EL JUEZ GARZON COMPARO LA ULTIMA DICTADURA CON LOS NAZIS

"APLICARON LOS MÉTODOS DE HITLER"

La última dictadura militar en la Argentina se basó "en las doctrinas más puramente hitlerianas". Se aplicó "el método del decreto de Hitler de 1941, Noche y Niebla; es decir, se trataba de que la familia y el pueblo en general desconocieran el paradero de las personas secuestradas y eliminadas". La comparación del régimen argentino de Videla, Massera y Cía con el nazismo fue el principal argumento del juez español Baltasar Garzón para defender ayer, una vez más, su competencia en el juzgamiento de los crímenes de la represión ilegal. Así, según su postura, el caso argentino queda claramente encuadrado como un genocidio, tipificación que habilita la jurisdicción de la Justicia española.

"La finalidad de dicha acción sistemática (de represión ilegal) fue conseguir la instauración de un nuevo orden --como en Alemania pretendía Hitler-- en el que no cabían determinadas clases de personas, es decir, todos aquellos que no defendían un concepto de ultranacionalismo de corte fascista de la sociedad", sostuvo Garzón. Por sus definiciones, el nuevo pronunciamiento del juez madrileño se convirtió en el más fuerte de todos los que emitió hasta ahora para defender la causa contra los militares argentinos, cuestionada desde siempre por la Fiscalía General de España, que sostiene que el juez no tiene competencia en el caso, por una cuestión de extraterritorialidad.

El dictamen de Garzon se conoció, precisamente, un día después de que su colega Manuel García Castellón aceptara paralizar una causa similar, la que investiga los crímenes cometidos en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet. Castellón admitió el criterio fiscal y envió el expediente a la Audiencia Nacional, el tribunal que deberá pronunciarse definitivamente sobre la cuestión de la competencia. La resolución de la Audiencia en el caso chileno sentará un precedente para la causa de Garzón, quien entonces ayer intentó reafirmar su postura.

En el mismo pronunciamiento en el que comparó la última dictadura militar argentina con el nazismo, Garzón reveló que en la causa intenta determinar el paradero de niños secuestrados durante la represión ilegal que estarían viviendo con sus apropiadores en España. El método de desaparición de menores aplicado por los represores argentinos "es comparable a la deportación masiva de niños tibetanos a centros chinos de formación marxista para sustraerlos a toda formación religiosa", dijo Garzón. Y utilizó además el caso de los niños para defender su competencia, por el "carácter permanente" de ese delito (ver aparte).

Los militares argentinos se basaron "en las doctrinas más puramente hitlerianas", al aplicar los mismos métodos del nazismo para "secuestrar y desaparecer, sin dejar rastro, a las víctimas, que eran cremadas, inhumadas en fosas comunes o lanzadas al mar", dijo Garzón. Y agregó que "de esta forma nadie puede decir que los subversivos han sido detenidos, sino que, como no patriotas, han huido de la Argentina. Y en todo caso, cuando aparecían los cuerpos, se simulaba un enfrentamiento, cuando en realidad simplemente se les había ejecutado fría y calculadamente".

Para defender su competencia, el juez español sostuvo que los hechos investigados en la causa a su cargo constituyen "el delito de genocidio, que se instrumentó a través de asesinatos múltiples, detenciones, secuestros, desapariciones, sustracción de menores, torturas, violaciones y apoderamiento de bienes".

Con este encuadre de los hechos, Garzón consideró "llamativo" que los crímenes investigados "no hayan recibido en sede judicial hasta ahora la categoría de delitos de genocidio", sobre todo cuando --dijo-- "la ONU (Organización de Naciones Unidas) recibió y acogió a todos aquellos que conseguían salvarse y huir de Argentina como víctimas de un verdadero genocidio".

En ese sentido, Garzón señaló que "la obligación de la comunidad internacional debe ser descubrir, perseguir y sancionar adecuadamente" estos delitos, "sin que presiones políticas de ningún estamento o gobierno puedan abrir la puerta a la impunidad".

Sobre la base de todos estos argumentos, y tras admitir que su postura difería "radicalmente" de la que sostiene la Fiscalía, Garzón dijo finalmente que "dispongo mantener la competencia de la jurisdicción española", que corresponde "fuera de toda duda".

En la misma resolución, Garzón ratificó además los autos de imputación y prisión y las órdenes de captura internacional dictadas a lo largo del proceso contra varios responsables de la represión ilegal en la Argentina, entre los que figuran los ex comandantes del Proceso Eduardo Massera y Leopoldo Galtieri.

CHICOS ROBADOS VIVIRIAN EN ESPAÑA

Queda un as en la manga

Al reivindicar ayer su competencia para seguir tramitando en España el juicio contra los militares argentinos del Proceso, el juez Baltasar Garzón reveló que tiene indicios de que en ese país viven actualmente varios niños que durante la dictadura nacieron en cautiverio y fueron secuestrados por represores. "Se está investigando, en pieza separada del procedimiento, la presencia en España de entre tres y cinco niños", señaló el magistrado.

Fuentes judiciales madrileñas señalaron que el tema de los niños es uno de los "ases en la manga" con los que cuenta Garzón para defender su competencia para enjuiciar a los represores argentinos, frente a la posición en contrario que mantiene la fiscalía de la Audiencia Nacional española y a las críticas que en el mismo sentido ha expresado el gobierno de Carlos Menem. El juez considera que el secuestro de niños --que siguen desaparecidos-- constituye un "delito permanente", por lo cual no habría ninguna duda sobre su jurisdicción para proseguir con el juicio por los crímenes de la represión ilegal.

Garzón manifestó en su resolución de ayer que la apropiación de bebés nacidos durante el cautiverio de sus madres por parte de los represores es comparable con la deportación masiva de niños tibetanos a centros chinos de formación marxista para sustraerlos a toda formación religiosa. Voceros de su juzgado anticiparon que el magistrado podría resolver la citación a declarar de las familias que viven en España con niños apropiados --quienes ahora tendrían más de 18 años--, aunque dada la naturaleza tan delicada del caso prefiere cerciorarse antes de hacerlo.

Según estimaciones de las Abuelas de Plaza de Mayo, los casos de niños robados en los campos de concentración de la dictadura rondan los 500 y hasta el momento sólo se han esclarecido 59. Esa Asociación dijo ayer desconocer los datos que maneja Garzón acerca de la presencia en España de chicos desaparecidos. En el mismo sentido, se pronunció la ex subsecretaria de Derechos Humanos y actual legisladora porteña, Alicia Pierini.

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