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COMO UN ELEFANTE EN EL BAZAR
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Página/12 en España
La comitiva de diputados peronistas (Roggero, Saúl Ubaldini, Carlos Soria, Martha Alarcia, Fernando Maurette y Manuel Baladrón) presentó el periplo por Madrid como un estricto reclamo de justicia y defensa de los derechos humanos: iban a presionar para que el juez Garzón active la investigación del asesinato de Noemí Molfino, una argentina cuyo cadáver apareció en Madrid, luego de ser secuestrada en Perú, en uno de los acostumbrados operativos extra-fronteras de la dictadura de Videla, Massera y Cía. Pero en el fondo, la pretensión es que Garzón se limite a un único caso como el de Molfino (porque se produce en Madrid) y se desentienda de las desapariciones ocurridas en suelo argentino, por las que el magistrado dictó procesamientos y capturas a altos ex jerarcas de la dictadura. En el viaje, los diputados intentaron que Gustavo Molfino (hijo de la asesinada) se adecue a la estrategia del bloque del PJ, que no es otra que la del gobierno de Carlos Menem: la de apartar a Garzón de la investigación. Pero Molfino se diferenció, prestó declaración (ver aparte), y muy probablemente su demanda contribuya a afianzar la competencia del magistrado en la causa. El juez Garzón puso su cuota de ejecutividad para descolocar a la comitiva argentina: mientras los legisladores desparramaban críticas a la actuación del magistrado (el más explícito fue Carlos Soria), Garzón decidió citar a Roggero como "testigo". Para eso, se tomó de las propias declaraciones del cordobés, que dijo tener completísimos listados de genocidas y cómplices civiles entre los años 76/83, además de datos sobre entierros clandestinos en Córdoba, su provincia. Por esa citación que Roggero desconoció es que ayer temió que un patrullero policial lo llevara compulsivamente al despacho del juez, hasta que llegó la declaración de la Corte, anulando por "improcedente" la intimación que el juez español había hecho al diputado argentino. La acción coordinada entre los diputados y su gobierno quedó evidenciada cuando Menem ordenó a la Cancillería que saliera en respaldo de Roggero, hasta el punto de convocar al embajador de España en Buenos Aires para pedir explicaciones y comentar la "sorpresa" y "desagrado" de la administración menemista. Acto seguido, envió a Madrid al secretario de Relaciones Institucionales, Daniel Castruccio. Sin embargo, nada desorientó más a Roggero y Cía. que lo que ocurrió en la sede partidaria de Izquierda Unida, a la que concurrieron en visita institucional. La voz sonó firme y clara: "Les rogamos que se levanten y abandonen este salón". Los diputados de la delegación justicialista miraron atónitos al apoderado legal de la IU, Enrique de Santiago, que los echó de la sede partidaria. Los diputados se levantaron en medio de quejas y corridas de periodistas. "¡Y éstos dicen que son democráticos!", se escuchó gritar a un legislador mientras buscaba la puerta de la salida, en tanto el dirigente de la IU declaraba que "queríamos expresar con gran desagrado nuestra indignación por como han llevado su visita a España, y el desprecio que han tenido por el magistrado Baltasar Garzón". "Para nosotros es una simple anécdota", declaró después Roggero tratando de quitarle importancia al escándalo matinal. "Creo que se trata de un acto de intolerancia de un grupo minoritario. Pero bueno, cada uno hace política como quiere, o como puede". No alcanzó a compensar la reacción del PSOE contra Izquierda Unida (ver recuadro), ni la solidaridad del gobernante Partido Popular (PP). El papelón ya estaba consumado, más allá aún del optimismo impenetrable de Roggero, quien calificó como "un éxito" su gestión. No es la primera vez que la polémica lo envuelve en materia de derechos humanos: un mes y medio atrás, publicitó una conferencia de prensa para dar presuntas revelaciones sobre el genocidio en Córdoba. Después de escucharlo, las propias organizaciones de derechos humanos de la provincia lo acusaron de haber montado "un show" en el que lejos de revelar información, se limitó a acopiar todo lo ya publicado.
GUSTAVO MOLFINO DECLARO ANTE GARZON CON ELOGIOS PARA EL JUEZ Desde Madrid
Gustavo Molfino lloró reiteradamente ante el juez Baltasar Garzón, lo que obligó a detener en más de una oportunidad el registro del testimonio que el hijo de Noemí Esther Molfino, quien fuera asesinada en Madrid por un grupo de tareas militar argentino en julio de 1980, brindó durante casi dos horas en el tribunal madrileño. Horas antes había tratado de llegar a un acuerdo con la delegación de diputados justicialistas que lo acompañaron hasta Madrid, quienes consideraban inconveniente su declaración ante Garzón debido a los conflictos que habían surgido ese día entre Humberto Roggero y el juez. A esto se agregaba un cambio de la estrategia judicial sugerida por el propio fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Fungairiño, quien les había aconsejado reabrir la causa en un juzgado ajeno a Garzón, un magistrado enemigo declarado de los intereses del propio Fungairiño. "Mi único objetivo era instalar la causa, y lo conseguí después de estar durante cuatro años golpeando puertas. Esto fue gracias a Humberto Roggero y el juez Garzón, más allá de las diferencias que los separan", dijo a este diario. Molfino se convirtió en querellante en la causa que investiga el asesinato de su madre, y tambien se ofreció como testigo en la misma, y por esa razón fue citado ayer por el juez. La activación de esta causa le permitirá a Garzón consolidar su competencia. "Garzón supo leer en la profundidad de nuestros objetivos", aseguró Molfino, que regresó ayer a Buenos Aires junto a la misma comitiva peronista con la que llegó el lunes pasado a España.
