EL SENADO HIZO LEY LA DEROGACION DE LA OBEDIENCIA DEBIDA

AHORA MENEM TIENE LA PALABRA

Lo que en la Cámara de Diputados llevó cuatro sesiones y tres meses en el senado apenas una sesión y cuatro horas. Expeditivamente la cámara alta convirtió en ley por unanimidad y aclamación el proyecto que deroga las leyes de punto final y obediencia debida. Augusto Alasino, presidente del bloque del PJ planteó la urgencia oficial al presidente del bloque radical José Genoud, a las seis de la tarde. "José, queremos plantear sobre tablas el proyecto de derogación". Sorprendido, el radical mendocino apeló a las formalidades. "Nosotros preferimos que sea la semana que viene, así llamamos a los organismos de derechos humanos y preparamos bien la sesión". "Bueno, dejame verlo", le prometió Alasino. Entonces, intervino Yoma, quien le insistía a Alasino para que fuerce el tratamiento. "No hermano, hagámoslo ahora", dijo con voz de mando el senador riojano que expresa como pocos la voluntad de Carlos Menem. Con esa decisión, el radicalismo no podía quedar públicamente postergando una discusión por la que bregaba, aunque no tan pronto. Primero se aprobó el tratamiento y, luego de unos discursos, se votó la derogación a las diez de la noche. El suspenso se traslada ahora al despacho del presidente Menem quien había prometido en enero vetar esta ley. Tiene diez días hábiles para hacerlo.

El debate fue seguido sin interés por los senadores que mayoritariamente esperaban en el salón contiguo el momento de votar. La velocidad con que se alteró el orden del día no fastidió ni siquiera a senadores como el salteño Roberto Ulloa, también capitán de la marina retirado, que gobernó Salta durante la dictadura militar y mucho menos al liberal correntino Juan Ramón Aguirre Lanari, que fue canciller de la dictadura y que a las nueve de la noche le dijo a Página/12 con su extraordinaria parquedad "voy a votar la derogación porque es lo corresponde".

Para el bloque del PJ la aceleración de este tratamiento los liberaba básicamente de un problema. De una puesta en escena de organismos de derechos humanos, similar a la del martes frente a la Cámara de Diputados y de mantener por más tiempo el tema derechos humanos, irritativo para las fuerzas armadas, en la discusión pública. Yoma, en diálogo con este diario, dio su versión. "Queríamos evitar el papelón de los diputados. La sociedad quiere más seriedad", dijo.

Cuando el Jefe de Gabinete Jorge Rodríguez ya se había ido del senado tras dar su informe bimestral, para el PJ se trataba del momento ideal. Las graderías estaban vacías y las cámaras se habían apagado. Entonces en discursos de tono similar a los del martes en diputados, los legisladores recordaron el golpe militar (que sí estaba en el orden del día), y debieron adelantar el voto de sus bancadas con respecto a la ley de derogación.

El radical Antonio Berhongaray evocó amargamente los años de la dictadura y expuso las razones que justificaron en 1986 y 1987 el dictado de las leyes de impunidad. Pero antes que nada dejó sentado, para la posteridad que registran los taquígrafos, que no le parecía bien, que estaba molesto por la inclusión conjunta del repudio al golpe militar de 1976 y el tratamiento de la derogación. El radicalismo, de todos modos, no tenía espacio para oponerse a un tratamiento por el que bregaba. El Frepaso sólo tiene un senador: Pedro del Piero, quien hereda la banca dejada por Graciela Fernández Meijide.

El martes, la Cámara baja había aprobado la derogación de las leyes después de una sesión pacífica y tras un acuerdo entre oficialismo y oposición para eliminar del texto original presentado por Juan Pablo Cafiero y Alfredo Bravo, "la nulidad". De esa manera, quedó consagrado el simbolismo de esta derogación por sobre sus derivaciones jurídicas. Esa inocuidad de la ley para con los represores, que fue aprobada ayer por los senadores fue destacada por Yoma. "No se van a reabrir los procesos penales", dijo.

--Y conociendo, como usted conoce al presidente. ¿Cree que Menem va a vetar la ley?

--Es innecesario el veto porque no es eficaz esta ley para volver las cosas atrás.

Los otros discursos siguieron una misma línea de condena a la represión ilegal pero la sesión se tensionó sobre las diez de la noche, poco antes de votar. En ese momento Alasino dijo que "el gobierno radical comenzó bien con los militares, pero se le desmañaron y después lo manejó mal" al lamentar la sanción de aquellas dos leyes por el Congreso en tiempos de Raúl Alfonsín. No obstante, Alasino fue el único de los oradores que admitió que "esta derogación no es un mérito de ningún partido político, sino de la insistencia del pueblo argentino, que demostró durante todo este tiempo que esto era muy importante para los argentinos" y que "el tema está en la memoria colectiva, especialmente de los jóvenes que ni siquiera vivieron ese tiempo".

