Por Andrea Rodríguez La mayoría de las propiedades descubiertas a nombre de Antonio Domingo Bussi fueron compradas entre enero de 1977 y diciembre de 1983, es decir durante el período en que el general se desempeñó como dueño de la vida y la muerte en Tucumán. El dato refuerza las sospechas sobre el origen ilícito de su patrimonio, ya sea porque el dinero provino de la usurpación de bienes a víctimas de la represión ilegal o de negociados realizados desde la función pública, como gobernador de facto de la provincia. Constituye el indicio más fuerte de todos los recolectados hasta ahora en la investigación preliminar por enriquecimiento ilícito en su contra. Desde ayer, Bussi enfrenta formalmente una causa penal bajo esa acusación. Veintidós de enero de 1977: esa es la fecha de escritura de la primera propiedad adquirida por Bussi tras el golpe de Estado del '76. Inicia una seguidilla de compras de dieciocho viviendas en total, la última escriturada en diciembre de 1983. Los valores de cada una oscilan entre los 120 mil y los 150 mil dólares. Esto hace que los investigadores judiciales a cargo del caso presuman que la fortuna que amasó el general durante el Proceso fue, al menos, de 2.430.000 dólares. Esto por lo bajo, ya que hubo más: dos cuentas con abultadas cifras en entidades bancarias del exterior, además de la ya conocida en Suiza; unos cuantos autos costosos y un plazo fijo de 500 mil dólares. En el lapso de su mayor crecimiento patrimonial, Bussi se desempeñó como jefe del llamado Operativo Independencia y como mandatario de facto de la misma provincia que gobierna ahora. Su sueldo de general era el equivalente a unos 2.600 pesos actuales. Cuando ya en democracia se convirtió en diputado nacional, ocultó sus bienes en la declaración jurada presentada ante el Congreso. También mintió ante la prensa, en febrero último, cuando negó la cuenta en un banco suizo cuyo descubrimiento fue el puntapié inicial del escándalo en el que está envuelto. Y para evitar la sanción del Tribunal de Honor del Ejército por esa mentira, intentó justificarla diciendo que "hablé como político y no como militar". El detalle del patrimonio de Bussi surgió de la investigación preliminar por enriquecimiento ilícito que realizó el fiscal federal porteño Paulo Starc, por orden del procurador general de la Nación Nicolás Becerra, quien a su vez, al dar la instrucción, respondió a una solicitud en ese sentido de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y un grupo de legisladores de la Alianza. Ese detalle revela, además, los tejes y manejes que el gobernador tucumano realizó con las propiedades. Según reveló a este diario un investigador del caso, desde mediados del '84 hasta fines del '86, Bussi inicia un proceso de desprendimiento ficticio de las viviendas, con ventas que resultan no ser tales porque después, a partir del '87, las recompra. Por ejemplo, le vende uno de los departamentos a una tía. Al coincidir con los años en que el general estuvo bajo la mira de la Justicia por su responsabilidad en la represión ilegal, ese desprendimiento figurado habría sido un modo de descargarse de eventuales pruebas en su contra por la posible usurpación de bienes de sus víctimas. Fue lo mismo que hizo el ex comandante Emilio Eduardo Massera con bienes robados a tres empresarios mendocinos secuestrados por la Marina. De las 18 propiedades que adquirió durante el Proceso (todas distribuidas entre Barrio Norte y Belgrano), Bussi sólo se desprendió definitivamente de cuatro. La investigación del fiscal Starc reveló también que el gobernador tucumano tiene otras dos cuentas bancarias en el extranjero, además de la ya conocida en el Banco Credit Suisse, que tiene un saldo de 150 mil dólares. Una fue abierta en Alemania, en el Deutsche Bank, a nombre de su esposa, Josefina Rigolio, y de su hijo José Luis, que llegó a tener un saldo de 300 mil dólares, que habrían sido extraídos después que estalló el escándalo por la cuenta suiza. Un tercer depósito fue girado a Estados Unidos, al Citibank, pero esa habría sido una cuenta de paso del dinero girado a la Confederación Helvética. Bussi mantiene, además, un plazo fijo de 500 mil pesos en una entidad financiera ligada al Ejército. Y mantuvo y mantiene actividades comerciales: fue director de la cooperativa de viviendas Partagás, ligada al Ejército, que tuvo también un final con escándalo; y figura todavía como vicepresidente de la sociedad Mapesa, de importación y exportación, con sede en Capital Federal. Con todos los datos recolectados, el fiscal Starc presentó ayer formalmente la denuncia contra Bussi por enriquecimiento ilícito, que quedó en manos del juez federal Jorge Ballestero. En esta causa, será el gobernador quien deba probar que sus bienes fueron adquiridos en buena ley, porque con la tipificación enriquecimiento ilícito no se presume la inocencia del acusado, sino que es él quien debe demostrársela a la Justicia. Starc también denunció al gobernador tucumano por incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica, por haber ocultado su patrimonio en la declaración jurada ante el Congreso. Esa investigación quedó a cargo de la jueza María Romilda Servini de Cubría.
POLÍTICOS Y MENTIRAS Después de leer las declaraciones del ex dictador Antonio Domingo Bussi al Tribunal de Honor militar que le dictó una sanción "grave" por ocultar su cuenta en Suiza, en las que afirmaba que actuó "como un político" y no "como general de la Nación en situación de retiro" cuando mintió acerca de la existencia de sus bienes, el jefe del Ejército, Martín Balza salió al cruce del gobernador al enrostrarle que "ningún político debe mentir". "Con todo el respeto que me merece la dirigencia política de mi país, ningún político debe mentir porque estaría vulnerando la esencia de las normas fundamentales por las que fue elegido por el pueblo", le reprochó Martín Balza a Bussi. El represor tucumano aseguró que al negar en febrero pasado que tenía esa cuenta --lo que derivó en tres pedidos de juicio político en su contra por parte de la Legislatura tucumana-- "habló como gobernador de la provincia y nunca como general de la Nación en situación de retiro, en un contexto claramente político con lenguaje y estilo propios". Pese al intento de justificación del ex dictador tucumano, el Tribunal de Honor, presidido por el general (RE) Miguel Viviani Rossi, lo sancionó con una amonestación "grave" por falta al honor, que en la práctica representa sólo una nota deshonrosa en su legajo de servicios. Bussi había hecho su descargo en forma oral y posteriormente hizo una ampliación mediante el escrito de la polémica. Pese a ello, Balza se abstuvo de ampliar sus opiniones sobre el tema alegando que aún prosigue sus tareas la Justicia y sus actuaciones son secretas. Probablemente Bussi tome la lección como un gesto de descortesía del impulsor de la autocrítica militar hacia su gestión como gobernador durante la dictadura. Pero lo único cierto es que las mentiras seguramente no son su peor defecto. |