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El grupo Yoma estudia adelantarse con su convocatoria de acreedores a la solicitud de quiebra de los bancos estatales

FINAL DE JUEGO

El Yoma Group no pagó el último martes su deuda con los bancos Provincia, Nación y Ciudad, y tampoco expuso un plan de pagos avalado por consultoras internacionales. Ante la posiblidad de un pedido de quiebra por parte de los acreedores, el grupo estudia presentarse en convocatoria de acreedores. Así va cerrándose la historia que el país conoció por primera vez el 23 de noviembre, por una investigación de Página/12.

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Emir Yoma, uno de los directivos de la empresa en decadencia.
Quiere ganar tiempo a la espera de un milagro.

A la derecha, el facsímil de una concesión del Nación al grupo.

Entre las firmas, Contartese, Aldaco y Dadone.


Por Horacio Verbitsky

t.gif (67 bytes) Las empresas de la familia presidencial estudian adelantarse con una presentación en convocatoria de acreedores a la solicitud de quiebra de los bancos estatales. Se acerca de este modo a su culminación una escandalosa historia iniciada el día en que el jefe de la familia asumió la presidencia de la República en 1989 y que con el método de la bola de nieve llegó a acumular un endeudamiento próximo a los 150 millones de dólares, sustraídos del patrimonio público por influencias políticas. La única alternativa sería repatriar una parte de los capitales colocados fuera del territorio nacional, eventualidad que los interesados no consideran.

El martes de esta semana, 48 horas antes de vencer el último plazo fijado por el Comité que integran los bancos de la Nación, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires, el grupo Yoma no pagó lo adeudado ni presentó una propuesta de pago, sino apenas una hipótesis de trabajo, que no cumplía con los requisitos mínimos que los Acreedores habían establecido el 3 de febrero. El Comité de Bancos había rechazado la propuesta económico financiera entregada por los empresarios curtidores en diciembre y les había fijado plazo hasta el 25 de marzo para presentar un convenio con una consultora de primera línea. Pero antes debían poner de modo informal en conocimiento de los acreedores los términos de referencia de ese acuerdo con la consultora. Fuentes del mercado indican que las empresas de la familia presidencial probaron suerte con Andersen Consulting y otras consultoras de similar nivel, que se habrían negado a tomar el caso. En lugar del convenio, el martes 24 lo que presentaron fue una carta lacrimosa que, como de costumbre, atribuía todas las dificultades a intereses políticos y periodísticos y una nota dirigida al Yoma Group por la consultora europea KPMG.

Si bien la consultora no fue objetada, el alcance de la nota no iba más allá de un proyecto de trabajo, tan incompleto que el miércoles 25 debieron agregársele dos puntos adicionales, algo más razonables pero no menos extemporáneos: una hipótesis de trabajo sobre la evaluación del management y el estudio histórico de los precios de compra y venta de mercadería. El plazo para pagar lo adeudado y presentar la propuesta por el resto venció el jueves 26 a las cuatro de la tarde. Más que un estudio de viabilidad o un ofrecimiento de capitalización, se trataba de una mera auditoría. Como consultor macroeconómico no ofreció a ningún especialista en cueros de las short lists del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional o las Naciones Unidas, sino al economista argentino Miguel Angel Broda, a quien Menem había ofrecido el ministerio de Economía luego del alejamiento de Domingo Cavallo en 1996.

El primero de los bancos acreedores que actuó en consecuencia fue el de la Ciudad de Buenos Aires. En su reunión ordinaria de directorio del jueves decidió pasar la carpeta de las empresas de la familia presidencial a la Gerencia de Recupero de Créditos. Su presidente, Horacio Chighizola, comunicó esa decisión a la empresa morosa y a los otros bancos acreedores. Mañana lunes debería estar lista la liquidación de lo adeudado al 2 de abril (unos 4 millones de dólares más IVA), que se comunicará al Yoma Group junto con un plazo de 72 horas. Si el 5 de abril no fueron cancelados, el paso siguiente será iniciar la ejecución de la hipoteca, sobre la planta de Nonogasta.