EL PRESIDENTE TIENE DIEZ DIAS PARA VETAR

"Nadie sabe qué hará Menem"

"No hay nadie en la Casa Rosada que haya aconsejado al Presidente vetar la ley. Casi todos los que opinaron, por ejemplo el ministro del Interior, Carlos Corach, le aconsejaron que la promulgara. Pero nadie puede asegurar qué hará Menem. En el tema militar es como si se olvidara de cualquier cálculo político. Es como si se tratara de una lealtad indiscutible con lo que él mismo considera el primer acto transformador de su gobierno. Esto es, el indulto a los militares".

Una fuente calificada de la Casa Rosada graficó así, al cierre de esta edición, la incertidumbre del equipo oficial respecto de la decisión que deberá tomar Menem ahora que el Senado convirtió en ley a la derogación de las leyes de punto final y de obediencia debida. Carlos Corach, por ejemplo, fue uno de los que sugirió a Menem que vetarla no tendría ningún sentido porque, como la ley solo tiene un efecto simbólico y el repudio a las violaciones de los derechos humanos un consenso social indiscutible.

Menem no respondió. Hasta ahora, lo único que ha dicho es que la vetará. Pero la unanimidad de los bloques justicialistas en ambas cámaras refleja una decisión tomada en las más altas esferas del gobierno. "Quisimos terminar con esta historia en la que nosotros no tenemos culpas. Al fin y al cabo se trata de dos leyes aprobadas por los radicales", explicó la fuente. Esa determinación podría extenderse a la decisión definitiva del Poder Ejecutivo pero nadie se animaba a asegurar que Menem la obedecería. Como se sabe, el Presidente es capaz de dar órdenes que él mismo después desobedece.

Más allá de los cálculos políticos, es claro que a Menem, en su fuero íntimo, lo fastidia cualquier intento de revisar el pasado, aunque ello no le traiga ningún problema a su gobierno. El último ejemplo de ello es la actitud destemplada que asumió frente a las investigaciones del juez Baltasar Garzón sobre la desaparición de ciudadanos españoles durante la dictadura militar. Lo mismo puede ocurrir con la ley a la que el Senado dio ayer sanción definitiva. "No le trae ningún problema. Vetarla le daría un argumento fuerte a la oposición. Pero lo fastidia terriblemente", explicó la fuente.

Dirigentes oficialistas y de la oposición expresaron ayer su satisfacción, aunque con diferentes matices, por la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, mientras que desde los organismos de derechos humanos se hicieron oír opiniones disímiles respecto de las consecuencias prácticas de la medida. Humberto Roggero, titular del bloque de diputados del oficialismo, aseguró que el Presidente no vetará la ley.

Hebe de Bonafini, presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, fue tajante al calificar como "una vergüenza" la derogación de las leyes de impunidad, agregando que "nosotros jamás vamos a marchar detrás de los políticos que hicieron la Obediencia Debida y el Punto Final, no los vamos a blanquear". La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, en cambio, sostuvo que la derogación es "un paso positivo. No es lo que habíamos esperado. Habíamos trabajado muchísimo para la anulación de las leyes, pero sabemos que este paso es muy importante. Ahora habrá que ver cómo se hace efectivo el juzgamiento y condena de los responsables, para que no transiten más en libertad quienes han asesinado a toda una generación".

La diputada Graciela Fernández Meijide admitió que "uno nunca termina contento por una cosa así, porque no se puede poner la solución que uno hubiera querido", pero se mostró satisfecha porque "la Alianza trabajó muy bien". Fernández Meijide dijo que el PJ "fue sensato" al no plantear las anunciadas listas de colaboradores de la dictadura, aunque expresó que el oficialismo pudo actuar así por temor de que "pudieran tener algunos funcionarios" en esas listas. Su compañero de bloque Carlos "Chacho" Alvarez dijo que "lo real es que el Parlamento hizo una señal".

Mientras el gobernador Eduardo Duhalde destacó que "es un paso que espero sirva, pero uno tiene dudas si este tipo de leyes tiene efectividad", Humberto Roggero subrayó "el grado de madurez política" demostrado por los legisladores y descartó un veto del presidente Carlos Menem. La diputada justicialista Cristina Fernández de Kirchner calificó la derogación como "un punto inicial, no un punto final", y reclamó que el Congreso encare "con mayor serenidad y mayor seriedad" la discusión sobre la nulidad de las leyes.

Marcelo Stubrin, diputado de la UCR, aseguró que "comienza una nueva etapa, porque hasta que no se conozca el destino de los desaparecidos y no se responda a los interrogantes de sus familiares, este tema nunca termina". Disonante, Alvaro Alsogaray, el único diputado que anunció su voto negativo, cuestionó que se vuelva "a enjuiciar al Proceso".

Por su parte, el diputado del Frepaso Juan Pablo Cafiero, uno de los autores del proyecto de nulidad de las leyes de impunidad, estimó que "con la derogación va a quedar abierta la posibilidad de ampliar los aspectos vinculados a la verdad y se van a hacer planteos de nulidad de las normas ante la Justicia".

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