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LOS COLORES DEL DINERO
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| Por Ernesto Tenembaum  Santa Sylvina es un
pequeño pueblo del sur del Chaco, de aproximadamente once mil habitantes. Esta semana
fue, junto con la ciudad correntina de Goya, uno de los epicentros de la inundación que
afecta al Noreste del país. En los últimos dos años, Santa Sylvina recibió sesenta y
cuatro mil pesos de ayuda del Ministerio del Interior, un promedio que apenas supera los
cinco pesos por habitante. Que ese dinero es poco se refleja en que otros municipios del
Chaco, como La Eduvigia o Fuerte Esperanza recibieron muchísimo más: 210 pesos por
habitante en el primer caso y 165 en el segundo. Hay un dato que explica las diferencias.
El intendente de Santa Sylvina, Luis Szabó, es radical, como también lo son los de
Coronel Du Grati o Villa Angela, otras dos de las localidades más inundadas, que
recibieron 5,5 y 4,5 pesos por habitantes. En La Eduvigia o Fuerte Esperanza, en cambio,
ganó el peronismo. Ante la misma necesidad, un trato distinto.
Página/12 accedió a los datos de todo el dinero que recibieron los municipios chaqueños en concepto de Aporte del Tesoro Nacional (ATN), un fondo que el Ministerio del Interior maneja sin control y con discrecionalidad. Los datos reflejan de una manera impresionante la utilización política de los 300 millones de dólares de ATN que maneja el Poder Ejecutivo. Mientras esto sucede, el Ministerio del Interior aún le adeuda a Chaco, gobernada por el radical Angel Rozas, un millón de los dos millones novecientos mil pesos de ATN que prometió para ayudar a enfrentar los daños producidos por la inundación de febrero de 1997. Los dieciséis municipios que más ATN recibieron en 1996 y 1997 son justicialistas. Además de La Eduvigia y Fuerte Esperanza, desde el Ministerio del Interior se privilegia a Isla del Cerrito (159 pesos por habitante), Ciervo Petiso (100,25), Lapachito (89,70), Cote Lai (66,31), Nueva Pompeya (61,97), Capitán Solari (55,45), Chorotis (52,81), Pampa Almirón (46,42), Puerto Bermejo (43,88), Colonia Benítez (34,47), Villa Río Bermejito (30,77), Los Frentones (27,49), Miraflores (24,78), Margarita Belén (20,96). Los municipios más discriminados son todos radicales, se inunden o no. El Sauzalito recibe 15 pesos por habitante, Roca 13, Colonias Unidas 12,53, Taco Pozo 12,06, Santa Sylvina 5,70, Charata 5,36, Fontana 4,71, Villa Angela 4,47 y Tres Isletas 3,77. Estos son sólo algunos de los municipios, y hay un contado número de excepciones, entre ellas Resistencia, una intendencia del PJ que recibe fondos como si fuera un municipio radical. Pero el patrón es el que se refleja en el cuadro que acompaña esta nota. Estos números se agregan a un contexto que no contribuye a aliviar la responsabilidad del Gobierno central. Desde hace por lo menos seis meses, el gobernador aliancista Angel Rozas ha insistido repetidas veces al ministro del Interior, Carlos Corach, para que el Gobierno central le entregue el millón de pesos, en ATN, que le adeuda de lo prometido para ayudar a reparar los daños producidos por la inundación de febrero de 1997. La última vez fue en la reunión previa al encuentro que mantuvo la conducción política del Chaco con el presidente Menem en la quinta de Olivos la semana pasada, precisamente, para analizar la situación de emergencia que se vivía en la provincia, una de las más pobres del país. El jueves, durante una reunión con los intendentes justicialistas a los que el Gobierno central había convocado para que apoyen el proyecto de la re-reelección, Corach se permitió una broma muy festejada. "Hace dos meses, una delegación de intendentes le regaló al Presidente un loro que habla. Lo único que decía era ATN. Ya van a llegar". Los ATN son uno de los principales instrumentos que pretende utilizar el presidente Menem para construir su estrategia de contacto directo con los municipios. Los intendentes peronistas de todo el país, que conocen estas reglas, ya han comenzado a manifestarse en favor de la re-reelección. Los de la provincia de Buenos Aires no, porque dependen más de los fondos que llegan de la ciudad de La Plata. En cualquier caso, la magnitud de la ayuda tiene una relación directa con el comportamiento político del jefe del distrito. La utilización de los planes sociales con criterio político es una constante en el Gobierno central, que se refleja cada vez que alguien analiza seriamente los números. Por ejemplo, tanto los ATN que maneja Carlos Corach, como los fondos del Programa Alimentario Nutricional Infantil que distribuía Eduardo Amadeo, como los subsidios del Plan Trabajar que se reparten desde el Ministerio de Trabajo han beneficiado de una manera absolutamente desproporcionada a la provincia de La Rioja, donde nació el Presidente de la Nación. No hay manera de explicar esos números según un criterio social. El Gobierno argumenta que la ayuda social siempre se distribuyó con un criterio político que castiga a los adversario y ayuda a los amigos. No lo demuestra con números pero, aun si ello fuera cierto, las dramáticas imágenes que llegan del Noreste deberían obligar a rediscutir esa tradición. Por lo demás, los ATN del Ministerio del Interior ya han sufrido objeciones porque en distintos lugares del país han permitido negocios millonarios para amigos del Gobierno que, a través de empresas propias o de fundaciones, se han beneficiado política o económicamente de la discrecionalidad con que se manejan esos trescientos millones. En ningún momento los funcionarios responsables creyeron necesario discutir la información publicada.
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