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Por Horacio Verbitsky |
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El fondo para sepelio fue creado en 1980 y lo administraba la propia Unión Ferroviaria. La intervención militar dispuso el descuento compulsivo de la cuota, que continuó hasta la fecha. Miles de sentencias judiciales obligaron a devolver lo descontado, pero el sistema siguió avanzando sobre las remuneraciones de quienes no lo cuestionaban judicialmente. En 1985, al llegar a la conducción sindical, Pedraza entregó la administración del fondo a distintas empresas intermediarias. Desde 1987 el negocio pertenece a una Asociación Mutual Intersindical de Recíproca Asistencia y Protección Integral (AMIRAYPI). Esta entidad firmó un contrato de capitación, por el cual cobra una suma fija por cada afiliado que cubre, a cambio del cual presta el servicio y corre con el riesgo de la pérdida o el beneficio de la ganancia. Ni tenía experiencia previa en la materia, ni capacidad económica ni garantías. Tampoco tiene otro cliente que la cautiva Unión Ferroviaria. Su presidente es Héctor Horacio Amigo [de Pedraza]. A medida que las privatizaciones redujeron el padrón de afiliados, los descuentos compulsivos se extendieron de los trabajadores activos a las viudas pensionadas, que nunca fueron trabajadoras ni afiliadas ferroviarias, y el valor de la cuota creció proporcionalmente a la disminución de la cantidad de expoliados. Nada más que las viudas (150 pesos de pensión, 9,70 de descuento compulsivo, equivalente al 6,5 por ciento) implican para la mutual un ingreso de casi medio millón de pesos mensuales. Estos descuentos compulsivos requieren la complicidad de las distintas empresas ferroviarias, estatales o privadas, y de las cajas de jubilaciones, que actúan como agentes de retención y que no consultan la voluntad de los afectados, como legalmente corresponde. Los descuentos en la liquidación de haberes o en las jubilaciones y pensiones se transfieren al sindicato, que a su vez los entrega a la mutual. La Unión Ferroviaria, y no la mutual, carga con la devolución de las cuotas de quienes no aceptan el descuento compulsivo y con los gastos debidos a esos reclamos judiciales. Pero es la mutual y no el sindicato la que recibe los aportes del PAMI cuando muere un afiliado a las dos entidades. En octubre del año pasado, por ejemplo, sobre 37.554 jubilados, 41.814 pensionados y 6.000 trabajadores activos, la Unión Ferroviaria recibió para el servicio de sepelios que presta la mutual 840 mil pesos. Si al mismo padrón se le descontara la cuota que pagan los trabajadores señaleros, el drenaje se reduciría a 256 mil pesos. Es decir que cada mes, la mutual amiga se apropia de 584 mil pesos por encima de lo que realmente cuesta el servicio, o 70 millones en la década que lleva el negocio. Junto con los negocios de la leche podrida y los guardapolvos, el de la muerte de los ferroviarios quedará como símbolo de una época y de la falta de límites de una dirigencia.
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Aunque ambos viven en la vía, tienen las mismas normas de
trabajo, el mismo sistema de salud y régimen jubilatorio, e idéntica expectativa de
vida, a los afiliados a la Unión Ferroviaria morirse les sale cuatro veces más caro que
a sus colegas de la Asociación de Señaleros. A los señaleros en actividad, jubilados o
pensionadas, se les descuentan mensualmente tres pesos. A los ferroviarios en actividad
11,72 y a los jubilados y pensionadas 9,70. Así se desprende de la denuncia por
administración fraudulenta presentada contra José Pedraza y otros dirigentes
ferroviarios en el juzgado de instrucción 33 del doctor Carlos Bourel. El autor de la
presentación, Juan Lantero, sostiene que entre 1992 y 1997 se derivaron a una mutual
supuestamente sin fines de lucro, creada para administrar el fondo de sepelios de los
trabajadores ferroviarios, beneficios indebidos por 47 millones de pesos. En cambio la
administradora que presta el mismo servicio a los señaleros es una sociedad comercial que
sí paga sus impuestos. Que aun así pueda cumplir con sus obligaciones indica hasta qué
punto está inflado el negocio de la muerte ferroviaria.