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| Por Cledis Candelaresi
El proyecto de ley firmado por Jorge Rodríguez, Erman González, Roque Fernández y Carlos Corach da el sustento económico al ambicioso plan para unir con diez tramos las principales capitales y puntos fronterizos del país. Pero los detalles de ese esquema de financiamiento invalidan los argumentos utilizados por el Gobierno y el propio Guillermo Laura para defender ese programa. * Negocios adicionales. Los concesionarios de cada tramo de la Red Interprovincial de Autopistas embolsarán la Tasa Retributiva, a aplicar sobre todos los combustibles, "sin perjuicio de otras explotaciones". Según aseguró a Página/12 el propio Guillermo Laura, esos posibles negocios colaterales podrían incluir desde estacionamientos para camiones, a hoteles y restaurantes. Muchas de estas actividades, según el consultor de Pardo Rabello, podrían ser, a su vez, subconcesionadas a otras empresas. En cualquier caso se trata de la posibilidad de desarrollar negocios adicionales al de la construcción en sí misma, cuyo costo debe ser cubierto total y exclusivamente con aquella tasa. * Seguro de cambio. La tasa a aplicar sobre cada litro de combustible consumido será "el equivalente a 10 centavos de dólar, más IVA". Esto significa dos cosas: que los usuarios pagarán 12,1 centavos (2,1 centavos ingresarán al Tesoro como IVA) y que las concesionarias estarán cubiertas ante una eventual devaluación del peso. En esa hipotética situación son los contribuyentes quienes deberían desembolsar más dinero para cubrir la tasa comprometida. * Plazos. La concesión y, por lo tanto, el cobro de la tasa, se extenderá hasta que cada grupo concesionario haya cubierto íntegramente los costos de su obra. Esto podría ocurrir en diez o en veinte años, según sea el consumo de combustible, ya que el proyecto de ley no impone un plazo. * Propiedad de la recaudación. En los considerandos el Gobierno sostiene que lo que se recaude por la tasa --aproximadamente unos 1600 millones de dólares por año, según Laura-- debe ser "propiedad directa" de las empresas concesionarias, ya que éstas harán una "inversión de riesgo", empezando a cobrar sólo después de concluir su obra. Con el explícito afán de impedir que el Estado desvíe esos fondos a otro destino que no sea el de las autopistas, el texto le impide al Tesoro tocar un solo centavo. La recaudación estará a cargo de las petroleras, que distribuirán el dinero a las constructoras a través de bancos fideicomisarios. Los futuros adjudicatarios de la red tendrán una disponibilidad absoluta de aquellos millonarios recursos, que no estarán controlados por el Presupuesto. Podrán emitir bonos contra la futura recaudación, tomar deuda prendándola, y hasta "transferir los derechos sobre ella", con la sola condición de "informar" de ello a las autoridades estatales. Se habilitaría así un mecanismo inédito, creando por ley una tasa, que no es contraprestación de un servicio, y que tiene como destino el bolsillo de empresas privadas. * Subsidio. Tanto el Gobierno como Laura destacan que el megaemprendimiento se hará sin ningún tipo de aval o garantía del Estado. Este, sin embargo, no estará exento de hacer su aporte. Según el proyecto, los agricultores podrán descontar el importe de la tasa retributiva (así como los 2 centavos por litro que hasta fines del 2003 servirán para compensar a los concesionarios de rutas por peaje) de "todos los impuestos nacionales" en los que estén inscriptos. En otros términos, el Estado dejará de percibir como IVA o Ganancias lo que los ruralistas paguen como tasa sobre el gasoil o la nafta que consuman. Si bien el Fisco no desembolsará fondos para el tendido de la red, la subvencionará indirectamente resignando el cobro de impuestos.
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