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ESPERANDO EL PERDÓN
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| Página 12 Por Mónica Flores Correa
En el documento de 52 páginas, el Ministerio de Justicia insistió acerca de lo ya argumentado por la fiscalía de Virginia, la cual admitió en su momento que las autoridades paraguayas no habían sido informadas sobre el procesamiento de Breard. Pero dijo que el reo debería haber hecho esta protesta en las sucesivas apelaciones ante las cortes estaduales de Virginia. También repitió argumentos que expusieron ante la Corte Internacional de La Haya, señalando que "no existe una base que permita concluir que la asistencia de un funcionario consular habría cambiado el resultado de juicio penal". A primera hora de la tarde, el Departamento de Estado pareció estar pensando muy reflexivamente la suerte de Breard, de acuerdo con los siempre mentados "intereses" de Estados Unidos. El vocero James Rubin dijo que Albright temía que "la protección consular de los estadounidenses en el extranjero se viera perjudicada" por el tratamiento desprolijo desde el punto de vista diplomático que su país le dio al caso. La comunicación de Rubin contrasta con la posición oficial mantenida por el Departamento durante semanas y meses, que puntualizaba que Breard había sido condenado a muerte "al cabo de un proceso justo, en forma legítima y por un sistema legal justo, y que la intervención de cualquier otra instancia judicial constituía una interferencia indebida", en referencia a la Corte Internacional de La Haya. El jueves pasado, este tribunal de las Naciones Unidas ordenó a Estados Unidos que suspenda la ejecución programada para el martes por incumplimiento del tratado de la Convención de Viena, que estipula que las autoridades consulares deben ser advertidas cuando uno de sus ciudadanos es arrestado en tierra extranjera. Los abogados norteamericanos ante la corte mundial reconocieron que Estados Unidos no había cumplido con el mandato de la Convención, pero argumentaron que aun de haber mediado la comunicación consular, Breard hubiese sido igualmente condenado a la pena capital por la gravedad del crimen. Paraguay no cuestiona la culpabilidad de Breard pero sostiene que no recibió asesoramiento legal correcto y pide que vuelva a ser juzgado. Ricardo Caballero Aquino, vocero de la embajada paraguaya, estimó que las chances de que la ejecución se suspenda eran ayer "de un cincuenta y cincuenta. Esto es mucho mejor que el porcentaje que creíamos tener la semana pasada", dijo el funcionario a Página/12. Funcionarios paraguayos señalaron en varias oportunidades que Breard fue mal asesorado, pues debería haberse declarado culpable antes del juicio, lo que le hubiese posibilitado negociar su condena y obtener cadena perpetua en vez de pena de muerte. En cambio, se declaró inocente, y luego, en el medio del juicio, confesó haber cometido el crimen "por estar bajo la influencia de un gualicho". El gobernador James Gilmore había expresado que si la Corte Suprema falla a favor de la suspensión de la ejecución, él acataría esta decisión a pesar de gozar de facultades para no hacerlo. Ayer, Gilmore dijo que estaba estudiando un pedido de clemencia del propio Breard.
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En
las que pueden ser sus últimas horas de vida, Angel Francisco Breard espera aún el
eventual perdón del gobernador James Gilmore, en la cárcel de Greensville, Virginia,
donde fue trasladado hace setenta y dos horas para ser ejecutado hoy con una inyección
letal. La administración Clinton se manifestó ayer dividida con respecto a la suerte del
argentino-paraguayo condenado por haber asesinado a cuchilladas a una mujer de 39 años en
Arlington, Virginia, en 1992. Respondiendo a un pedido de la Corte Suprema, que había
solicitado que el Departamento de Justicia informase sobre el caso, el procurador general
Seth Waxman concluyó que el máximo tribunal no debe innovar, por lo que no debe
aplazarse la ejecución. Pero el Departamento de Estado manifestó su preocupación por
las consecuencias que, para los norteamericanos en el exterior, podría tener la muerte de
Breard, si Estados Unidos sienta el precedente de no cumplir con los pactos
internacionales en el procesamiento de extranjeros. La secretaria de Estado, Madelaine
Albright, envió una carta con un pedido de aplazamiento de la pena al gobernador Gilmore,
puntualizando que hacía su solicitud "con gran renuencia" debido a la magnitud
del crimen cometido por Breard, pero señaló que tomaba esta decisión "porque tengo
que pensar en la seguridad de los estadounidenses en el extranjero" y en "las
posibles consecuencias negativas" que para éstos tenga la ejecución.