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NINGÚN CORTE PARA LOS PRECIOS
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| Por Ariel Garbarz  La Corte Suprema pagó dos veces y
media más que la Corte bonaerense por redes informáticas del mismo tipo pero con la
mitad de las computadoras. Por cada PC, el costo bonaerense fue de 1742 pesos. El costo
nacional llegó a 8878 pesos. Estos datos, a los que tuvo acceso Página/12 a
través del encargado de capacitación bonaerense y de la empresa que realizó la
informatización, agregan nuevos elementos al costoso proceso de informatización del
máximo tribunal argentino. La Corte dijo haber pagado 7.600.000 pesos, mientras que la
empresa proveedora, Transtools, afirmó no haber recibido más de 6.500.000. Una
diferencia de 1.100.000 para la que hasta el momento no apareció ninguna explicación
contundente.
Para informatizar el fuero civil, la Corte nacional compró equipamiento para montar 123 redes con PC de idéntica tecnología y configuración que las 132 redes bonaerenses. Pero cada una de éstas conecta a 10 terminales, en tanto que las redes montadas por la Corte nacional sólo a siete. La Corte bonaerense pagó 17 mil pesos por cada red. La Corte nacional pagó 62.146 pesos. La diferencia es del 265 por ciento. La información fue confirmada a este diario por Alberto Montes de Oca, encargado de capacitar al personal asignado al uso de las redes, a quien se reportea en nota aparte, y por la empresa proveedora. Las PC conectadas en las redes provinciales y porteñas son de la misma tecnología Pentium y la misma configuración. Tienen 100 Mhz de frecuencia reloj y 8 Mbytes de memoria principal Ram. Molina, de la empresa proveedora, informó incluso que las licencias del software para las redes fueron entregadas en canje. A cambio, la Corte ofreció la lista de abogados inscriptos en la provincia. Para el caso de que esas licencias hubieran sido vendidas al fuero civil de la Capital Federal, informatizado por la Corte Suprema, a los 2.300.000 gastados habría que añadirles 1.214.400. El costo máximo sería de 3.514.400 pesos para las 132 redes de 10 PC cada una, o sea para 1320 máquinas. Las máquinas conectadas en el fuero civil fueron 861 en las 123 redes de 7 PC cada una. Más allá de la misteriosa diferencia admitida por Transtools, hay otra diferencia, mucho mayor, entre los 3.514.400 de la hipótesis y los 7.644.006 pesos gastados por la Corte en realidad. Son más de cuatro millones de pesos para los que hasta el momento tampoco hay una explicación convincente.
Cerrado Como informó Página/12, otra experiencia exitosa de informatización barata y eficiente fue la protagonizada por el juzgado civil número 94 de la Capital Federal. A instancias de su titular, la doctora Yolanda Federico, el secretario Eduardo Parodi y el encargado de la red, Alejandro Fernández, habían montado un sistema con 15 terminales inteligentes. La Corte Suprema acaba de resolver el cierre temporario del juzgado durante dos semanas, en una "Feria judicial informática", para conectarlo compulsivamente a la nueva red del fuero civil. Un funcionario judicial que pidió reserva de su nombre pronosticó que, además de la diferencia de precio, con la nueva conexión el juzgado 94 perderá al acceso informático a toda la jurisprudencia y la legislación que poseen en su red. La nueva no incluye este servicio esencial. También quedará cortada la conexión por módem a través de la cual todo abogado podía consultar cualquiera de los 4000 expedientes archivados en el server con sus PC vía telefónica desde sus estudios jurídicos sin necesidad de concurrir al juzgado. Naturalmente, tendrán que volver a cargar en la nueva red, a través de su rudimentario software, los 4000 expedientes en trámite, un archivo informático que insumió cinco años de trabajo. Los sistemas son incompatibles. La jueza Federico había sido notificada hace dos meses del cronograma de cierres quincenales, en el cual el 13 de abril le tocaba a su juzgado. Sin embargo había gestionado la excepción para su red informática ante la Cámara en lo Civil, que le había prometido una resolución favorable a su pedido. Suponía que sería tenido en cuenta un antecedente: la propia Corte Suprema había elogiado como exitosa la experiencia informática del juzgado 94, a un valor que hoy treparía a los 20.000 pesos, contra los 62.000 equivalentes de la nueva informatización.