Mañana, la carpeta de las empresas de la familia presidencial también será enviada al departamento legal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, aquel que resultaría menos afectado por la quiebra de su deudor incobrable. Para el Banco Ciudad, el Yoma Group es su principal deudor privado no financiero, con 19,5 millones de dólares, que equivalen al 10 por ciento del patrimonio del banco y al 5,8 por ciento de la cartera comercial. Previsionar esa deuda es la diferencia entre un balance en azul o en rojo. Para el de la Provincia de Buenos Aires, en cambio, sólo significaría una reducción del 17 por ciento en su cuenta de beneficios, lo cual es más fácil de soportar. Pero allí el directorio presidido por Carlos Sánchez descubrió irregularidades que podrían dar lugar a denuncias penales. Un director las describe así: "El directorio había autorizado a prefinanciar exportaciones del grupo Yoma por un máximo de ocho millones de dólares, es decir el máximo que estaba dispuesto a arriesgar con ese cliente. Lo habitual es que esos créditos se pagan una vez concretada la exportación, momento en el que se renuevan para una nueva operación similar. Pero al producirse los vencimientos, el grupo Yoma no cancelaba el crédito, la gerencia de comercio exterior debitaba la suma de la cuenta corriente y rehabilitaba la prefinanciación hasta el tope de los ocho millones. Pero la cuenta corriente no tenía fondos y la deuda se iba acumulando en descubiertos. Así se llegó hasta 18 millones de dólares".

El gerente responsable de esta operatoria irregular fue sumariado y despedido y se investigan sus relaciones con el cliente privilegiado, aunque es de difícil credibilidad que el directorio y la gerencia general no hubieran estado al tanto, dada la magnitud del crédito y la identidad del deudor. La garantías son de muy diferente calidad: hipotecas sobre las instalaciones industriales, prendas sobre cueros, warrants y meros autógrafos de Emir Fuad Yoma. Los warrants son garantías que un financista otorga sobre mercaderías, que son precintadas para evitar cualquier maniobra. Cuando los cueros se venden, la empresa paga a quien le otorgó el warrant que recién entonces permite que se rompan los precintos. Las dudas en este caso eran tan agudas, que custodios armados se instalaron en los depósitos de Nonogasta para asegurar que la operación comercial no sufriera alteraciones. Cuatro millones de las deudas con el Banco Provincia están respaldadas por warrants, pero otros seis millones no tienen más respaldo que un documento con la firma de Emir Yoma, que resulta de este modo más valiosa que la de Shakespeare.

El Banco Nación es el principal acreedor de las empresas de la familia presidencial y el que más esfuerzos hizo por aceptar las propuestas del deudor, también el más importante de su cartera privada no financiera. El único activo con el que la curtiembre hizo frente a pagos parciales de sus deudas es el subsidio de 21 centavos por cada dólar exportado, que recibe como consecuencia de un decreto de la provincia de La Rioja y de otro del Poder Ejecutivo Nacional, que lleva la firma del cuñado presidente y de su ex ministro de Economía Domingo Cavallo. La legalidad de esos mecanismos ha sido cuestionada ante la Justicia: el decreto riojano fue antedatado para justificar el beneficio, que se creó a medida de las desesperadas urgencias de los Yoma. El directorio presidido por Roque Maccarrone descarga toda la responsabilidad sobre su antecesor, Aldo Dadone y admite a regañadientes que no tendrá más remedio que remitir él también las carpetas de los riojanos a su departamento de legales. Pero nadie sabe mejor que el presidente del Banco Nación que, cuando se intente la ejecución de las garantías, quedará en evidencia su desproporción con los créditos otorgados. Ya en la resolución del anterior directorio del Banco Nación de 1994, que tomó como pago de las deudas el incobrable Título de Mediano Plazo, se analizaba el valor de las garantías en términos que ponen de resalto su insuficiencia. Los inmuebles ofrecidos son la curtiembre de Yoma S.A. en Nonogasta, la planta de Curtidos Riojanos S.A. en el Parque Industrial La Rioja, el establecimiento de La Cordial S.A. en Lanús y la barraca de Cone S.A. en Avellaneda. El Valor de Reposición a Nuevo (es decir lo que costaría construirlos en el momento de la evaluación) ascendía a 33 millones. Pero el Valor Actual, teniendo en cuenta su estado de conservación, antigüedad y obsolescencia se reducía a 16,6 millones. Las maquinarias y equipos prendados a favor del Banco Nación y el Banco Ciudad sumaban otros 5,9 millones de dólares. Es decir un total de 38,9 millones, a los que deben añadirse las prendas sobre cueros. En la documentación del Banco Nación se mencionan las garantías solidarias de los hermanos Emir y Carim Yoma, pero no se cuantifican. Aun esa evaluación es notablemente optimista. La nave espacial construida por las empresas de la familia presidencial en el desierto no tiene precio comercial alguno, ya que la actividad es deficitaria y hasta ahora sólo ha podido mantenerse, vendiendo cada vez más y perdiendo mucho más, sobre la base de subsidios y de créditos que nunca se pagarán.

