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Por Ernesto Tenembaum
El texto fue un intento de contrarrestar las cada vez más numerosas expresiones sobre la falta de fundamento jurídico para un fallo que habilite la re-reelección, que se producen desde dentro y desde fuera del PJ. A las declaraciones que ya habían hecho Carlos Ruckauf y Alberto Pierri, ayer se sumaron el senador Jorge Yoma y el ministro Roque Fernández. Solo el jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez, defendió a la Corte Suprema. Los objetivos del pronunciamiento de ayer eran desautorizar a Duhalde y, al mismo tiempo, dejar saber a los miembros adictos de la Corte que el partido gobernante está dispuesto a respaldar que legitime un tercer mandato. Los tres firmantes del comunicado son el vicepresidente segundo del PJ Rubén Marín, su apoderado César Arias y su secretario general Eduardo Bauzá. De los tres, sólo Marín tiene poder territorial, en una de las provincias con menos votantes del país. Los tres tienen cargos inferiores al de Duhalde en la conducción del PJ. Sin embargo, pueden emitir un comunicado porque el Consejo Nacional del PJ responde a la Casa Rosada y, como se ve, la política dirigida desde allí ha comenzado a ser particularmente cruel contra Duhalde, a quien tratan como siempre los partidos políticos tratan a los disidentes. Duhalde tiene más poder en el Congreso Nacional del PJ, donde el peronismo bonaerense puede manejar un sector importante, suponiendo que Menem no lograra quebrarlo. La declaración es una encendida defensa de la independencia de poderes. "Una de las maneras más manifiestas de atentar contra la independencia del Poder Judicial que en nuestra Constitución está expresamente garantizado, es el de atacarlo con prepotencia, con agresión verbal; injuriar y calumniar a sus miembros y al presente, la amenaza directa en el sentido de que si no resuelve determinadas y conveniencias de ciertos sectores sociales o políticos se desconocerá su autoridad y se someterá a quienes así actúen a la destitución mediante el mecanismo de juicio político. Todo ello en nombre de la Democracia y la moral política, que es utilizada como prenda incorporada al patrimonio exclusivo de los agresores de que se trata". El viernes pasado, Duhalde había dicho que estaría dispuesto a impulsar un juicio político a la Corte si el alto tribunal se atrevía a habilitar la re-reelección. "Sería volver a lo peor de nuestro pasado, a los quiebres institucionales", dijo. También sostuvo que "la inseguridad jurídica es un área en la que estamos en deuda". Y defendió a Raúl Alfonsín, mientras el gobierno nacional lo criticaba por haber convocado a la resistencia civil. El texto del PJ advierte también contra "la absurda invocación al golpismo jurídico", una obvia referencia a las anteriores afirmaciones de Duhalde. La firma de Bauzá al pie del documento da cuenta de la cada vez más categórica posición del ex duhaldista junto a Menem. Bauzá había sido el primer miembro del gobierno nacional en proclamar la candidatura natural de Duhalde a la presidencia de la Nación. De los hombres de Menem era el que más tiempo dedicó a justificar lo que él llamaba "nuestra alianza estratégica con el gobernador". En su momento, el entonces ministro de Defensa Oscar Camilión quedó fascinado luego de una larga conversación con Bauzá, quien --ante un encontronazo entre Menem y Duhalde-- le explicó la solidez de la relación. Bauzá ya no está convencido de ello. Podrá hacer gestos hacia Duhalde en el futuro, seguir siendo una de las vías de negociación, pero está claro dónde se para en la guerra desatada dentro del PJ. En consonancia con el comunicado, el jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez, defendió a la Corte Suprema de Justicia. "El dicho de la Corte adicta que pregonan muchos no es cierto. Esta institución trabaja con seriedad y emite sus fallos con total independencia", dijo Rodríguez. "Si cualquier persona, incluso expertos constitucionales, hace un análisis jurídico de los fallos de la Corte va a observar que la mitad de ellos han sido contrarios a los requerimientos del Poder Ejecutivo, Hay cuatro votos en esa Corte que siempre van a decir que no, pero yo no los juzgo porque también respeto ese análisis jurídico. Los otros cinco votos fallaron 50 por ciento en contra y 50 por ciento a favor en distintos dictámenes".
PRESSING SOBRE LA CORTE SUPREMA
Becerra espera su ratificación parlamentaria en el cargo para pronunciarse sobre el recurso de Almonacid, que le fue girado por la Corte Suprema en un intento por ganar tiempo hasta decidir cómo sale del brete: la mayoría adicta a la Casa Rosada se deshace por estos días buscando argumentos jurídicos que le permitan convalidar la jugada reeleccionista. En esta historia, el Procurador quedó "en medio de una trampa maldita", según definen sus colaboradores. Aunque no lo confiesen, tanto el Justicialismo como la Alianza intentan utilizar su pliego como un elemento de presión. El oficialismo sabe que Becerra no está dispuesto a emitir un dictamen contundente en favor de la reelección. La Alianza también lo sabe, pero teme que si le da acuerdo a su pliego, el Procurador termine modificando su postura. En este marco, los senadores de una y otra bancada discutían anoche qué hacer con este tema: si tratar o no su pliego en la sesión de la Cámara de hoy. Mientras tanto, Almonacid no pierde tiempo: con la certeza de que el voto de Belluscio jamás será favorable a la reelección presidencial, el dirigente justicialista aprovechó unas declaraciones que el juez formuló al diario La Voz del Interior de Córdoba en contra de un tercer mandato de Menem para recusarlo por "prejuzgamiento". Así como Almonacid utilizó este recurso, también desde la oposición se evalúa la posibilidad de recusar a algunos de los miembros de la Corte, amigos del Presidente, como Julio Nazareno, ex socio del estudio jurídico de los hermanos Menem.
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La conducción del
Partido Justicialista cuestionó ayer por primera vez a su vicepresidente primero, Eduardo
Duhalde, en un comunicado para cuya elaboración Duhalde no fue consultado. La
declaración fue firmada por tres hombres con menos poder que el gobernador y critica a
quienes "presionan a la Corte Suprema" particularmente a través de "la
amenaza directa en el sentido de que si no resuelve determinadas cuestiones sometidas a su
conocimiento, se desconocerá su autoridad y se someterá a quienes así actúen a la
destitución mediante el mecanismo de juicio político".