AL DEFENSOR OFICIAL LE HACE FALTA UN DEFENSOR
Por Susana Viau
Los senadores de la oposición no se mostrarían esta vez tan permeables como lo fueron con el procurador Nicolás Becerra y podrían decidir la devolución de sus pliegos, de momento en stand-by. Los organismos de derechos humanos recordaron que Romero fue asesor de la policía de su provincia durante la dictadura y revistó como fiscal en el mismo período. Mientras Romero hace banco, crecen las posibilidades de que sea el defensor ante la Corte Suprema, Hugo Rodríguez Sañudo, quien se quede finalmente con el cargo, respaldado por un valedor influyente: Eduardo Menem. Rodríguez Sañudo tiene una vieja amistad con el Presidente y su hermano, desde las épocas en que compartía el estudio con Hugo Grimberg, abogado personal y luego socio de Carlos Menem en la capital. Los padrinos políticos de Romero son, en cambio, de un rango menor. Por un lado lo apoya el secretario privado del Presidente, Ramón Hernández, a quien Romero conoció durante los años de trabajo en la policía riojana; su otro sustento es el presidente de la Corte, Julio "Bubi" Nazareno, cuyo yerno, Pérez Soul, ha sido llevado por Romero a trabajar en la Defensoría. Romero cuenta con un respaldo más: el del ex juez José Dibur, quien desde el Ministerio de Justicia hubiera debido ser el encargado de la confección de su pliego si la cuestión hubiera seguido el trámite habitual. Pero eso no ocurrió y el dato echa sombras sobre la justificación que con sonrisas se escucha de boca de los asesores de Raúl Granillo Ocampo respecto del equívoco. Las presiones para obtener a cualquier precio la aprobación de los pliegos de Becerra, comentan, fueron tantas y tan grandes que a Romero nadie le dio la debida atención. La versión, es cierto, no carecía de lógica: el de procurador general es un puesto con una importancia estratégica de la que carece el de Romero. Ningún empresario o funcionario de Gobierno parece necesitado, de momento, de la asistencia de un abogado de oficio. Pero el mar de fondo que afronta la designación de Romero no está hecho únicamente de fantasmas del pasado. El actual defensor general no goza de muchas simpatías entre sus subordinados, siempre en ascuas por el carácter autoritario de Romero, que ha tomado en sus área alrededor de 25 personas, lleva un coche de custodia, tiene un cocinero, un ayudante de cocina y mantelería con una R bordada en hilos dorados. El despliegue de recursos contrasta con las dificultades presupuestarias por las que atraviesa la Defensoría, que podría verse obligada a suspender por falta de fondos al personal contratado. Defensoría y Procuración estaban unidas por una misma partida presupuestaria, hasta que Romero puso el grito en el cielo y obtuvo la separación de las cuentas. No fue la única diferenciación. En tanto el resto del Poder Judicial continuaba cobrando su salario por medio del Banco Ciudad, sin que se supiera el motivo, a fin del año pasado Romero decidió cambiar de servicios y llamó a un concurso privado para elegir la entidad financiera que debería reemplazar al Ciudad. Los convocados a esa competencia fueron el Banco Mercantil y La Caja. Ganó el Mercantil, pero por poco tiempo porque ambos acabaron fusionándose. Sin embargo, el estilo mandón de Romero tuvo expresiones más trascendentes: comunicó a los defensores que estaban obligados a discutir con él las estrategias procesales. Estos, con un razonamiento impecable, sostuvieron que, por el contrario, un abogado defensor sólo debe lealtad y obediencia a su defendido. Fermín Mignone, del Centro de Estudios Legales y Sociales, pidió una audiencia a los senadores del PJ para exponer las objeciones que les merecen los antecedentes de Romero. El oficialismo primero se negó a recibirlo y después rectificó por unanimidad. Los radicales, prudentes en el caso de Becerra, parecen considerar que ya han dado una mano de cal y no están muy convencidos de repetir la performance con el riojano. Los pliegos de Romero, por lo tanto, podrían ser devueltos por la bancada opositora en los próximos días, ya que, de acuerdo a la usanza del cuerpo, las presentaciones no se rechazan.
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