Por Norberto Bermúdez Desde madrid
El affaire de los pinchazos telefónicos cometido por los servicios de inteligencia en la sede de Herri Batasuna --brazo político de ETA-- y el pase a la final de la Copa de Europa del Real Madrid no fueron siquiera rozados en su condición de principales titulares por el paso escandaloso de los legisladores del PJ. Por la noche, Canal Plus publicó declaraciones del diputado Carlos Soria, a la salida de la entrevista que mantuvieron con el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal. Según El País, unas declaraciones de Soria sobre el caso Molfino "destapaban la verdadera intención de la visita a Madrid de los diputados peronistas". Refiriéndose al juez, Soria dijo: "Es un chanta al que vamos a reclamarle que respete el derecho a la territorialidad argentina y que no pretenda investigar lo que sucedió a 12 mil kilómetros si no es capaz de resolver lo que ocurrió a las puertas de su juzgado". Soria carece de información: en 1980, cuando apareció muerta Noemí Esther Gianetti de Molfino, Garzón ni siquiera vivía en Madrid. En tanto, ayer fuentes del juzgado de Baltasar Garzón explicaron los argumentos legales que sostenían la orden de citación al diputado Roggero. De no mediar la intervención del Supremo Tribunal, al no acudir a la cita con el juez, Humberto Roggero podría haber sido acusado del delito de encubrimiento, estipulado en el artículo 451 del CP español, que en sus apartados 2 y 3.a dice que "será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años el que con conocimiento de la omisión de un delito de genocidio y de terrorismo, oculta los instrumentos de los mismos para impedir su descubrimiento". El diputado peronista iba a ser interrogado por Garzón sobre la existencia de la lista con supuestos colaboradores civiles de la última dictadura militar que admitió poseer. Además, el artículo 420 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española --equiparable con nuestro Código de Procedimiento Penal-- establece que aquella persona que fuera citada por la autoridad judicial y no concurriera al primer llamado o se negara a prestar declaración testimonial, puede ser sancionada con una multa de hasta 150 dólares. Si persistiera en tal actitud, la persona citada debe ser conducida por la fuerza pública a la presencia del juez instructor, quien además le deberá iniciar un proceso penal por un delito de denegación de auxilio a la Justicia, previsto en el artículo 556 del Código Penal.
LA CAUSA QUE INVESTIGA EL GENOCIDIO NO SE DETIENE OTRO EMPUJONCITO PARA BUSSI Por Silvia Pérez Desde Madrid
Además de este caso, Robles en representación de Jorge Villa Izola denunciará la desaparición de su hermano, el pintor salteño Efraín Villa Izola, detenido en Bolivia en julio de 1976, entregado a los gendarmes argentinos en La Quiaca y posteriormente trasladado al centro clandestino de detención de Automotores Orletti para nunca más saber de él. El "Chino" Robles tiene una larga trayectoria como defensor de los derechos humanos y es uno de los denunciantes en la causa abierta por enriquecimiento ilícito contra Antonio Bussi. En diálogo con Página/12, Robles comentó que "el caso de la familia Forti es uno de los más conocidos por las circunstancias en que se produjo la detención de la familia al completo. En 1976 la familia Forti subía a un avión en Ezeiza con destino al exilio en Venezuela cuando un comando abordó el vuelo y detuvo a todos sus integrantes, a la vista de los pasajeros". "Por órdenes del 3er Cuerpo del Ejército y concretamente del general Bussi, Azucena de Forti, militante de derechos humanos del PJ, es trasladada a Tucumán y fue vista por última vez en el centro clandestino de detención de Arsenales". En cuanto a sus tres hijos y su marido, fueron repartidos en distintas cárceles ilegales en Buenos Aires y mucho tiempo más tarde liberados. Uno de sus hijos, Alfredo Forti, vive actualmente en los Estados Unidos, fue funcionario de la ONU y ha retomado la lucha por el esclarecimiento del paradero de su madre. Hace dos meses denunció su caso en Norteamérica, iniciando una causa contra Bussi y en la que los abogados querellantes han pedido su extradición, basándose en los antecedentes jurídicos existentes sobre la extradición de Suárez Mason en la que colaboró la Justicia estadounidense. Por otra parte, este caso será presentado en Tucumán próximamente en un acto académico y político con la presencia de integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al que asistirán también docentes de la Universidad de Harvard interesados en conocer los aspectos internacionales de este caso por su gravedad. En esa oportunidad, se presentarán fundamentos y se analizarán los efectos de la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
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