|
|
|
|
|
|
|
|
SIN CLEMENCIA PARA ANGEL
|
Por Mónica Flores Correa Desde Nueva York
Coherente con su costumbre de no hacer lugar a los pedidos de clemencia, el gobernador James Gilmore se negó a otorgar la suspensión de la ejecución, pedida por la corte de La Haya a instancias de Paraguay y otros países latinoamericanos --entre ellos, la Argentina--, al hombre de 32 años que decía profesar una intensa fe evangélica. Los abogados defensores de Breard lucharon denodadamente por salvar la vida de Breard. Después de que la Corte Suprema decidió no innovar, los defensores presentaron un recurso de apelación de último momento, a las nueve menos cuarto de la noche, ante una corte de Virginia. La ejecución estaba programada para las nueve. La corte estadual rechazó la apelación. Breard se reunió a la mañana con su esposa Rosseanne Lima, con quien se casó mientras estaba en la cárcel, y sus dos hijastros, Kathleen de cuatro años y Michael de doce. También lo visitaron su madre Armenia y su hermano Rodolfo, que habían viajado desde Buenos Aires para acompañarlo. Breard no aceptó ser entrevistado por la prensa. Según informó un vocero de la cárcel, no hizo un pedido especial para su última cena: comió una milanesa con papas gratin, fruta y un jugo. En las últimas horas, Breard fue asistido por dos consejeros espirituales. Paraguay no cuestionó la culpabilidad de Breard, quien dijo que había asesinado a Dickie por estar bajo la influencia de un 'gualicho' demoníaco, pero sostuvo que al no haber existido la notificación consular reglamentaria, el inmigrante indocumentado no tuvo un asesoramiento legal adecuado. Fue apoyado por la Argentina, México, Brasil y Ecuador en calidad de 'amicus curiae'. Paraguay primero demandó al estado de Virginia y posteriormente llevó el caso a la corte mundial de La Haya. En un fallo sin precedentes, por ser la primera vez que ese tribunal de la ONU se ocupaba de un caso de pena de muerte, la semana pasada la corte ordenó la suspensión de la ejecución y pidió a Estados Unidos que intentase "por todos los medios a su disposición que Angel Francisco Breard no sea ejecutado". Los representantes norteamericanos frente a la corte reconocieron que EE.UU. no había cumplido, pero dijeron que aunque hubiese mediado la notificación consular, Breard igualmente hubiese sido sentenciado a muerte por la magnitud del crimen que cometió. Con la proximidad de la fecha de la ejecución, la dimensión internacional del caso Breard comenzó a crecer. La Corte Suprema pidió opinión a la administración Clinton acerca de si se habían violado los pactos internacionales en el proceso al argentino-paraguayo. Como es habitual en esta administración, la decisión fue ofrecer respuestas que podían interpretarse ambiguamente. En una conferencia en la universidad de Howard, la secretaria Albright reiteró ayer su rechazo a la ejecución de Breard por las consecuencias que el incumplimiento de los pactos internacionales en el caso pudiesen acarrear a los norteamericanos con problemas legales en el exterior. Indicó que el punto destacable para la política exterior de su país era, en este caso específico, "la reciprocidad". El lunes, Albright envió una carta al gobernador Gilmore pidiendo "con renuencia" el aplazamiento de la pena y puntualizando las mismas inquietudes por la posibilidad de que a sus compatriotas que viven o viajan por el extranjero no se les facilite el acceso a los funcionarios consulares en la eventualidad de que se produzca un problema. Pero lo que al principio pareció una contradicción entre el Ministerio de Justicia --por el informe que había dado el procurador general Set Waxman diciendo que la corte no debía hacerse cargo del caso y que tampoco debía aplazarse la ejecución-- y el Departamento de Estado, con el correr de las horas se hizo evidente que las diferencias de opinión dentro de la administración Clinton, que siempre ha estado a favor de la pena de muerte, tenían que ver más con la etiqueta que con una real divergencia de criterios.
|
Con inequívoco desprecio por los tratados internacionales y
los derechos que asisten a un extranjero, el estado de Virginia ejecutó ayer al
argentino-paraguayo Angel Francisco Breard. Breard recibió la inyección letal a las
23.39 hora de Buenos Aires en la cárcel de Greenville, en presencia de seis testigos
voluntarios por el estado donde fue procesado y condenado y un grupo de periodistas.
Ninguno de los familiares de Breard, nacido en Corrientes, pudo asistir porque la ley de
Virginia no permite que los parientes del condenado estén en la ejecución. Tampoco hubo
nadie por parte de la familia de Ruth Dickie, la mujer de 39 años que Breard confesó
haber violado y asesinado a cuchilladas. La Corte Suprema estadounidense decidió a
última hora de la tarde no innovar, aceptando así la opinión del Ministerio de Justicia
que el martes había dicho que el tribunal máximo no debía hacerse cargo del caso y que
no se debía aplazar la ejecución.