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CONMOCIÓN EN LA JUSTICIA: UN
BANQUERO PROCESADO PRESTÓ 20.000 DÓLARES AL FISCAL QUE LO INVESTIGABA, CON EL AVAL DE UN
ASESOR QUE PERSEGUIDOR Y PERSEGUIDO COMPARTÍAN
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Por Horacio Verbitsky
NYC Esta no es la primera denuncia sensacional que formula Cataldi, quien ya antes había conseguido el apartamiento de Bonadío. El fiscal Alvarez Berlanda, de 41 años, fue designado por el gobierno del presidente Carlos Menem, pero tiene veinte años de antigüedad en la Justicia, durante los cuales no fue objeto de ninguna denuncia ni sanción. Es considerado un NYC de la Justicia (Nacido y Criado en Tribunales), sin padrinos políticos. Su abuelo fue intendente del palacio de Justicia, su padre trabajó en una fiscalía y su madre fue funcionaria de la secretaría electoral. Ingresó en la Justicia como auxiliar el 11 de marzo de 1976 e hizo toda su carrera en el fuero federal. En esas dos décadas se amoldó a cambiantes circunstancias políticas: trabajó junto a jueces paradigmáticos de la dictadura militar como José Nicasio Dibur y a fiscales tan distintos como Luis Moreno Ocampo, que acusó a los ex Comandantes, y Norberto Oyarbide, de inmejorable relación con la Policía Federal. Ninguno de ellos consideró que hubiera motivos para imponerle sanción alguna y su comportamiento fue recomendado por el ex juez Rafael Sarmiento. Como culminación de esa carrera, Alvarez Berlanda fue designado fiscal adjunto en 1992, cuando el ministro de Justicia era Carlos Arslanian. "No recuerdo quien lo postuló, pero era un práctico de Tribunales. En esos casos se piden antecedentes en su lugar de trabajo para saber qué tal es. Si no se conocen malas acciones se lo designa. Es probable que haya intervenido la Procuración General, porque los adjuntos eran para la Corte Suprema, pero no podría asegurarlo", dijo el ex ministro. La semana pasada el nombre de Alvarez Berlanda salió a la luz pública, cuando dictaminó que debía citarse a declarar en la causa por el asesinato del ex jefe del Ejército chileno Carlos Prats González al ex dictador y ahora senador vitalicio Augusto Pinochet Ugarte. En la causa por la fuga del ex concejal José Pico, Alvarez Berlanda solicitó que se investigara el posible encubrimiento oficial y se indagara a Raúl Guglielminetti. Pero dictaminó que no había motivos para investigar al ministro del Interior Carlos Corach o al Secretario de Inteligencia del Estado Hugo Anzorreguy. Jueces y funcionarios del fuero federal opinan que el fiscal fue objeto de una trampa, pero no la describen en forma coherente. Más elocuentes son a la hora de explicar el rol del Fiscal Romero y su amigo Bragagnolo, un ex dirigente de la Guardia de Hierro peronista, la organización ultraderechista que durante la dictadura militar actuó bajo el paraguas de la Marina de Guerra. Roque y Pedro La causa del BID se inició en 1996. En setiembre, Bonadío ordenó la detención de Cataldi y de otros funcionarios y directivos del banco y de empresas vinculadas. En Rosario se allanaron los presuntos domicilios de empresas beneficiadas con créditos del BID sin respaldo por una suma que oscila entre los 46 y los 68 millones de dólares. Uno correspondía a la hermana de Cataldi, otro era una plaza pública. Días antes de suspender al BID el Banco Central le había otorgado un importante redescuento. Descuidos similares ocurrieron antes de la caída de los bancos Comercial de la Plata y Patricios, por lo cual fueron cuestionados los mecanismos de control del Banco Central. Su presidente en el momento de la liquidación del BID era el ahora ministro de economía Roque Fernández, a quien acompañaba como vice el actual titular de la autoridad monetaria, Pedro Pou, y como Superintendente de Entidades Financieras, Eugenio Pendás. La estategia de Cataldi, de su abogado (Ricardo Klass, que también lo era del presidente Carlos Menem) y de su asesor Bragagnolo procuraba un rápido juicio de responsabilidad en contra del Banco Central, por haber obligado al BID a absorber a los bancos Aciso y De la Ribera y con ellos una pesada carga que, según ellos, terminó por hundirlo. Es la misma línea de defensa que están usando los hijos del ex embajador en El Vaticano Francisco Trusso en el caso del banco de La Plata. "Con depósitos de ahorristas por unos 300 