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"HABRÍA QUE PONERLES OTRA BOMBA"
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Por Horacio Cecchi
Andina Allende y sus colegas, Gustavo Larrambebere y Guillermo Pons, no se quedaron a escucharlos. Se retiraron de inmediato de la sala, dispusieron un cuarto intermedio y ordenaron el desalojo del séptimo piso de Comodoro Py 2002 que, a esa altura, parecía un congreso de skinheads en pie de guerra en la plaza Noruega, de Ciudad de la Paz y Mendoza. En la sala de audiencias no había bolivianos, ni peruanos, ni paraguayos. Quedaban los judíos que, personalizados por Cichowolsky, recibieron todo tipo de amenazas. Cichowolsky, que durante los tres días de juicio estuvo presente para solidarizarse con la víctima, Claudio Salgueiro, dijo a este diario que "fue bochornoso, no se puede creer, estamos a un paso del 2000 y tenemos que vivir estas actitudes cavernarias. Esto que pasó no hizo más que confirmar que la identidad que ellos durante todos estos días estuvieron intentando ocultar, era realidad". Al largo repertorio de los skinheads se agregaron, a partir de ayer, los jueces y los medios de prensa. Lo que durante los dos días anteriores se escuchó sólo como un rumor rumiado, también quedó mezclado entre los gritos: "¡El periodismo manejó todo esto, este juicio es una farsa!", se escuchaba, mientras la madre de Paszkowki seguía sin insinuaciones, de pie, asegurando una vendetta polaca, seguida de cerca por su marido. El chico Paszkowki, visiblemente alterado, también dejaba escapar algún insulto. A los pocos minutos, 13 policías uniformados y dos de civil desalojaron por completo la sala y luego el séptimo piso. El periodismo, Cichowolsky y los miembros de la APDH aguardaron fuera de los tribunales, mientras que, restituida la calma, los tres jueces regresaron para continuar con la lectura del veredicto. A solas, con los tres acusados, sus defensores y el fiscal. Entonces, Andrés Paszkowki, Luciano Griguol y Orlando Da Silva confirmaron lo que sospechaban: que los tres años de condena de cumplimiento efectivo significaba que apenas finalizado el acto serían esposados y trasladados a la Alcaidía, con destino a la cárcel de Caseros, hacia donde partieron a las 22.15, exactamente doce horas después de haber empezado una audiencia que difícilmente vayan a olvidar. También, que la decisión se tomó vinculando la Ley Antidiscriminatoria y el artículo 80, inciso 4, sobre discriminación racial y que el Tribunal ordenó a la Cámara Nacional de Apelaciones investigar a los skinheads en todo el país (ver aparte). El fallo determinó, además, que la mujer de Andrés Paszkowki, Verónica Ricci, su hermana Wanda, y el matrimonio amigo, Marcela Navarra y Ezequiel Mancuzzi, que habían asegurado haber cenado pizza y visto dos videos junto al acusado en su casa, el día de la paliza, fueran procesados por falso testimonio. Poco después, Guillermo Lozano, de la defensoría oficial, representante de Da Silva y Griguol, asomó en la escalinata de Comodoro Py 2002 para asegurar, en una virtual conferencia de prensa a la intemperie, que había pedido al tribunal que disponga las medidas especiales "para preservar la integridad física" de los condenados en Caseros. Dijo, además, que apelará el fallo ante la Cámara Nacional de Casación Penal. Y lamentó lo ocurrido. Atrás habían quedado el testimonio de Mario Alberto Luna, el ex abogado de Paszkowki, que mantuvo una relación de más que amigos con la hermana de su ex cliente, el alegato del fiscal, y el de los dos abogados defensores, Carlos Olita y Lozano, que coincidieron en pedir la incompetencia del tribunal. Así también empezó la lectura del veredicto: rechazando la incompetencia. Después siguieron los tres años de condena y vinieron los skinheads.
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