TOPA YA ES GOBERNADOR INTERINO Y DIALOGA CON LA OPOSICION

EL GENERAL EN RETIRADA

Desde San Miguel de Tucumán

A pesar de las amenazas, el general retirado Antonio Domingo Bussi decidió ayer no hacer uso de sus mañas del pasado: aceptó sin resistirse el fallo de la Corte Suprema de Justicia provincial que ratificó su suspensión por sesenta días para que continúe el proceso de inicio político en su contra. "Asumir es mi mejor muestra de lealtad. Voy a continuar una obra de gobierno. En cumplimiento de la ley sustituiré a quien es el titular por el veredicto de las urnas, pero si de mí dependiera tengan la tranquilidad de que al término de este proceso repondría al gobernador Bussi", dijo el compañero de fórmula del ex dictador, Raúl Topa, preocupado en tranquilizar a los ultrabussistas que en los pasillos lo calificaban como "traidor". Mientras toda la oposición le garantizaba el apoyo a Topa para "defender la institucionalidad", las mismas fuerzas como integrantes de la Multipartidaria y las organizaciones defensoras de derechos humanos se movilizaban anoche bajo la lluvia frente a la Casa de Gobierno exigiendo la renuncia de Bussi. El general retirado optó esta vez por no mostrar sus lágrimas en público y aunque nadie lo vio, Topa aseguró que permanecía en su casa de La Rinconada, al pie del cerro San Javier. La Legislatura citó a Bussi para mañana con el fin de que escuche la acusación.

Bajo la presidencia de René Mario Goane, la Corte Suprema deliberó durante toda la madrugada del martes y antes del mediodía dio el veredicto que sepultó a Bussi. Los magistrados no hicieron lugar al pedido del gobernador para que se anule el dictamen de la comisión de Juicio Político que lo suspendió. Si bien el pronunciamiento permite la continuidad del proceso que puede terminar en la destitución de Bussi, lo liberó de tener que dar explicaciones en ese ámbito por las denuncias de "enriquecimiento ilícito". Goane justificó la decisión en que "la comisión de Juicio Político no puede agregar hechos distintos a los invocados por los denunciantes". El argumento de los jueces sostiene que la comisión incorporó como prueba la investigación realizada por el fiscal federal Starc, quien le inició un juicio por enriquecimiento ilícito pero que este tema no figuraba en las presentaciones ante los legisladores tucumanos. "Desórdenes de conducta" es la figura que quedó en pie para que los 28 legisladores, presididos por Goane, que ayer se constituyeron en Tribunal, decidan el futuro del ex interventor de Tucumán entre 1976 y 1977. Los otros 12 parlamentarios no integran el cuerpo porque desde la comisión de juicio político fueron los encargados de la acusación.

La tranquilidad institucional que reinaba ayer en Tucumán contrastaba con las últimas declaraciones públicas de Bussi. "No me siento en la obligación de acatar las decisiones de una comisión que actúa al margen de la ley, no está en mi espíritu, y me repugnaría la conciencia si lo hiciera", había amenazado el general retirado el lunes por la mañana durante su último acto público. Los ultrabussistas intentaron llevar a la práctica la amenaza pero no tuvieron eco dentro de sus filas: el secretario de Interior de la provincia, Atilio Peluffo, llegó a reclamarle la renuncia a los 15 legisladores de Fuerza Republicana. Ante el escandalete, el planteo provocó la intervención del propio Bussi, el anfitrión en La Rinconada. En los corrillos de la Legislatura aseguraban que cuando lograron convencerlo de la necesidad de acatar la ley, Bussi aceptó pero exigió como contrapartida "lealtad". La obsesión del ex dictador es ahora que ninguno de sus muchachos le dé los dos votos que necesita la oposición para destituirlo. De los 28 legisladores constituidos en Tribunal de Enjuiciamiento, 13 son peronistas, 4 radicales y 11 de Fuerza Republicana. Para condenar a Bussi se necesitan 19 votos.

La debacle de Bussi empezó el 18 de febrero pasado cuando trascendió que había ocultado su cuenta en un banco suizo. Desde la Casa Rosada jugaron a debilitar al ex dictador amigo. Fuentes confiables del gobierno nacional aseguran que un enviado convenció a Bussi para aceptar la suspensión. El oficialismo nacional parece haber apostado al "bussismo sin Bussi". En este contexto, el alineamiento legalista de Topa despierta sospechas de los "paladares negros" del general que fantaseaban con una intervención federal que al clausurar el mandato constitucional le hubiera permitido a su líder presentarse a una reelección, posibilidad que prohíbe la Constitución provincial.

Topa machacó en que su mandato será "una continuidad". Como demostración de esa decisión anunció que "no esperen grandes cambios en el gabinete". Todos los ministros y secretarios habían presentado su renuncia el lunes pero el ahora sucesor temporario ni confirmó ni descartó a nadie. No quiso dar ningún nombre y sólo sonrió cuando se le preguntó si continuará en el cargo Atilio Peluffo, a quien todos definen como el alter ego de Bussi: "Si él queda será claro que Bussi seguirá gobernando desde las sombras", interpretaban algunos. Por el momento, Topa disfrutaba más de un idilio con la oposición que de uno con sus camaradas de Fuerza Republicana. Gracias a un planteo de radicales y peronistas, la Legislatura aprobó ayer por unanimidad un proyecto para habilitar al nuevo gobernador a gestionar un crédito por veinte millones de dólares para afrontar el pago de salarios. Este mes, sólo la policía cobró en término. "Las fuerzas políticas han actuado con firmeza y grandeza para garantizar la gobernabilidad de esta provincia", devolvió Topa mostrando una vez más que él es capaz de un diálogo con la oposición que Bussi tiene vedado.

Los opositores dialogan con Topa pero aseguran que no están dispuestos a cogobernar. Topa no descartó "la incorporación de legisladores a su gabinete". Los próximos días serán claves para pronosticar el futuro del general retirado desaparecido de los lugares que solía frecuentar.

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