres de lxs jóvenes fallecidxs y la adolescente que sufrió lesiones graves, expresaron: “A las familias que somos víctima de este crimen atroz, no sólo nos indigna (el nombramiento), sino que también nos revictimiza y vulnera”. Por ese motivo, le exigen que revierta la designación cuestionada. 

La presentación se hizo en conjunto con la CPM y los abogados que representan a las familias. Se advirtió que la designación “contiene un mensaje político claro: la confirmación de una política de seguridad y el amparo de las prácticas criminales de agentes policiales que generaron las condiciones de posibilidad para la consumación de la masacre”. La actitud de Mayol “siembra de dudas sobre la existencia de un compromiso sincero con la verdad y la justicia por las cinco víctimas”.

Consideraron “poco pertinentes” los antecedentes de la nueva funcionaria, incluyendo su condición de familiar de uno de los doce policías y el funcionario imputados en la causa por la Masacre de Monte. PáginaI12 confirmó que el pariente de Cotignola es el subinspector José Alfredo Domínguez, imputado por el delito de encubrimiento agravado.