Esta semana el Frepaso creó un comité de monitoreo de las actividades del grupo Yoma, que integran los diputados nacionales Marcelo Vensentini y Darío Alessandro y el diputado provincial bonarense Oscar Laborde. Entre las primeras actividades de su agenda figuran entrevistas con los presidentes de los bancos y con el administrador federal de ingresos públicos. Durante uno de esos encuentros surgió otro de los puntos oscuros de esta historia, que Página/12 había revelado al país el 23 de noviembre pasado en el artículo "Plata quemada. Toda la sociedad pagará los créditos del deudor Nº 1 del Banco Nación: las empresas de la familia presidencial". Se trata de la empresa "Austal International Limited", de Hong Kong, una distribuidora que revende a Nike, Reebok y Adidas los cueros que las empresas de la familia presidencial exportan al sudeste asiático. Figura en los balances del Yoma Group como un deudor por ventas. Pero no tiene activos y aunque su capital es apenas de un millón y medio, los riojanos les venden cueros por 30 millones sin garantías. El mínimo sentido común indica que en esas condiciones sólo se le da crédito a una empresa propia, cosa que en este caso Yoma niega.

Los legisladores de la oposición se sorprendieron al escuchar de Maccarrone que la solución estaba al alcance de la mano si las empresas de la familia presidencial ingresaban al país el dinero que habían colocado en Austal. "De ese modo podrían pagar la deuda caída y reactivar la empresa. Pero es evidente que no hay voluntad", dijo, en la primera abierta admisión oficial sobre la propiedad de Yoma sobre la distribuidora en Hong Kong.

--La ley prohíbe exportarse a sí mismo y recibir reintegros --objetó un diputado, al advertir la reconocida abierta ilegalidad del esquema.

--Pero Austal después vende los cueros --replicó el banquero.

--Esto que usted dice confirma que Yoma es una fábrica de IVA y no de cuero --concluyó el legislador.

Una nueva mala noticia para las empresas de la familia presidencial se produjo el viernes, cuando a raíz de la impugnación del líder de Nueva Dirigencia, Gustavo Beliz, presentó su renuncia el candidato menemista al directorio del Banco Ciudad, Guillermo Gómez Galizia, uno de los promotores de la fantasía rrreeleccionista. Según el descargo de Gómez Galizia ante la impugnación de Beliz, su interdicción habría sido levantada en junio de 1993. Si esto fuera así, le comprenderían las inhabilidades establecidas para desempeñarse como director del Banco por la ley de entidades financieras, que establece el mismo régimen que la ley de sociedades: diez años desde el levantamiento de la quiebra si ésta fue culpable o fraudulenta y cinco si fue casual o concursal. En ninguno de los casos ese lapso ha transcurrido. Gómez Galizia era el candidato del Polideportivo de Olivos y una de sus tareas era acudir al cada día más improbable rescate de los curtidores. El Frepaso también había dejado entender que le quitaría su apoyo, ante la creciente molestia tanto en su base electoral como en su conducción nacional por la asociación entre el nombramiento de este director menemista en el Banco y el apoyo justicialista a la designación de Norberto La Porta como Defensor de la Ciudad.

Ante el agotamiento de todas sus presiones sobre el comité de bancos y la inminencia de la intimación a pagar la cuota de capital vencida hace ocho meses, las empresas de la familia presidencial están preparando su propio pedido de convocatoria de acreedores. Esto les permitiría ganar varios meses durante los cuales estirar la negociación con los bancos. Igual que el jefe de la familia, esperan un milagro.

 

 

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