millones de dólares, eso hubiera producido honorarios de abogados por 30 millones", dice un funcionario judicial que conoce a fondo el expediente del BID y que solicita reserva de su identidad. Pero Bonadío y los fiscales avanzaron primero sobre la tipificación de los delitos cometidos por los banqueros y las compañías vinculadas, lo cual aliviaba la responsabilidad del Banco Central. El abogado de algunas de las compañías vinculadas al BID es el ex juez Norberto Angel Giletta, en cuyo juzgado trabajó Alvarez Berlanda durante la dictadura militar, y muy próximo a Romero Victorica. Procesado por estafa, asociación ilícita y administración fraudulenta, en junio de 1997, Cataldi solicitó ampliar su declaración indagatoria, ahora asistido por Norma Graciela López, esposa de Klass, quien había sido designado secretario de Justicia. El banquero declaró que Bonadío se reunió varias veces a solas con él, la última en el Hospital Penna, donde había sido internado. Allí lo habría instado a aportar datos para incriminar a directivos del Banco Central a cambio de mejorar su situación procesal. Bonadío atribuyó la visita a su sensibilidad por la salud de un detenido que había sido operado del corazón, pasaba por una crisis emocional y amenazaba con suicidarse. De inmediato el presidente del Banco Central recusó a Bonadío y en noviembre pasado los camaristas Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani lo separaron de la causa, que en noviembre de 1997 pasó al juez federal Rodolfo Canicoba Corral. La denuncia Al mes siguiente, el 12 de diciembre de 1997, Cataldi presentó al juzgado de Canicoba Corral una solicitud de nulidad de todo lo actuado a partir del requerimiento fiscal con que se inició la causa. Narró que cuando el BID ya había sido liquidado por el Banco Central pero Cataldi aún no había perdido su libertad, su asesor en refinanciación de pasivos Marcelo Martín Bragagnolo le dijo que se necesitaban 20.900 pesos para prestarlos al fiscal de la causa, Alvarez Berlanda, quien debía levantar un embargo sobre su casa para impedir su ejecución. Como prueba le entregó una copia del título de propiedad del departamento del fiscal, en la calle Armenia 2159/61, con la inscripción del embargo. Los dos ya estaban imputados en la causa y Bragagnolo le "insistió sobre las consecuencias que podrían derivar de una mala predisposición del fiscal". Cuando Cataldi entregó dos cheques por la suma pedida, el 24 de julio de 1996, recibió a cambio un pagaré firmado por Alvarez Berlanda y avalado por Bragagnolo. El fiscal recibió el dinero y firmó el pagaré en el bar de Cerrito al 500, al lado del edificio de su fiscalía. Con los intereses calculados, del 0,988% durante dos meses, la deuda llegó a 21.313 pesos. El pagaré quedó depositado en el estudio de Giletta. En setiembre de ese año la fiscalía formuló un requerimiento que condujo al cambio de carátula de la causa y la detención de Cataldi, que hasta ese momento estaba eximido de prisión. En ese requerimiento no figuraba Bragagnolo. Sin embargo, Bonadío igual lo indagó y lo procesó, previa notificación al fiscal. Por la falta de ese requerimiento fiscal el procesamiento de Bragagnolo fue revocado por la Cámara, y Canicoba Corral debe volver a indagarlo. Pero como Giletta también recusó a Canicoba, por amistad con Bonadío, la causa, de 40 cuerpos, duerme a la espera de un pronunciamiento sobre quien debe seguirla. Quince días después del procesamiento de Bragagnolo, Alvarez Berlanda se inhibió de seguir interviniendo en la causa. Sólo alegó que en julio de 1996, Bragagnolo avaló su desdichado pagaré. "¿Por qué presentar el planteo inhibitorio fuera del horario judicial cuando ya habían transcurrido casi tres meses del hecho esgrimido como causal? ¿Por qué el fiscal se inhibe casualmente el día en que Cataldi es trasladado ante el juez para ampliar su declaración?", pregunta la abogada del banquero. Es improbable que su incidente de nulidad prospere, ya que el requerimiento objetado también lleva la firma del fiscal titular Di Lello, y en un caso famoso la Cámara mantuvo la validez de todos aquellos dictámenes del fiscal sin título Jorge Damonte que también hubieran sido suscriptos por su adjunto. El padrino Hace dos semanas, el 20 de marzo, Alvarez Berlanda presentó su descargo ante la Procuración General. Allí dijo que Bragagnolo le