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Por Cledis Candelaresi
Los últimos capítulos de la batalla que el Gobierno libra con la Justicia fueron abiertos por una denuncia de Castro, en la que advertía que se estaba a punto de entregar los primeros aeropuertos sin que aún estuviera constituido el ente regulador. La diputada decidió acudir al juzgado de Silva después de constatar, el 21 de marzo pasado, que el Orsna era casi una entelequia: en su asignada sede de Paseo Colón 185 --último domicilio de la sede principal de la Aerolínas Argentinas estatal-- sólo eran visibles los carteles de Amadeo Riva Construcciones --casualmente, accionista de AA privada y del consorcio adjudicatario--, a cargo de la refacción del lugar. El juez ordenó suspender la entrega de los aeropuertos hasta que el órgano tenga un presupuesto asignado, comience a funcionar en su domicilio legal e integre a representantes de usuarios y de las provincias. Según aseguraron anoche fuentes de la Jefatura a este diario, el Gobierno ya habría cumplido con esas condiciones, salvo la última. "Es un problema de los gobernadores, que no nombran a su representante", dijo. Mientras hacían esas supuestas correcciones, Jefatura y Barra recurrieron por escrito la orden de Silva, quien ayer la ratificó. La consecuencia de esta ratificación es que aún no puede ponerse fecha cierta a la entrega de estaciones, que comenzaría con Ezeiza, Aeroparque y Pajas Blancas (Córdoba). Estos tres aeropuertos, los más atractivos del sistema, deben estar en manos de Eduardo Eurnekian antes de fin de mayo. Ayer resultó difícil hallar una respuesta oficial, ya que el secretario de Transportes, Armando Canosa, remitía a Barra. Este, a su vez, prefería no opinar ante la prensa. Finalmente, Jefatura se avino a responder a través de su vocero un escueto "se va a acatar la orden de la Justicia". El temor a hablar quizás esté motivado en la sucesión de contrariedades. Canosa, por ejemplo, está siendo investigado por el juez Carlos Liporaci por supuesta defraudación e incumplimiento de deberes de funcionario público. La denuncia también fue promovida por Castro, después de que el secretario aceptó, entre otras pretensiones de Eurnekian, la de prendar las acciones del consorcio para financiar el plan de inversiones. Pero una tormenta aún más fuerte podría desatarse si Silva Garretón atiende otras de las fallas denunciadas ante su juzgado el 6 de abril. El artículo 9 del decreto privatizador admite ofertas que "incluyan la sustitución o construcción de nuevos aeropuertos", sin establecer ningún tipo de especificaciones para esa posible obra. Según la denunciante, esto configura una "contratación directa" que ni siquiera cumple las normas previstas para hacerlas. Por lo tanto, viola, simultáneamente, la ley de Concesión de Obras Públicas, de Consultoría, de Inversión Pública, y hasta la Convención Interamericana Contra la Corrupción, a la que Argentina adhiere.
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El juez Martín Silva
Garretón rechazó ayer un "recurso de reposición" interpuesto por la Jefatura
de Gabinete y Rodolfo Barra --en su calidad de presidente del Organo Regulador del Sistema
Nacional de Aeropuertos, Orsna--, presentada con la finalidad de que el magistrado dejara
sin efecto su decisión de suspender la entrega de las estaciones aéreas al consorcio
ganador (liderado por el grupo Eurnekian), hasta tanto el Orsna se constituya a
satisfacción de la Justicia. Pero este nuevo traspié judicial del Gobierno es casi una
anécdota en relación al disgusto que puede sufrir si Silva decide hacer lugar a otro de
los temas denunciados por la diputada frepasista Alicia Castro, al ampliar su
presentación original. Según esa extensión, el decreto privatizador violó varias leyes
vigentes, permitiendo que las ofertas incluyeran "la sustitución o construcción de
nuevos aeropuertos" sin establecer una sola condición para hacerlo. Esta
habilitación es la que permitiría, por ejemplo, erigir la aeroísla.