FUE CONTRATADO POR LA CORTE PESE A SUS ANTECEDENTES CON LA MUNICIPALIDAD

UN PROVEEDOR CON MUCHA HISTORIA

Por Susana Viau

Eloy Gómez Gutiérrez, uno de los directivos de la empresa española a la que la Suprema Corte compró los equipos que informatizaron el fuero civil, ya había vendido centenares de computadoras fuera de uso a la Municipalidad de Buenos Aires. Igual que en aquella oportunidad, las compras del Supremo son denunciadas como obsoletas y sobrevaluadas. A ello se agrega una diferencia de un millón de dólares entre lo que Gómez dice haber cobrado y lo que el tribunal declara como precio final, un cortocircuito que el tribunal atribuye a la incidencia del IVA. Fue el miembro de la Corte Guillermo López quien supervisó la operación, frenada por las denuncias de Página/12 hasta diciembre de 1996 cuando, antes de la feria judicial, volvió a desempolvarse el proyecto. A la licitación internacional llamada por la Corte acudieron tres empresas: IBM, Unisys y Sercobe, una cámara que integra la productora de software "Transtools" (con Gómez Gutiérrez a la cabeza) y cuyo presidente, el también español José Luis Ortega Blanco, es socio del embajador argentino en Madrid, Carlos Amar. La vinculación con Ortega Blanco, protagonista de un escandaloso negocio en la provincia de Córdoba, casi impidió que el Senado diera luz verde a los pliegos de Amar. Los créditos "FAD" y el material informático fueron aprobados personalmente por Karim Yoma.

La Corte señaló que la operación fue financiada con créditos españoles y se llevó a cabo mediante una licitación pública internacional de "amplia difusión (...) además de la comunicaciones internacionales a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto". Pero es un hecho que las licitaciones internacionales financiadas con créditos "FAD" --Fondo de Ayuda al Desarrollo-- encubren "créditos atados" de los que las empresas españolas resultan beneficiarias de punta a punta.

La Corte aclaró, asimismo, que el material adquirido "es Pentium y Pentium Pro, marca Olivetti y las impresoras de chorro de tinta marca Hewlett Packard". No da más detalles. Sin embargo, el ingeniero Ariel Garbarz, titular de la cátedra de Informática de la UBA, sostiene que "las configuraciones de las PC adquiridas son las más lentas y las de menor capacidad de memoria del mercado" (ver aparte). Agrega Garbarz que cuando en octubre de 1977 los juzgados civiles comenzaron a recibir las computadoras "el cerebro de estas PC ya no se fabricaba más y los bancos de memoria más chicos de las placas madre eran de 16 Mbytes y no de 8 como la Corte logró conseguir". Respecto del costo de la informatización del fuero civil, Garbarz hace una cuenta diferente a la acabaron firmando los miembros de la Corte. En sus cálculos, "el techo de cotización posible a valor de mercado --dice Garbarz--sería aproximadamente de 3.486.435 con IVA incluido". O sea 3 millones de dólares menos que los que admite haber percibido Gómez Gutiérrez y 4 menos que los que la más alta instancia de justicia puso sobre la mesa, IVA incluido.

El carácter de rezago de las compras informáticas, en todo caso, no es una novedad. En 1994, Página/12 informó que el ex intendente Carlos Grosso había legado a los hospitales municipales 400 computadoras modelo 286 que sus sucesores no sabían si tomar como regalo español o presente griego. Los equipos fueron almacenados en los galpones de la comuna porque a esas alturas la generación de las PC en uso ya era la 486. Una prueba piloto realizada en el Hospital Fernández terminó en un aquelarre: cayó el sistema y no hubo modo de acceder a las historias clínicas de los pacientes. El contrato entre la municipalidad y Eloy Gómez, que en aquel tiempo funcionaba como APD (Algoritmos, Procesos y Diseños), en tanto Transtools era la proveedora del software, se había firmado por un monto de 5 millones y medio de dólares. No fue Garbarz quien en 1995 levantó sospechas sobre el negocio sino Siglo XXI, una consultora convocada por el propio intendente Jorge Domínguez. En su informe preliminar, Siglo XXI, insospechada de antioficialismo, calificó el material provisto por Eloy Gómez Gutiérrez como "de poca confiabilidad" y estableció que "su precio en marcas líderes no puede superar los 980.000 dólares". La denuncia de este diario obligó a fondear el proyecto de informatización del fuero civil hasta 1996, cuando fue reflotado y colocado bajo la dirección de Guillermo López. Dos auténticas sorpresas puesto que nunca antes López se había ocupado de esos menesteres y además porque ya eran vox populi la vetustez de los materiales, lo excesivo de su precio y la discontinuidad que introducían con los sistemas que se venían utilizando en algunos juzgados del fuero civil.

Gómez Gutiérrez se amparaba bajo el paraguas de FOCOEX (Fondo de Comercio Exterior), organismo español que vehiculizaba los créditos "blandos" del Tratado de Amistad Hispano Argentino, y ampliaba los horizontes de un puñado de empresas vinculadas al PSOE. El empresario fue y sigue siendo un visitante habitual de Buenos Aires, orgulloso de los buenos contactos que mantiene a uno y otro lado del océano, multiplicados gracias a la amistad que mantenía con Patricia Bullrich. Con su oferta de computadoras 286 Gómez recorrió las reparticiones públicas. Sólo la municipalidad y el Ministerio de Justicia escucharon sus sugerencias. Los acuerdos pasaron por la Cancillería y exigieron una inspección "in situ" del material a adquirir. De ambas cosas se encargó Karim Yoma, quien viajó solo a Madrid para constatar la calidad de los equipos. El negocio de la MCBA terminó ante el juzgado de instrucción número 5; APD --desconocida en España-- se presentó en quiebra y Transtools enfrentó la fabulosa demanda de Unisys por robo de software. Nada de esto impidió que la Corte le diera a las computadoras de Eloy Gómez una segunda y millonaria oportunidad.

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