UNA JUSTICIA DEMASIADO LENTA
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Por Eduardo Videla Once años después de la llamada masacre de Ingeniero Budge, la Justicia libró la orden de detención contra los tres policías involucrados en ese episodio, quienes habían sido condenados a 11 años de prisión, como autores de triple homicidio, pero estaban excarcelados. Si son capturados, comenzarán al fin a cumplir su sentencia, después de que la Suprema Corte bonaerense rechazara todos los recursos que habían presentado sus defensores. La medida fue adoptada el jueves último por la Sala II de la Cámara Penal de Lomas de Zamora, pero recién ayer fue transmitida a la policía. El suboficial principal Juan Ramón Balmaceda y los cabos Isidro Rito Romero y Jorge Alberto Miño fueron condenados en dos ocasiones como autores del crimen de tres jóvenes indefensos, en una esquina de Ingeniero Budge, pero hasta ayer sólo habían estado en prisión apenas unos días. El primer juicio fue anulado, y en el segundo, en 1994, los tres fueron condenados a once años de prisión. Pero, como sus abogados apelaron el fallo, siguió vigente la excarcelación que se les había otorgado en primera instancia. La Suprema Corte bonaerense rechazó el 2 de diciembre el recurso extraordinario que habían presentado los defensores de los policías. La última instancia que les quedaba, entonces, era acudir en queja a la Corte Suprema de la Nación, trámite que efectuaron el 20 de diciembre. Pero como el máximo tribunal no le dio curso, el expediente volvió a la Cámara de Lomas de Zamora, que consideró agotados todos los recursos y dispuso la detención de los reos. Los tres policías fueron condenados por el crimen de Agustín Olivera, Oscar Aredes y Roberto Argañaraz, tres jóvenes que fueron acribillados en la esquina de Guaminí y Figueredo, en un suburbio de Lomas de Zamora, el 8 de mayo de 1987. La policía hizo pasar el hecho como el resultado de un enfrentamiento: para eso, arrojaron armas cerca de los cadáveres. Pero la valentía de los testigos y la movilización de los vecinos desbarataron el intento, pese a las presiones de la cúpula policial y del poder político de entonces. El Caso Budge puso al descubierto un procedimiento habitual de la Maldita Policía: las ejecuciones de sospechosos que luego se hacían pasar como enfrentamientos. La masacre de Budge se convirtió así en el primer caso conocido de gatillo fácil. A partir de entonces, tuvieron que ocurrir varias muertes inútiles --entre ellas, la de un periodista-- para que el poder político decidiera terminar con la actividad delictiva dentro de la fuerza de seguridad. Los tres policías recién fueron exonerados en mayo de 1997, como conclusión del sumario administrativo más lento de la historia de la fuerza, ya que duró diez años. "Esta decisión judicial es muy oportuna, en momentos en que se está llevando una reestructuración policial que es imprescindible profundizar, para que no vuelva a reagruparse el sistema policial perverso", opinó el abogado Ciro Annicchiarico, uno de los patrocinantes de los familiares de las víctimas. Para el letrado, la lentitud del proceso demostró que "tenemos una justicia deficiente y complaciente con la corrupción policial". El otro abogado, León Zimmerman, coincidió con que "once años son demasiado para resolver un caso", pero destacó que "esto demuestra que es posible pelear contra el poder político y el poder policial para conseguir un castigo". Alejandro Casal, uno de los abogados de los policías, adelantó que
apelará la decisión judicial. Hasta hace una semana, Miño vivía en su casa de Monte
Grande, Romero en Lomas de Zamora y Balmaceda en Florencio Varela. Hasta anoche, la
policía no los había encontrado. |