Página/12

Ahora la Comisión de Juicio Político debe decidir, antes del 13 de abril, someterlo a juicio. Si lo hace, el gobernador quedará automáticamente suspendido por sesenta días.

El gobernador Bussi quedó anoche virtualmente a las puertas del juicio político, cuando la Legislatura provincial aprobó por 24 votos contra 14 el informe de la Comisión Especial que investiga la legitimidad de su abultado patrimonio personal y familiar. Días atrás el general del proceso le habría confiado a un íntimo que "estaban por cocerlo a fuego lento con la venia del gobierno central". El fuego se ha encendido, pero el cocimiento aún no está garantizado. El informe será girado ahora a la Comisión de Juicio Político que deberá determinar, antes del 13 de abril, si hay méritos para enjuiciar al primer mandatario provincial. Si la decisión es afirmativa, Bussi quedará automáticamente suspendido durante otro lapso de sesenta días, al cabo de los cuales se votará en favor o en contra de su destitución. Aunque este último extremo parece poco probable, porque a los partidos opositores les hacen falta dos tercios de los votos para expulsarlo del sillón, la aprobación del informe --en una sesión inusitadamente calma-- constituye un serio revés político para el gobernador que ayer, en nota dirigida al presidente del cuerpo legislativo, negó "legalidad y legitimidad" a la comisión.

El documento de la Comisión Especial, al que tuvo acceso Página/12, es serio y preciso. En 70 fojas, acompañadas por otras 350 de anexos probatorios, se establece que Antonio Bussi está vinculado "de manera directa o indirecta, a la compra de propiedades" por una suma cercana al millón setecientos mil dólares. Sin contar las cuentas bancarias en el país y en el extranjero. En una de ellas su esposa, Josefina Bigolio, hizo un depósito de medio millón de dólares.

Aunque la comisión estuvo integrada por tres legisladores, el informe sólo lleva la firma del radical Carlos Courel y el justicialista Alberto Darnay, porque el republicano (bussista) Roberto de la Orden hizo honor a su apellido y produjo un dictamen en soledad favorable a su jefe.

La temida venia de Buenos Aires pareció encarnarse en la denuncia del fiscal federal Paulo Starc, que la Comisión Especial anexó a su informe, porque apuntala sus propias investigaciones y agrega sugestiva información adicional sobre los vehículos que componen la flota familiar de los Bussi.

Los legisladores oficialistas intentaron explicar lo inexplicable, y eso los llevó, en una oportunidad, a contradecir las afirmaciones de su jefe. El ex fiscal Jorge Lobo Aragón dijo que Bussi heredó de su padre, Lorenzo, "miles de hectáreas valuadas entre 2 mil y 2 mil quinientos dólares cada una", lo que se dio de patadas con lo declarado por el propio gobernador en su carta a la Cámara: "Afirmó categórica y enfáticamente no haber poseído nunca jamás propiedades rurales ni haber incursionado en explotaciones agropecuarias o similares".

Bussi podrá ser o no un propietario rural, pero de lo que no caben dudas es que es un exitoso propietario urbano al que la comisión le detectó por lo menos 16 inmuebles. Y un aficionado, (igual que su hijo Luis José y su esposa Josefina) a abrir cuentas bancarias, tanto corrientes como de ahorro mutual y de inversiones. Y no sólo en el país y en Suiza, sino también en Alemania (como lo informó Página/12 en su edición de ayer).

En sus conclusiones, la comisión destaca que buena parte de estas propiedades, cuentas y bienes diversos, fueron adquiridos por el genocida en 1977, "cuando el mismo se desempeñaba como gobernador militar del llamado Proceso de Reorganización Nacional". "Así, entre 1977 y 1983 el señor gobernador interviene en la compra de 8 propiedades, por un valor de mercado de U$S 857 mil, debiéndose consignar que desde 1947, en que recibe su despacho de subteniente, hasta 1983, alcanzó a percibir un total de 756.616 dólares a valores actuales. Como es de advertir, las sumas percibidas en su carrera militar, aun computando las que el señor gobernador ha denominado extras militares, no alcanzan para explicar no sólo la adquisición de los inmuebles referidos en el informe, sino tampoco otras cuentas bancarias que esta comisión ha podido verificar".

Anoche pocos dudaban de que el general que apretaba el gatillo en los campos de concentración ser verá en figurillas para explicar ante la Legislatura y la Justicia la legitimidad de su patrimonio y se discutía lo que vendrá en términos políticos. Los bussistas más cerriles, conocidos también como "los paladares negros", apostaban a una derrota y un desgaste de la oposición. "El general --especulaba uno de los 'halcones'-- conserva un 45 por ciento de popularidad y en la propia Legislatura la oposición se va a desgastar si no consigue ganar la votación del juicio político.

Por su parte las "palomas", los bussistas más políticos, como el propio vicegobernador Raúl Topa, enrolados en el NOS (Nuevo Orden Solidario), comenzaban a pergeñar "el retiro del viejo" y se comenzó a escuchar, sin eufemismos, la expresión "posbussismo". Los que "ya se prueban las pilchas" piensan que "es hora de armar un partido de verdad y no limitarse, como hasta ahora, a recibir las órdenes de Bussi".

