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SE VIENE EL DESFILE DE REPRESORES
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 La lista no termina en Eduardo
Massera, Alfredo Astiz y Jorge "Tigre" Acosta: una nueva decisión judicial abre
las puertas para que desfilen por los tribunales los responsables y ejecutores de
violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar. Con idéntico
criterio al que aplicó la Cámara Federal porteña para reabrir la causa ESMA --el
derecho de los familiares a saber la verdad de lo que ocurrió con sus desaparecidos--, la
Cámara Federal de La Plata resolvió ahora retomar las investigaciones sobre centenares
de crímenes cometidos en una de las jurisdicciones donde la represión ilegal fue más
feroz. La pesquisa podría tener derivaciones inesperadas, como la aparición de nombres
de represores hasta ahora perdidos en el fárrago de expedientes que quedaron en la nada
debido a las leyes del perdón. Y cuenta con la ventaja de una promesa del ministro de
Justicia bonaerense, León Arslanian: la apertura de los archivos policiales que datan de
la época en que el ex general Ramón Camps fue amo y señor de La Plata y sus zonas de
influencia.
Como la investigación sobre lo ocurrido en la ESMA, la que iniciará la Cámara Federal de La Plata se basa en la clara premisa de que las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y el indulto presidencial, impiden todo castigo a los responsables de la represión ilegal. Pero reafirma el debate sobre aquellos crímenes, reinstalado en los últimos meses por distintos canales: el juicio por genocidio que instruye en España el juez Baltasar Garzón, la reciente derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida --aun cuando esa medida no tenga efectos prácticos--, o las investigaciones sobre las cuentas abiertas en Suiza por los militares con dinero que, se sospecha, pudo provenir de los bienes robados a las víctimas. La resolución de la Cámara platense respondió a una presentación realizada por la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) de La Plata, que hicieron propia nueve familiares de desaparecidos. Sin disidencia alguna, los nueve jueces del tribunal platense reconocieron el derecho de los familiares de las víctimas al duelo y a saber la verdad sobre la suerte que corrieron sus desaparecidos, aunque cada uno fundamentó su propio voto al respecto con distintas palabras (ver aparte). Ese derecho es "incuestionable e imprescriptible", según la definición de uno de ellos, Alberto Durán. Los camaristas se remitieron, además, a los fundamentos de sus colegas porteños cuando en julio de 1995 decidieron la reapertura de la causa ESMA, entre ellos un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 1992. Ese informe fue el que declaró que las leyes del perdón y el indulto presidencial eran violatorios de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La CIDH recomendó entonces al gobierno argentino la adopción de las "medidas necesarias para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos". Ya no por unanimidad, sino por mayoría, la Cámara resolvió hacerse cargo de la pesquisa, que implica reclamar a las cámaras federales de Capital y de San Martín expedientes sobre violaciones a los derechos humanos y hábeas corpus presentados en favor de desaparecidos que originalmente fueron iniciados en jurisdicción de los tribunales de La Plata. Así, la Cámara Federal porteña deberá remitir a su par platense la llamada Causa Camps, que investigó todo el circuito de la represión ilegal diseñado por el ex general como jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. En 1985, esa investigación quedó en manos del tribunal porteño por estar íntimamente ligada con la llamada Causa 13, pilar del juicio a los ex comandantes, y también con la que investigó los crímenes cometidos en el Primer Cuerpo de Ejército, a cargo del ex general Guillermo Suárez Mason (de quien dependió Ramón Camps). Del mismo modo, la Cámara Federal de La Plata reclamó a su par de San Martín que le remita todos aquellos casos de crímenes ocurridos en La Plata y sus zonas aledañas que hayan quedado sin investigar en la causa sobre la represión ilegal en Campo de Mayo, que también fue originaria de La Plata, pero que en 1987 pasó a jurisdicción de San Martín, cuando se creó esa Cámara Federal. La investigación que iniciará la Cámara de La Plata abarca los casos de más de dos mil desaparecidos e involucra a represores tales como el ex comisario Miguel Etchecolatz y el ex médico de la policía bonaerense Jorge Bergés. Según la APDH, al investigar en su momento esas causas, la Cámara platense sólo había tomado "las denuncias más importantes" para llevarlas a juicio, en tanto que muchos casos "fueron archivados y nunca investigados", por lo que la reapertura de la pesquisa podría dar lugar a que salgan a la luz nombres de represores que hasta ahora pasaron inadvertidos. El camarista Leopoldo Schifrin explicó a este diario que "el trabajo no será fácil porque obliga a la búsqueda y revisión de cientos de hábeas corpus y expedientes". Pero también dijo que la investigación encuentra "una perspectiva interesante" en la promesa del ministro de Justicia bonaerense de abrir los archivos policiales durante la época de Camps, que también podrían dar lugar a la aparición de datos desconocidos hasta el momento. Esa decisión fue comunicada días atrás por Arslanian a la mesa ejecutiva de la APDH.
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