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 El Senado votó
anoche en general el proyecto con media sanción de Diputados que extiende a los productos
informáticos los derechos de propiedad intelectual. De este modo el Congreso satisfizo
una fuerte aspiración expresada a coro por las empresas productoras de softwares,
básicamente norteamericanas, que aseguran perder 180 millones de dólares anuales en
Argentina por no poder cobrar royalties sobre sus programas. Los legisladores
también contentaron a la Cancillería, que espera con ansias poder exhibir aquella
reforma ante los Estados Unidos, y diluir, así, la posibilidad de nuevas sanciones
comerciales. Sobre los legisladores no faltó la presión del Gobierno ni la de las propias empresas interesadas, representadas por Software Legal, al punto que miembros de esta entidad siguieron la sesión de ayer desde el propio recinto. Después de varias idas y vueltas, los senadores se avinieron a aprobar una reforma de la vieja Ley de Propiedad Intelectual 11.723 de modo tal que los derechos de autor también abarquen a los programas. Pero las diferencias de criterios entre los propios justicialistas sobre el alcance de ese beneficio (ver aparte) postergó la discusión en particular. Esta, en virtud de un recurso extraordinario, será dada en la Comisión de Legislación General. Software Legal, subsidiaria de la norteamericana Business Software Alliance, asegura que al menos el 71 por ciento de los programas que se comercializan en Argentina son ilegales y, por consiguiente, firmas como Microsoft, Autodesk, Lotus (de IBM), Adobe y Novel no cobran un solo peso de los 180 millones anuales que les corresponderían por patentes. Esta cuestión pasó a formar parte de la agenda bilateral de Argentina y Estados Unidos, que ya aplicó sanciones comerciales con el argumento de que la Ley de Patentes no ampara debidamente los derechos de sus laboratorios. Aquel temario también incluye la presunta pérdida que sufren las firmas propietarias de marcas textiles (básicamente de jeans) y grabadoras debido a las falsificaciones, muy comunes en el mercado latinoamericano. Como broche, el Gobierno está a punto de promulgar un decreto reglamentario de la Ley de Confidencialidad --complementaria a la de Patentes-- que tampoco satisface las aspiraciones estadounidenses. En realidad, el Ejecutivo intentó reconocer derechos sobre los softwares en 1994, cuando promulgó el decreto 164. Pero la opinión judicial de que aquella protección sólo puede establecerse a través de una ley, lo obligó a redactar el proyecto que ayer el Senado convalidó en general. Esta reforma a la Ley de Propiedad Intelectual podría tener el apoyo de la DGI, que pasaría a controlar el cumplimiento de las normas referidas a la propiedad intelectual. Con el inminente amparo legal a los programas de computación (cuyas licencias cuestan desde escasos 30 dólares a 1,5 millón), cambiarán algunas otras cosas. La Corte Suprema, por ejemplo, ya no podrá repetir fallos como el que recientemente eximió a Benito Roggio de todo cargo por haber plagiado un programa de Autodesk. El tribunal interpretó que la constructora no había incurrido en delito alguno, ya que ninguna ley reconocía expresamente derechos sobre los softwares. SIN DERECHOS
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