DECISION  LEGISLATIVA PARA MAÑANA, O A LO SUMO PARA EL MARTES

BUSSI PUEDE QUEDAR SUSPENDIDO

  "Bussi suspendido". Todo parece indicar que estas palabras que aparecen en la primera plana de la edición de ayer de El Periódico de Tucumán, se harán realidad con la acusación formal de la Comisión de Juicio Político contra el gobernador Antonio Domingo Bussi que se realizará, a más tardar, el martes. De esta manera empezaría el fin de la crisis provincial que se desató al conocerse la existencia de una cuenta en un banco suizo a nombre del general.

"La Comisión someterá a juicio político al gobernador el martes, o quizá antes. Por este motivo, el mandatario quedará inmediata y automáticamente suspendido en su cargo por un plazo no mayor a los sesenta días", anuncia El Periódico. En la Legislatura especulan con que el anuncio podría realizarse mañana. "No descarten el lunes", dijo anoche un legislador a Página/12. De cualquier manera, el diario tucumano informa que los seis peronistas --Malvina Seguí, Miguel Miranda, Sisto Terán, Hugo Bazarte, Roberto Castro y Marta Zurita-- y los dos radicales --José Alperovich y Gregorio García Biagosh-- ya firmaron el dictamen por el que se decide someter a juicio político a Bussi.

Gran parte de los argumentos que utilizarán los "ocho locos" --como calificó Ricardo Bussi, hijo del gobernador, a los legisladores que forman la Comisión-- para fundamentar la acusación girarán en torno de los "desórdenes de conducta", una de las figuras previstas por la ley de procedimiento de juicio político. Al mismo tiempo, rechazarán las recusaciones presentadas por Bussi contra siete de sus miembros por prejuzgamiento y contra la presidenta, Malvina Seguí, por estar querellada por el gobernador ante la Justicia.

Según El Periódico, el "sector de acólitos que sigue más ciegamente al general le aconseja que "desconozca a la comisión trucha". Esta postura podría acelerar la intervención provincial. Pero los partidarios "más racionales" de Bussi se inclinan porque el gobernador acuda a la Corte Suprema de Justicia de la provincia para que "ponga equilibrio" en esta disputa de poderes. Esto mismo es lo que hará la Legislatura si Bussi desconoce la suspensión. En ese caso, el Parlamento local pedirá la recusación de Héctor Area Maidana, ex secretario de Gobierno. Debido a la muerte de Arturo Ponsati y con René Goane --titular de la Corte-- presidiendo el Tribunal de Enjuiciamiento de la Legislatura, la Corte se verá reducida a dos miembros. Los camaristas tendrán la última palabra.

Para que la estrategia judicial del gobernador tenga posibilidad de prosperar, Bussi deberá acatar la suspensión, ya que el máximo tribunal de la provincia no tendrá en cuenta su postura si no se cumplieron los pasos legales previos. "De todos modos, pocos creen que la Corte haga lugar al planteo. Deberá considerar que el dictamen se basará en las mil fojas de investigaciones sobre el patrimonio de Bussi y en el pronunciamiento del Tribunal Militar de Honor" (que lo sancionó por mentir con una falta grave), asegura la publicación tucumana.

"La idea de que la sola voluntad del presidente Carlos Menem (por decreto) termine con la suerte de la gestión de Antonio Bussi es tan fuerte que resuena en todos los mentideros políticos tucumanos", afirma El Periódico. Sin embargo, según la Constitución nacional sólo el Congreso nacional puede disponer una intervención federal. "El Ministerio del Interior se transformó en el primer interesado en difundir la idea de una salida institucional a la crisis política, pero también se convirtió en una de las usinas de rumores más fuertes sobre el modo y el momento de la intervención", dice el diario tucumano y asegura que una de las versiones más firmes sobre cómo se haría la intervención es la que indica que se realizará "al estilo cordobés" de la década del 50. En aquellos años el interventor se limitó a hacer acatar al gobernador la orden de abandonar el cargo y hacer que asuma su sucesor (el vicegobernador).

Suspendido Bussi y si el gobernador Raúl Topa y el presidente subrogante de la Legislatura, Pablo Baillo, se niegan a asumir, será el legislador peronista Enrique Pedicone quien se hará cargo del gobierno.

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