Para los observadores lúcidos, esta saga del general millonario, que "ni murió ni fue guerrero", puede deparar todavía varias sorpresas: entre ellas que Bussi se abroquele en posiciones de repudio al Poder Legislativo que podrían llegar a justificar una intervención federal, menos desgastante para su vapuleada honra que el juicio político.

Hace siete días, el semanario El Periódico de Tucumán, que ha venido señalando actos de corrupción por parte de Antonio Bussi, desde hace dos años, publicó una sugestiva información, que ayer fue corroborada en el informe de la Comisión Investigadora de la Legislatura tucumana: en una de sus innumerables transacciones inmobiliarias, el gobernador, a través de un testaferro, vendió un departamento de avenida Libertador 766 a Pablo Trusso, uno de los directivos del ex Banco de Crédito Provincial (BCP) envuelto en el escándalo del vaciamiento de su propio banco".

La información del semanario tucumano, que pasó inadvertida a nivel nacional, tiene particular relevancia por varias razones. Trusso, como bien lo señala El Periódico, es uno de los principales accionistas del BCP, que fue intervenido por el Banco Central en 1997, porque se determinó que se otorgaron 64 millones en créditos truchos. En uno de ellos quedó involucrado el desaparecido cardenal Antonio Quarracino y la Sociedad Militar Seguro de Vida. Casualmente Bussi tiene dos cuentas a su nombre en esa sociedad, y su esposa, Josefina Rigollo, otras dos. En una de ellas, como quedó confirmado en la acusación de la Comisión Especial y del fiscal federal Paulo Starc, la mujer de Bussi depositó 500 mil dólares, a principios de 1996.

Por una extraña casualidad, esta Sociedad Militar integra el Mercobank, que quiere hacerse cargo del BCP y en cuyo directorio hay economistas vinculados con Domingo Cavallo, como Horacio Liendo, hijo del general homónimo que fue ministro de Trabajo durante la dictadura militar.

Por otra casualidad, Francisco Trusso, padre de Pablo Trusso y ex embajador de Menem en la Santa Sede, fue presidente en la Argentina del Banco Ambrosiano, homónimo de aquel otro Ambrosiano que conducía el cardenal Paul Marcinkus, vinculado con la Logia P2 de Licio Gelli, y que fue escenario de uno de los mayores escándalos de la Iglesia. Donde no faltaron, como en los "thrillers", algunos muertos: el banquero Calvi, que apareció colgado en el puente de Blackfrlars en Londres y el mafioso Michele Sindona, que se murió en la cárcel por ingerir una comida demasiado pesada. La logia masónica Propaganda Due, conviene recordarlo, tuvo excelentes nexos políticos y financieros con José López Rega y con varios militares del Proceso, como Emilio Massera y Carlos Guillermo Suárez Mason. De allí la importancia de este nexo, aparentemente casual, entre el general genocida y el banquero acusado de fraudulento, que se refuerza con el vínculo de ambos con la Sociedad Militar Seguro de Vida. Que podría estar indicando algo que va mucho más allá del simple enriquecimiento ilícito del genocida devenido gobernador: la existencia de una cadena de intereses en la que se entremezclan espadones, purpurados y banqueros, unidos en algún punto por el talento mafioso de "Don Licio". Tal vez en la venta de armamentos en vasta escala. Y, donde luego, en la explotación de dineros mal habidos durante la dictadura y exportados no solamente a Suiza, sino también a Alemania, España y Estados Unidos. Una presunción, la de la cadena mafiosa de los dineros del Proceso, que llevó al juez español Baltasar Garzón a solicitar información bancaria a Suiza. Que fue, precisamente, el comienzo del fin para la injustificada carrera política de Antonio Domingo Bussi.

La Alianza presentará el lunes próximo en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para derogar el decreto que nombró a Rodolfo Barra al frente del organismo de control de los aeropuertos. El anuncio fue realizado por la diputada del Frepaso, Alicia Castro, tras considerar que el ex ministro de Justicia "ya permitió la adjudicación de las estaciones aéreas por decreto" y que ahora "beneficiará a la sociedad de (Eduardo) Eurnekián, acelerando la entrega de Aeroparque y Ezeiza para poner a la Justicia ante el hecho consumado". La última semana el ex ministro de Justicia, Barra fue nombrado presidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional Aeroportuario (ORSNA) por impulso de la jefatura de Gabinete y --según denuncia la coalición opositora-- del holding licenciatario, integrado por Corporación América --del grupo de Eduardo Eurnekian--, la estadounidense Ogden y la italiana SEA. La Alianza asegura que Barra habilitará al pedido del consorcio privado de prendar acciones para costear las inversiones, pese a que los pliegos de licitación lo prohíben. Justamente, Castro amplió ayer una denuncia penal contra el secretario de Transporte, Armando Canosa por cometer presuntamente el mismo ilícito. La causa está en manos del juez Carlos Liporacci y la acusación es por defraudación al Estado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La presentación de Castro es avalada por diputados del Frepaso y de la UCR.