|
|
|
|
|
|
|
|
SISTEMA BUENO Y BARATO
|
Por Ariel Garbarz  Una jueza civil entregó en 1994 al presidente de la Corte
Suprema, Julio Nazareno, datos de la informatización de su propio juzgado que ahora
podrían ser claves para saber si el tribunal pagó sobreprecios en la modernización del
fuero civil. La diferencia es notoria: la jueza Cecilia Yolanda Federico ordenó pagar una
suma que, proyectada a todos los juzgados, habría significado un ahorro de la mitad del
dinero gastado por la Corte.
El juzgado civil 94, de la doctora Federico, instaló una solución informática al margen de lo resuelto por la Corte. Tiene 16 terminales de computación colocadas en red, que funcionan satisfactoriamente desde hace casi cinco años. "En nuestra red para hacer un despacho demoramos la mitad del tiempo que tardan los juzgados que recibieron las redes de la Corte", dijo a Página/12 el secretario del juzgado, Eduardo Parodi. Quince juzgados comerciales fueron informatizados al margen de la adquisición de la Corte. Según funcionarios consultados, lo hicieron a un costo menor, disponen de más computadoras y sus prestaciones son más eficientes. La Corte está reinformatizando 110 juzgados y 13 salas de la Cámara de Apelaciones, para las cuales se están instalando 123 redes con siete PC en cada una de las dependencias. un servidor, tres terminales inteligentes y tres terminales bobas por juzgado. El tribunal ya pagó 7.6 millones de pesos a la empresa española Transtools. Así lo reconoció la secretaría de Informática de la Corte, Estela Campanella. Pero el vicepresidente de Transtools, Eloy Gómez Gutiérrez, afirmó no recibió más de 6.500.000 pesos. Queda una diferencia de 1.100.000 dólares sin explicación a la vista. Transtools tiene un antecedente comercial digno de investigación. Según informó Página/12, un consorcio que integraba esa empresa vendió equipamiento basado en configuraciones de 286 a la Municipalidad porteña bajo la jefatura de Carlos Grosso. Una auditoría de la firma Siglo XXI, convocada por Jorge Domínguez, un intendente justicialista como Grosso, estableció que el material entregado por Gómez Gutiérrez era "de poca confiabilidad". Tras la revelación de este diario, la informatización del fuero civil quedó bajo análisis hasta que, más tarde, fue impulsada por el ministro de la Corte Guillermo López. Esa segunda etapa no tuvo en cuenta ninguno de los ejemplos de informatización exitosa que son bien conocidos en Tribunales: los de los juzgados 1, 2, 3, 4, 5, 11 y 16. Un funcionario judicial que pidió reserva de su nombre informó a este diario que la modernización más cara fue la del Correccional número 13. Allí se instaló hardware y software más completo que en los casos anteriores, pero aún así la red terminó costando menos de 20 mil pesos. Cada una de las redes que instaló la Corte insumió 62.146 pesos. Es decir, más de tres veces el valor de la red más cara del juzgado 13. La informatización forzosa dispuesta por la Corte para 110 juzgados civiles y 13 salas de Cámara hará que, en el caso del juzgado de la doctora Federico, los empleados deban trabajar con siete terminales en lugar de las 16 actuales. La jueza Federico cuenta con varias constancias de su oposición al supremo proceso informático. El 10 de junio de 1997 elevó una nota de seis páginas al presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Hugo Molteni, cuestionando la información resuelta por la Corte con la empresa Sercobe/Transtools. Destacó, como alternativa, "el software que, como es público y notorio, se viene utilizando en este juzgado desde hace cuatro años". El secretario Parodi fue quien reveló a este diario que en 1994 la jueza Federico entregó en mano al presidente de la Corte, que ya era en ese entonces Julio Nazareno, la nota en la que detallaba el costo real de la informatización. Si se proyecta el precio pagado en el juzgado 94, tomando incluso el valor minorista en lugar del mayorista, y se multiplica ese precio por las 123 instancias civiles, el presupuesto no debería haber llegado a los cuatro millones de pesos. En 1994 la Corte ya había hecho un llamado a licitación para informatizar el fuero civil. Parodi agregó a Página/12 que la jueza Federico entregó el mismo informe elevado a Nazareno a la secretaria Campanella y al entonces secretario de Justicia, Elías Jassán. A pesar de estos antecedentes la Corte dictó su resolución administrativa 573 del 31 de mayo de 1995 por la que decidía pagar una cifra de 7.644.006 pesos. Casi el doble de la cifra proyectada del presupuesto de la doctora Federico y, por añadidura, un año más tarde, cuando los precios del mercado ya habían bajado.
