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ROQUE PUSO LA FIRMA Y AHORA EL PROYECTO DE SUSANA VA EN AUTO

El Ministerio de Economía dejó de lado sus objeciones y avaló el impuesto sobre autos, barcos y aeronaves con el que se formará el Fondo especial propuesto por Educación. Si el Congreso aprueba, puede haber un aumento promedio de cien pesos por docente. Hoy se reúne un plenario de Ctera.

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Susana Decibe asegura que el gravamen deberá ser pagado por quienes tienen mayor capacidad contributiva.

En el Palacio Pizzurno se jactan de haberle torcido el brazo al ministro de Economía.


 Por Nora Veiras

t.gif (67 bytes) A pesar de sus resistencias a crear un fondo especial con asignación específica para aumentar los sueldos del magisterio, el ministro de Economía, Roque Fernández, estampó ayer su firma en el proyecto de creación del "Fondo Nacional de Incentivo Docente" que se financiará con un gravamen del 1 por ciento sobre autos, embarcaciones y aeronaves. En plena campaña re-reeleccionista, el presidente Carlos Menem sumará hoy su aval a la propuesta elaborada por la ministra de Educación, Susana Decibe. La discusión continuará en el Congreso. Los cien pesos de aumento promedio que recibirán los docentes, si se sanciona el proyecto, serán parte del orden del día del plenario de secretarios generales de la Ctera que se reunirá hoy. Mientras tanto, en la carpa blanca sigue el recambio de ayunantes.

La iniciativa, que adelantó Página/12 el martes pasado, establece "con carácter de emergencia por el término de diez años, a partir del 1º de enero de 1998" la creación del fondo con el que se prevé una recaudación de 700 millones de pesos. Las embarcaciones pagarán un piso mínimo de 50 pesos y las aeronaves, de 200 pesos. Por iniciativa de Economía quedaron exceptuados del impuesto los bienes afectados al transporte internacional de pasajeros y cargas, y los autos de diplomáticos, siempre y cuando haya reciprocidad con respecto de la medida en los países de los que procedan. Tampoco pagarán los autos propiedad del Estado. Otra de las modificaciones, incluida por Hacienda, fue no imputar al pago de bienes personales este nuevo gravamen: "Así tendrán que pagar más los sectores de mayor capacidad contributiva", explicaron en Educación.

A diferencia del proyecto original de Decibe que apuntaba a crear una carrera docente con la consiguiente modificación de los estatutos y la asimilación del magisterio a las condiciones de la Ley de Contrato de Trabajo, el texto que llegará al Congreso sólo se refiere a la regulación de las licencias. El Consejo Federal de Educación, integrado por los ministros de todo el país, tendrá que acordar los criterios básicos para "elaborar un régimen normativo que se aplicará a partir del 1º de enero de 1999 y regulará las licencias especiales, enfermedades inculpables, licencias ordinarias, sistemas disciplinarios y comisiones de servicio". Este será un punto central de la discusión: Educación sostiene que "por el uso de licencias indebidas, se pierden 400 millones de la masa total de 6500 millones de pesos que se emplean en el pago de salarios en todo el país". La reorganización administrativa de los sistemas educativos provinciales es otro de los puntos que condicionarán el desembolso de los recursos que manejará directamente la cartera educativa.

La propuesta prevé que la recomposición salarial llegue a los bolsillos de los docentes que están frente a alumnos y de directivos y supervisores en dos cuotas, una en abril y otra en octubre. Los cálculos juegan con 600 pesos en cada desembolso. Es claro que en abril ya no se concretará. En el Palacio Sarmiento celebraban ayer, porque "le torcimos el brazo a Roque (Fernández)", quien se resistía a cualquier tipo de gravamen de asignación específica para salarios docentes. En la subcomisión que impulsó el diputado peronista Eduardo Mondino, los gremios --incluida la Ctera-- se mostraron proclives a aceptar el proyecto. El titular de la Comisión de Presupuesto, Oscar Lamberto, apareció como el más crítico, pero si hasta el ministro Fernández lo avaló, en Educación se entusiasman con que "no ofrecerá más resistencias".

 


 

GARZON

t.gif (67 bytes) El juez Baltasar Garzón recibirá hoy a Antonio Cartañá, Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, quien le ofrecerá una vez más al magistrado español remitirle información del Registro Civil en donde se habrían anotado los falsos nacimientos, de los registros del cementerio y del Banco de Datos Genéticos del Hospital Durán, que existen bajo su jurisdicción en Buenos Aires. En este encuentro, el Ombudsman argentino le reiterará su apoyo político al proceso y establecerá una conexión directa con el juzgado de Garzón para establecer las posibles vías de intercambio de información más directas. A su vez, Cartañá se cerciorará si se envió comisión rogatoria alguna a su institución, ante el temor de que hayan sido obstaculizadas por las cancillerías de ambos países. En diciembre del pasado año, el juez Baltasar Garzón emitió una resolución judicial en donde aceptaba la colaboración ofrecida por la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires. En diálogo con Página/12, Cartañá aseguró que "como Defensor del Pueblo tengo facultades propias de investigación en las distintas instituciones públicas de mi jurisdicción".



ANUNCIO DEL SINDICALISMO OPOSITOR

SI TRATAN LA LEY, PARO

t.gif (67 bytes) La Mesa de Enlace del sindicalismo opositor convocó ayer a un paro nacional con movilización "para el día en que se intente aprobar" el proyecto de flexibilización laboral acordado por la CGT y el Gobierno. Durante una conferencia de prensa, los dirigentes sindicales anunciaron, también, que el 13 de mayo marcharán al Congreso para rechazar el proyecto oficialista y acompañar la presentación de su propia propuesta. "Nos da lo mismo" si la Alianza no nos respalda, aseguró Hugo Moyano, dirigente de los camioneros, y afirmó que "con o sin los sectores que nos apoyaron hasta ahora y que estuvieron junto a nosotros en el paro del 14 de agosto del año pasado, vamos a seguir adelante con nuestro plan de lucha".

El anuncio se realizó en un comunicado conjunto del Movimiento de los Trabajadores Argentinos, la Central de Trabajadores Argentinos, la Corriente Clasista y Combativa, el sector que responde a Lorenzo Miguel de las 62 Organizaciones y la Federación Universitaria Argentina. Los sindicalistas informaron que el 8 de mayo se reunirán los distintos grupos que componen la Multisectorial para definir un accionar común e invitar a participar a los demás sectores sociales, políticos y económicos.

En respuesta a lo adelantado por los líderes aliancistas, en el sentido en que votarían "en general" la reforma laboral propuesta por el oficialismo para dar luego el debate "en particular", Juan Manuel Palacios, titular del MTA, aseguró que "rechazará cualquier proyecto que profundice la flexibilidad laboral, que en el marco del ajuste exigido por el FMI, impulsan el Gobierno, la CGT, y ahora sectores de la oposición". En la conferencia también estuvieron presentes Víctor De Gennaro, titular del CTA, Marta Maffei, de CTERA, y el presidente de la Federación Universitaria Argentina, Pablo Javkin.

Palacios recordó que el anteproyecto alternativo que presentarán, que está avalado con un millón de firmas, promueve, entre otras cosas, "la estabilidad laboral de los trabajadores públicos y privados, aumento del salario mínimo vital y móvil, reducción de la jornada laboral sin merma de salarios, la plena vigencia de los convenios colectivos y una ley de financiamiento educativo". El mismo día en que los sindicalistas opositores marchen al congreso --el 13 de mayo-- el proyecto oficialista será tratado en el Senado y Antonio Erman González se reunirá en Washington con el titular del FMI, Michel Candessus.


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