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ESCANDALO TRAS LA CONDENA A TRES SKINHEADS POR RACISTAS

"HABRÍA QUE PONERLES OTRA BOMBA"

Tres cabezas rapadas fueron condenados a tres años de prisión por golpear a un joven creyéndolo judío. Al escuchar el fallo, sus familiares insultaron a los jueces y a un dirigente judío.

Papá Paszkowki y condenado Andrés Pablo: un abrazo de despedida antes de ir esposado a la cárcel.

Los tres años de condena a los skinheads deberán ser de cumplimiento efectivo.

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Por Horacio Cecchi

t.gif (67 bytes) Con una coherencia aplastante e indiscutible, la realidad fundamentó el fallo del Tribunal Oral Federal Criminal 3, que condenó a Andrés Pablo Paszkowki, Orlando Romero Da Silva y Luciano Federico Griguol a tres años de condena de cumplimiento efectivo, por integrar una patota de veinte skinheads que amasijaron a golpes a Claudio Salgueiro, creyéndolo judío, en la madrugada del 1º de julio de 1995. En el preciso momento en que el presidente del tribunal, Carlos Andina Allende, leía el veredicto, de los riñones de María Alicia Wojtal, la madre de Paszkowki, una columna incontenible, brotó un "¡Esto es una farsa, jueces corruptos, los voy a matar a todos!". En un segundo, el resto de los familiares y amigos de los acusados estalló en gritos y amenazas. La madre de Da Silva, parada sobre una silla le gritaba al abogado de la AMIA, Rogelio Cichowolsky, "¡Lo de la AMIA fue poco, habría que ponerles otra bomba!", mientras en la pequeña sala retumbaban insultos como "¡Judíos de mierda!" y "¡A los jueces de la Nación hay que colgarlos a todos!".

Andina Allende y sus colegas, Gustavo Larrambebere y Guillermo Pons, no se quedaron a escucharlos. Se retiraron de inmediato de la sala, dispusieron un cuarto intermedio y ordenaron el desalojo del séptimo piso de Comodoro Py 2002 que, a esa altura, parecía un congreso de skinheads en pie de guerra en la plaza Noruega, de Ciudad de la Paz y Mendoza.

En la sala de audiencias no había bolivianos, ni peruanos, ni paraguayos. Quedaban los judíos que, personalizados por Cichowolsky, recibieron todo tipo de amenazas. Cichowolsky, que durante los tres días de juicio estuvo presente para solidarizarse con la víctima, Claudio Salgueiro, dijo a este diario que "fue bochornoso, no se puede creer, estamos a un paso del 2000 y tenemos que vivir estas actitudes cavernarias. Esto que pasó no hizo más que confirmar que la identidad que ellos durante todos estos días estuvieron intentando ocultar, era realidad".

Al largo repertorio de los skinheads se agregaron, a partir de ayer, los jueces y los medios de prensa. Lo que durante los dos días anteriores se escuchó sólo como un rumor rumiado, también quedó mezclado entre los gritos: "¡El periodismo manejó todo esto, este juicio es una farsa!", se escuchaba, mientras la madre de Paszkowki seguía sin insinuaciones, de pie, asegurando una vendetta polaca, seguida de cerca por su marido. El chico Paszkowki, visiblemente alterado, también dejaba escapar algún insulto.

A los pocos minutos, 13 policías uniformados y dos de civil desalojaron por completo la sala y luego el séptimo piso. El periodismo, Cichowolsky y los miembros de la APDH aguardaron fuera de los tribunales, mientras que, restituida la calma, los tres jueces regresaron para continuar con la lectura del veredicto. A solas, con los tres acusados, sus defensores y el fiscal. Entonces, Andrés Paszkowki, Luciano Griguol y Orlando Da Silva confirmaron lo que sospechaban: que los tres años de condena de cumplimiento efectivo significaba que apenas finalizado el acto serían esposados y trasladados a la Alcaidía, con destino a la cárcel de Caseros, hacia donde partieron a las 22.15, exactamente doce horas después de haber empezado una audiencia que difícilmente vayan a olvidar. También, que la decisión se tomó vinculando la Ley Antidiscriminatoria y el artículo 80, inciso 4, sobre discriminación racial y que el Tribunal ordenó a la Cámara Nacional de Apelaciones investigar a los skinheads en todo el país (ver aparte). El fallo determinó, además, que la mujer de Andrés Paszkowki, Verónica Ricci, su hermana Wanda, y el matrimonio amigo, Marcela Navarra y Ezequiel Mancuzzi, que habían asegurado haber cenado pizza y visto dos videos junto al acusado en su casa, el día de la paliza, fueran procesados por falso testimonio.

Poco después, Guillermo Lozano, de la defensoría oficial, representante de Da Silva y Griguol, asomó en la escalinata de Comodoro Py 2002 para asegurar, en una virtual conferencia de prensa a la intemperie, que había pedido al tribunal que disponga las medidas especiales "para preservar la integridad física" de los condenados en Caseros. Dijo, además, que apelará el fallo ante la Cámara Nacional de Casación Penal. Y lamentó lo ocurrido.

Atrás habían quedado el testimonio de Mario Alberto Luna, el ex abogado de Paszkowki, que mantuvo una relación de más que amigos con la hermana de su ex cliente, el alegato del fiscal, y el de los dos abogados defensores, Carlos Olita y Lozano, que coincidieron en pedir la incompetencia del tribunal. Así también empezó la lectura del veredicto: rechazando la incompetencia. Después siguieron los tres años de condena y vinieron los skinheads.

 


SKINHEADS BAJO LA LUPA

La Cámara Nacional de Apelaciones deberá investigar "a los integrantes de la agrupación conocida como skinheads o cabezas rapadas" por violación a la ley 23.592 o Ley Nacional Antidiscriminatoria. La orden fue dada por el Tribunal Oral 3 y no fue resultado del jaleo posterior a la lectura de la sentencia, sino que ya había sido redactado en el fallo interrumpido.

En la sentencia, que condena a tres años de cumplimiento efectivo a Paszkowki, Da Silva y Griguol, el tribunal consideró que, de acuerdo a los datos obtenidos por la SIDE y la Policía Federal, existen suficientes fundamentos para "investigar la supuesta comisión de los delitos previstos y reprimidos por la ley 23.592 a la agrupación de origen germano y extracción neonazi, conocida en Europa como skinheads y traducida en la Argentina como cabezas rapadas".

Por la tarde, el fiscal Miguel Angel Romero había solicitado al tribunal penas de 4 años y 6 meses para Paszkowki, y de 4 años para Griguol y Da Silva. En sus fundamentos, consideraba necesario apartarse de la aplicación de la ley Antidiscriminatoria, porque su artículo 2 coincidía en todo con el artículo 80, inciso 4, del Código Penal, que también castiga el odio y la persecución racial, pero cuya pena mínima es más alta: de 1 año y 4 meses pasa a tres años. Justamente, el pedido de no aplicación de la 23.592, una ley federal, fue lo que motivó a la defensa a solicitar la incompetencia. Romero sostuvo que el delito por el que se los juzgaba no había cambiado, sólo su calificación, por lo que no corresponde el planteo.

 

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