fue presentado, a él y al fiscal titular Jorge Di Lello, por Juan Romero Victorica "para que nos asesorara sobre dificultosas cuestiones bancarias propias de la causa que nos tenía como fiscales. Pues bien, con el señor Bragagnolo tuvimos algunas reuniones en el despacho del referido fiscal de Casación". Luego volvió a verlo en el pasillo de la Fiscalía, donde "me dijo que iba a asesorar al [fiscal Carlos] Rívolo en otra causa". Días después de aquel encuentro, Alvarez Berlanda pidió ayuda a Bragagnolo porque enfrentaba un juicio ejecutivo por descubiertos en cuenta corriente. El amigo de Romero Victorica le ofreció el préstamo y el pagaré que le hizo firmar tenía "el nombre del beneficiario en blanco". Luego apareció Cataldi como beneficiario. El fiscal añade que la causa penal se inició "por una denuncia que llega por vía postal al doctor Romero Victorica, quien desde el comienzo estuvo permanentemente pendiente de los hechos que iban sucediéndose e impulsando a través de ideas, sugerencias e instrucciones verbales la investigación - llegando incluso a ser invitado al programa de televisión 'Tiempo Nuevo' por esta causa y al cual, por su indicación, también fuimos invitados el doctor Di Lello y yo. La presentación del señor Bragagnolo fue otra forma de participación ya que nos lo presentó como una persona muy conocedora de temas bancarios y de suma confianza. Por ese entonces firmamos el requerimiento de instrucción y realizamos diversos allanamientos". Añade que cuando Di Lello le comentó que Bonadío también estaba investigando a Bragagnolo, decidió apartarse del caso, cosa que concretó "a los pocos días" del procesamiento de su avalista. En cambio Di Lello, que también había recibido asesoramiento de Bragagnolo en el despacho de Romero Victorica pero que no había recibido préstamos ni firmado pagarés, no encontró motivos para excusarse. Lo que sí estuvo a punto de hacer fue romperle la crisma a su superior, luego de que en un allanamiento se secuestrara un memo de Bragagnolo asesorando a Cataldi con comparaciones entre Cayman y Panamá como paraísos para inversores en busca de discreción. Las veracidad de Alvarez Berlanda fue cuestionada por la abogada de Cataldi en el incidente de nulidad. Para ello cotejó las afirmaciones del fiscal en el incidente de inhibición y en el expediente comercial del juicio ejecutivo del pagaré, en el juzgado Nº 25, secretarìa 49. En el primero, el fiscal admitió haber firmado el pagaré, avalado por Bragagnolo. Pero en el juicio ejecutivo sostuvo que "ignoré desde un principio el aval supuestamente prestado por Bragagnolo" y negó que "la firma del librador me pertenezca". Según la defensa de Cataldi "las sospechas de parcialidad generadas a partir de omisiones que favorecen a su amigo, el aprovecharse de su condición funcional para requerir dinero -aun a título de préstamo- a quienes se encuentran sometidos al proceso con riesgo de perder su libertad, denotan una conducta sospechable de parcialidad por parte del titular de la acción penal. El requerimiento, cuya nulidad se propicia, agravó sin explicación fundada la situación de los imputados y especialmente la de mi defendido". Cataldi está preso porque la fiscalía tipificó su acción como la del jefe de una asociación ilícita. "La coetaneidad de los hechos reseñados y del requerimiento fiscal permiten sostener que éste se ha originando mediando intereses tan ajenos al control de legalidad como al resto de la tarea regular inherente al Ministerio Público." Su interpretación es que la ampliación de los cargos, de estafa a asociación ilícita perseguía el objetivo de "postergar la devolución de un préstamo o evitar el esclarecimiento de cuestiones que indefectiblemente deben ser sospechadas como ilícitas". El escrito también intenta explicar por qué Cataldi dejó pasar más de un año antes de denunciar los hechos. Afirma que no hizo público antes "este vergonzoso episodio" porque confiaba en "una eventual rectificación" (sic). También alude al episodio con Bonadío y a los quebrantos físicos y psíquicos de Cataldi. Estimulado por el apartamiento de aquel juez, se resolvió a revelar lo sucedido, añade la defensora. El Código Procesal "inhabilita a los miembros del Ministerio Público que hubieren recibido presentes o dádivas, aunque sean de poco valor. Detrás del 'préstamo' solicitado y recibido