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Por Horacio Verbitsky
La intervención en la audiencia pública del candidato oficial, Norberto La Porta, fue un galimatías: comenzó exponiendo su oposición a la obediencia debida, luego dijo que su apoyo al ex dictador Jorge Videla como subdirector del diario "La Vanguardia" no había obedecido a sus convicciones sino a la disciplina partidaria, y terminó prometiendo que sería independiente del gobierno al que le debería su designación como Defensor. Si alguien se hubiera propuesto una demostración socrática acerca de la inconveniencia de confiar tal cargo a un hombre de partido no lo hubiera hecho mejor que La Porta: en campaña, promesas; en funciones, complacencia; después del mandato, mea culpas. La nómina de adhesiones que difundió su oficina de prensa incluyó a las asociaciones de propietarios de taxis a las que el Defensor deberá controlar. Es improbable que alcance a los necesarios dos tercios para ser confirmado. Dentro de la lógica del toma y daca, el Justicialismo le retiró el apoyo ya comprometido a cambio de la designación de uno de los adalides de la rrreelección en el directorio del Banco Ciudad, cuando el empresario menemista Guillermo Gómez Galizia debió renunciar a su candidatura, para la cual estaba legalmente inhabilitado. Por su parte la reticencia del Frepaso a votar para adjunto al nosiglista Roberto Maratea, que como concejal aprobó la construcción de la Escuela Shopping y buena parte de las excepciones al Código de edificación urbana, también puso en duda el apoyo radical a La Porta. A última hora de ayer, la Alianza trataba de sumar a su esquema a Nueva Dirigencia, con el ofrecimiento de un adjunto para el partido de Gustavo Beliz y dos para las organizaciones sociales, meros partiquinos que servirían para blanquear la transa ajena. Si La Porta resulta electo en estas condiciones, el estigma marcará no sólo al gobierno de la Ciudad, sino al conjunto de la oposición que se propone como alternativa al menemismo. Si Nueva Dirigencia es coherente con la precisa intervención de su legislador Jorge Srur en la audiencia pública y rehusa plegarse al negocio político que le proponen, habrá llegado el momento de un borrón y cuenta nueva que reoriente el proceso de designación y consulte la voluntad de las organizaciones sociales, cuyo candidato fue proscripto por el sistema político. La prórroga por treinta días del mandato del actual Defensor, Antonio Cartañá permitiría eludir el riesgo de terminar eligiendo a cualquiera por descarte y urgencia. Es imposible aislar este proceso del cuadro general del país. Reabrirlo con un ánimo más generoso y una visión política más amplia sería un gesto de sabiduría.
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La Legislatura debe elegir hoy al Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. El que
debió haber sido un proceso participativo que mostrara una forma distinta de gestión de
los asuntos públicos ha reeditado hasta ahora los peores vicios de la política,
concebida como una lógica de reparto de posiciones entre partidos políticos, a espaldas
de las propuestas de las organizaciones sociales.