Tres instituciones y una familia quieren participar como querellantes en la causa que investiga el choque de dos colectivos de la empresa Monticas, en el que murieron 13 personas, en febrero de 2017, en la ruta 33. El expediente que lleva adelante el fiscal Walter Jurado tiene a cinco directivos de la empresa imputados por su "conducta negligente e imprudente" y "por omisión del deber de vigilancia, control y supervisión de las adecuadas condiciones de seguridad del servicio". El delito al que se enfrentan es homicidio culposo agravado y lesiones. Ayer, la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores (Coad); la Municipalidad de Casilda y familiares de una de las víctimas pidieron formar parte de la acusación.

Lo que el juez Pablo Pinto deberá resolver en las próximas horas tiene que ver con los pedidos de las partes, luego de que el fiscal aceptara solo la pretensión de una de las familias afectadas.

El representante de los allegados a María Belén Genga, quien se encuentra en estado vegetativo tras el siniestro, fue el primero en presentar el petitorio. Incluso, el letrado apuntó que se llegue más allá en las acusaciones, con los responsables de los organismos relacionados con el hecho, pero las partes plantearon que solo se podría hablar por las personas imputadas hasta el momento.

Los abogados de la UNR también pidieron ser querellantes, tras las instrucciones que recibieron por parte del Rectorado, y que ratificó el Consejo Superior. En ese sentido, apuntaron a que la UNR "es damnificada directa porque hubo personal no docente que falleció en el siniestro y eso golpeó a la comunidad universitaria. Nuestro personal tenía que trasladarse desde Rosario a localidades como Casilda y Pérez en la empresa que prestaba un servicio cuasi monopólico" y en "condiciones deficientes", situación de la que "ya se había alertado desde la universidad, mediante notas, sobre los potenciales riesgos". Ante la negativa del fiscal por entender que solo los deudos tienen la posibilidad de constituirse en querellantes, indicaron: "La UNR quiere colaborar en la acusación. La universidad está en condiciones a de incorporar importantes elementos para esclarecer los hechos", aseguraron.

Cinco directivos de la empresa están imputados por su "conducta

negligente e imprudente" y "por omisión del deber de vigilancia".

En tanto, la titular de Coad, Laura Ferrer Varela planteó: "Queremos presentarnos porque es de interés para el conjunto de las y los trabajadores de la universidad, docentes y no docentes, porque seguimos viajando y se ven implicados muchos compañeros y compañeras". La abogada Gabriela Durruty agregó: "El objetivo es deslindar responsabilidades, frente a las condiciones de traslado". Otra letrada agregó que "unos 300 docentes viajan ese trayecto (en la ruta 33), siendo la única vía". Durruty aseguró que "el interés claro tiene que ver con la vida y la salud de los y las compañeras desde que salen de su casa hasta que regresan".

Similar fue el planteo de la Municipalidad de Casilda, cuyos ciudadanos fueron directamente afectados por el uso diario de los servicios que colisionaron en 2017, en el que fallecieron incluso los dos choferes. La resolución será notificada a las partes en breve.

Para el fiscal Walter Jurado está probado que la causa y mecánica del siniestro se centra en la explosión del neumático delantero izquierdo del colectivo interno 145, que circulaba desde Pérez hacia Zavalla y que se cruzó de carril cuando el chofer perdió el control y dio de frente con la unidad 105, que viajaba en sentido inverso y quedó en una zanja. La rueda que se reventó era usada y había sido colocada el 24 de noviembre de 2016 en el ómnibus, aunque su uso no estaba recomendado. Su fabricación databa de 2011.