por el doctor Alvarez Berlanda se encubre un gravísimo episodio que afecta la idoneidad subjetiva del fiscal actuante y torna sospechosa de parcialidad su actuación". No puede tenerse por válido un requerimiento fiscal si es expresión "de una gravísima inconducta cometida por el fiscal y lo que es aún más grave, en su propio beneficio y en desmedro del justiciable". El requerimiento "no es el resultado de un análisis reflexivo y libre del fiscal Alvarez Berlanda, sino que ha sido proyectado sobre la base de influjos perturbadores y hasta podría decirse que teñidos de ilicitud". Entre las pruebas solicitadas por la defensa del banquero están los comprobantes de los depósitos de Cataldi del dinero destinado al préstamo, copias de los cheques librados, certificado de dominio de la casa del fiscal, un detalle de los embargos escrito de puño y letra por Bragagnolo, certificado de dominio de la casa del fiscal donde se muestra el levantamiento de los embargos luego de recibir el préstamo y las escuchas telefónicas de los teléfonos de Bragagnolo entre el 21 y el 26 de julio de 1996, ordenadas por Bonadío. En esta historia de grandes y pequeños pícaros hay dos incógnitas que este diario aún no pudo esclarecer: 1. Si Bragagnolo era un amigo de Romero Victorica, y alguien le sugirió a Cataldi que le convenía contratarlo porque podía facilitarle las cosas con los fiscales, o si su relación con el banquero es previa a la intervención de Romero. 2. Por qué premonición Bonadío ordenó intervenir los teléfonos de Bragagnolo, justo tres días antes de que se concretara el préstamo del amigo de Romero Victorica y asesor de Cataldi al fiscal que investigaba la causa. Más que un artículo periodístico haría falta una novela policial. Por supuesto, continuará.
EL DESCARGO DEL FISCAL
P- ¿Por qué se inhibió de seguir actuando en la causa del BID? Quien sí la baraja es el flamante Procurador General, Nicolás Becerra, el primer jefe del Ministerio Público creado por la Constitución de Olivos como órgano independiente, encargado de promover la acción de la Justicia, en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.
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El ex
presidente del liquidado Banco de Intercambio Departamental de Venado Tuerto (BID),
Roberto Cataldi, denunció que el fiscal de la causa en la que está detenido, Jorge
Alvarez Berlanda, le solicitó un préstamo de 20.000 dólares a través de un
intermediario, Marcelo Bragagnolo. El intermediario trabajaba para el banquero Cataldi,
pero el fiscal de la Cámara de Casación, Juan Romero Victorica, se lo presentó a
Alvarez Berlanda como un amigo y se lo recomendó como asesor en la propia causa del BID.
En su descargo, Alvarez Berlanda dijo que ignoraba la relación entre el intermediario y
el banquero. La causa la había iniciado el propio Romero por una denuncia que recibió
por correo, pero siguió actuando aun después de que la investigación fuera asignada por
sorteo al juez Claudio Bonadío y los fiscales Alvarez Berlanda y Jorge Di Lello. Esta
sorprendente intervención de Romero en un expediente ajeno a su tribunal pero de
cuantioso interés económico es objeto de análisis en la Procuración General, donde se
instruye un sumario para evaluar la conducta de Alvarez Berlanda, a quien sus colegas
tienen a considerar como un ingenuo que se vio envuelto en un juego que excedía su
comprensión. Durante meses, Bragagnolo asesoró simultáneamente al fiscal y al banquero
investigado. Según funcionarios judiciales que conocen a fondo el expediente, el punto de
coincidencia era la búsqueda de una decisión que culpara al Banco Central por la
hecatombe del BID. Esto hubiera obligado al Tesoro a responder por todos los malos
negocios del BID y hubiera generado honorarios de abogados por una suma que los expertos
estiman en unos 30 millones de dólares. A raíz de las presiones recibidas, el otro
fiscal de la causa, Jorge Di Lello, sostuvo varios incidentes con Romero Victorica. La
confrontación estuvo cerca de terminar a los golpes, pero nada quedó registrado en el
expediente. El sumario de la Procuración podría esclarecer estos detalles, cuando sean
citados a declarar Romero, Di Lello y Bonadío.
El
fiscal Alvarez Berlanda suministró a este diario su versión de los hechos. Dijo que
respetaba la labor de la prensa y pedía ser tratado en forma objetiva: