MEXENOFOBIA CONTRA LA PRENSA
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México para los mexicanos: el gobierno del presidente Ernesto Zedillo expulsó ayer a doce observadores extranjeros (cuatro españoles, tres norteamericanos, dos canadienses, dos belgas y una alemana) del conflictivo estado de Chiapas, acusándolos de "violar las leyes mexicanas" por apoyar la creación de un municipio autónomo constituido por simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en la región de Ocosingo. Mientras los extranjeros eran llevados a Tuxla Gutiérrez, capital del estado, dos fotógrafos de las agencias Associated Press y France Press que cubrían la expulsión fueron golpeados por la policía, que intentó confiscarles sus rollos fotográficos. El sábado pasado, la policía y el ejército mexicanos habían impedido la asunción de las autoridades paralelas en la comunidad de Taniperla --ya existen 31 municipios con este régimen--, y anteayer hirieron allí a dos indígenas de las bases de apoyo del EZLN mientras se desarrollaba una protesta de indígenas prozapatistas. "Es un acto de defensa y no de xenofobia", dijo ayer la canciller mexicana Rosario Green. "Que los vayan a hacer (los municipios autónomos) a sus países a ver si se los van a permitir", advirtió la funcionaria para justificar lo que el gobierno viene haciendo desde la masacre de Acteal, en diciembre pasado: la expulsión de extranjeros bajo dos argumentos: el de la violación al límite permitido de estancia en el país en calidad de turista, y la injerencia en los asuntos internos mexicanos. Green agregó que el Ejecutivo fue "enormemente cuidadoso" y transparente con las expulsiones y que hubo "notificación consular", agregando que no ha recibido protestas a nivel internacional. Si bien el portavoz del departamento de Estado norteamericano, James Rubin, se refirió al tema sin lanzar ninguna acusación, el cónsul general de España en México, Ramón Gandarias, dijo que el procedimiento había sido "violento y abrupto" mientras la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos pedía "el cese inmediato de la campaña xenófoba" en México. Según Gandarias, "los hombres entraron por la noche y con el rostro cubierto", pero funcionarios del Estado dijeron que los extranjeros "incitaban a los pobladores del lugar (Taniperla) para que no permitieran que las autoridades legítimas restablecieran la legalidad". "No necesitamos a nadie de afuera para que nos organice", respondió ayer la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC), agregando que desde hace 20 años se vienen organizando comunidades. "Las autoridades mexicanas no quieren testigos de lo que están haciendo en Chiapas", dijo una de las expulsadas, la española María del Pilar López, quien calificó de "ciencia ficción" los cargos que pretenden encubrir "una política de guerra" contra las comunidades indígenas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, ya van 16 expulsados en lo que va del año, entre los cuales se encuentran Thomas Hansen, líder de la organización Pastores por la Paz, y Miguel Chanteau, un religioso francés que residía allí desde hace 20 años. Los municipios autónomos, que se constituyeron con la intención de desconocer las autoridades oficiales luego del incumplimiento por parte del gobierno de los Acuerdos de San Andrés de Larraínzar firmados en 1996, ya suman 32 en todo el territorio chiapaneco y están viviendo en situación de alerta por la creciente presencia militar, los vuelos de reconocimiento aéreo y los patrullajes terrestres. La estrategia del gobierno mexicano consiste en cortar de cuajo la extensión de estos municipios para desarticular la organización de la comunidad indígena, base del apoyo zapatista. De esta manera, es probable que haya nuevas expulsiones de extranjeros y que el conflicto en estos municipios --en uno de los cuales ocurrió la matanza de Acteal, donde murieron 46 indígenas asesinados por grupos paramilitares-- se agrave; de hecho, el Congreso Nacional Indígena (CNI) anunció anteayer la creación de una veintena de municipios autónomos en los estados de Oaxaca, Veracruz y Guerrero, en respuesta al hecho. El mes pasado, el gobierno presentó al Congreso un proyecto de ley para restringir el carácter de las autonomías indígenas, argumentando que existen riesgos para la unidad y la soberanía nacionales que deben ser contemplados, definidas en los acuerdos de 1996.
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