LOS SERVICIOS ESPAÑOLES Y LOS MILITARES ARGENTINOS BAJO SOSPECHA
Por Norberto Bermúdez, desde Madrid
El testigo reservado --que no es militar-- también manifestó que el B-707 estaba al mando "del entonces vicecomodoro Juan Daniel Paulik" y que la tripulación estaba integrada por los también vicecomodoro Otto Adolfo Rittondale y Rodolfo Guillermo Muñoz, el mayor Héctor Pupek, los suboficiales Flavio Lución, el cabo principal Jorge Luis Gamba y "tres tripulantes especiales afectados a la clasificación y control de la carga a trasladar, los suboficiales mayores Juan Jorge Bonfiglio y Enrique Blazic y el suboficial principal Horacio Geuna". Sin embargo, en los documentos oficiales relativos a la nómina de la tripulación militar del B-707 comandado por Paulik, extrañamente no figuran los nombres de Pereyra, Bonfiglio, Blazic y Geuna. Ni tampoco consta en los libros de registro de la base militar del aeropuerto canario de Gando, la llegada del B-707, que se produjo "sobre las 15.30 hora insular canaria del martes 13 de diciembre de 1983". Por lo tanto, para las autoridades españolas, Paulik y sus acompañantes nunca estuvieron en Las Palmas de Gran Canaria pese a que todos durmieron una noche del 13 al 14 de diciembre en un hotel de aquella ciudad, para luego reanudar el viaje con destino a Tel Aviv. Según figura en el sumario de Garzón, "las gestiones para la escala del avión militar argentino habían sido tramitadas por las autoridades consulares argentinas en Las Palmas con fecha 2 de diciembre de 1983, ante el entonces director del aeropuerto de Cando, don Andrés Calvo".
LOS BULTOS El 19 de febrero de este año, Paulik prestó declaración ante el titular del juzgado federal número 7 de la Capital, Adolfo Bagnasco, admitiendo que "se transportaron a tres pasajeros, con destino a Israel, con el objetivo de que visiten a sus familiares en dicho país". Respecto de la carga que llevaba el B-707, Paulik dijo ante Bagnasco y el fiscal Eduardo Freiler: "El detalle del material no era de conocimiento de la tripulación, debido a que por sus características el material iba conveniente embalado. Que los materiales se embarcan por bultos, es decir, que la tripulación sabe cuántos bultos se embarcan, pero desconoce el contenido de los mismos". Bajo juramento de decir la verdad, Paulik reconoció que efectuaron escala en Canarias, tanto a la ida como a la vuelta, que se produjo en El Palomar el 17 de diciembre de 1983. Mientras Paulik aterrizaba, en otra pista de dicha base militar un Hércules C-130, matrícula TC-66FAA, al mando del vicecomodoro Julio César Sanchotena, partía con destino al ignoto aeródromo francés de Cháteauroux-Deols, ubicado entre las ciudades de Limogres y Orleans. La tripulación estuvo compuesta por los mayores Hugo Chunco y Hugo Maldonado, el capitán Daniel Hernández y los suboficiales Carlos Sosa, Oscar Fraire, Roberto Puig y Oscar Gardenal. Pero nadie explica por qué no se incluyó en la documentación del vuelo a un suboficial de apellido Sualvo. En el plan de vuelo del Hércules, estaban previstas escalas en Recife y Las Palmas a la ida y en las ciudades de Madrid, Sevilla y nuevamente Las Palmas, en el viaje de regreso. Una vez más la realidad superó la ficción de los documentos de las fuerzas armadas. Según declaró Sanchotena el 28 de agosto de 1997 ante el juez Bagnasco, tras dejar Francia, el C-130 "se dirigió a Madrid, donde se encuentra una base militar y de allí a Zaragoza donde repararon una falla técnica". Desde la capital aragonesa volaron a Las Palmas y "el 25 o 26 de diciembre continuaron hasta Mar del Plata", donde descargaron material bélico que traían desde Francia, llegando finalmente a El Palomar el 28 de diciembre de 1983. Los pasos del Hércules por todas ciudades españolas tampoco fueron registradas. Después de la guerra de Malvinas nuestro país fue sometido a un bloqueo militar decretado por la ONU lo que hace inverosímil que la Fuerza Aérea trajera material bélico desde Francia. Las escalas de los aviones argentinos no están registradas en los libros de los aeropuertos españoles lo que hace presumir complicidad de los servicios españoles con la dictadura para ocultar el paso de los "bultos" de Paulik y Sanchotena.
|
