PARA LOS INUNDADOS, NADA
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Por Miguel Bonasso Además de los 320 millones de créditos para inundaciones del Banco Mundial que no usó el Ministerio del Interior, existen otros 600 millones que tampoco empleó la Secretaría de Desarrollo Social y están vigentes desde hace tres años. La suma hace 920 millones de dólares, un guarismo que habla con elocuencia de la incuria e ineficiencia de las autoridades nacionales para atender, con fondos ya concedidos, una catástrofe anunciada que figura entre los principales reclamos sociales, según lo informa una encuesta de la propia Secretaría de Desarrollo Social (SDS), que data de 1993/94. Una investigación exclusiva de Página/12 pudo establecer que, en junio de 1995, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó a la SDS los créditos 830/OC-AR y 932/SF-AR que totalizan unos 300 millones de dólares, a los que se agregó una línea crediticia del BIRF (Banco Mundial) por otros 300 millones. En total, 600 millones de dólares disponibles hace tres años para financiar obras de infraestructura básica municipal, entre las cuales sobresalen las de "defensa contra inundaciones". Tres años más tarde, la Secretaría de Desarrollo Social, a cargo hasta hace pocos días de Eduardo Amadeo y hoy bastión político de Ramón Ortega, no concluyó ni siquiera empezó ningún proyecto vinculado al tema inundaciones. En este lapso (un tercio del gobierno Menem) sólo se utilizaron 70 millones de dólares de los 600 en unas 150 presuntas "obras"; denominación bastante laxa que en muchos casos está referida a simples adquisiciones, como la compra de camionetas, que pudieron haberse hecho a través de mecanismos más baratos como el "leasing" bancario. Poco más del 10 por ciento. Sin embargo la llamada "comisión de compromiso" que debe abonarse al Banco Mundial y al BID aunque no se usen los fondos acordados, fue --naturalmente-- sobre el total del préstamo. La incuria burocrática de la SDS tiene domicilio en el piso 19 del ex Ministerio de Obras Públicas, donde funciona la Unidad Ejecutora Nacional de la Secretaría, más conocida como "la UEN". La UEN, que tiene a su cargo la administración de estos préstamos, está a cargo del licenciado en Economía Alberto Bossolo. Tanto Bossolo como el propio Amadeo tuvieron en su poder una encuesta, realizada a fines del '93 y comienzos del '94 en 50 municipios de todo el país, destinada a identificar las principales demandas sociales insatisfechas. Los resultados no dejaron lugar a dudas: en primer lugar figuraba el problema del desempleo y en segundo lugar el tema acuciante de la "defensa contra las inundaciones". Sin embargo, dichos funcionarios no actuaron en consecuencia orientando el crédito hacia obras que hubieran podido evitar o al menos paliar las desastrosas consecuencias de las inundaciones. No asesoraron a los municipios en ese sentido. Y por eso no es de extrañar que en los 70 millones gastados no haya una sola obra referida a la prevención de las inundaciones. A pesar de que una de las razones fundamentales por las cuales el Banco Mundial y el BID otorgaron los tres préstamos era para el rubro "defensa de las inundaciones". El jueves 28 de diciembre de 1995, el coordinador de la UEN, Bossolo, recibió un elocuente papel de su segunda, Nélida Reynal, en el que ésta le advertía textualmente: "Alberto: Me llamó el Ing. (Rogelio) Camarasa (subsecretario de Vivienda) para manifestar la inquietud del Lic. (Eduardo) Amadeo sobre el desenvolvimiento del programa de financiamiento a municipios. Señaló que el Sr. Presidente anunció un desembolso de U$S 150 millones para el año 1996 y que ha llamado la atención una previsión presupuestaria de sólo U$S 24 millones. Además agregó el interés de otras áreas de gobierno por hacerse cargo del programa y la necesidad, en consecuencia, de producir rápidos resultados. Entiéndase desembolsos". El memo informal de la subcoordinadora Reynal, escrito en el Día de los Inocentes, no era una broma pero no produjo resultados concretos. Amadeo, que en esos días había mostrado un cierto grado de preocupación, dejó de interesarse o, simplemente, no ejerció la presión debida para que se utilizaran los 600 millones que ya estaban disponibles desde seis meses antes. Menos inocente aún es la evidencia de la descoordinación absoluta entre las distintas áreas de Gobierno que el episodio pone de manifiesto: ¿para qué Interior solicitó en 1996 el préstamo de los 320 millones de dólares si, desde un año antes, había 600 millones a disposición de la SDS, parte de los cuales estaban destinados para lo mismo y estaban muriéndose de risa? Enigmas de un gobierno que se jacta de haber modernizado al país y haberlo sacado del marasmo administrativo de la primera gestión democrática. Y otra pregunta de difícil respuesta: ¿para qué se piden entonces los créditos? Es sabido que el BIRF (Banco Mundial) y el BID son muy exigentes a la hora de prestar y que los trámites a cumplir son engorrosos, pero para los países eufemísticamente llamados "en vías de desarrollo" no existen casi fuentes internacionales de financiamiento alternativas a las de esas dos instituciones y la urgencia social que plantean los inundados torna más que exigible el esfuerzo de los burócratas. Que suelen llenarse la boca con la presunta inclusión del país en el Primer Mundo, pero se hacen justificados receptores de la crítica internacional. El miércoles Asis Faiz, el paquistaní encargado en nuestro país de los créditos del Banco Mundial para infraestructura, criticó "la burocracia del Ministerio del Interior" y adelantó a este diario que no tenía sentido "gestionar nuevos créditos" porque se podían utilizar "los que ya existen y no se usaron". Aunque no mencionó a la Secretaría desde la cual Palito Ortega va a intentar revivir las hazañas de un joven coronel de los años cuarenta, es evidente que aludía a estos fondos, cuya existencia destapa hoy Página/12.
Por José Natanson Ayer se sumó una nueva denuncia a la lista de irregularidades que se vienen detectando en el traslado de la ayuda social a los damnificados por las inundaciones del Litoral. La Justicia acusó al diputado del PJ chaqueño Juan Carlos Ayala, famoso por haber trompeado al ex ministro Domingo Cavallo, de haber desviado un camión con mercadería proveniente de la Secretaría de Desarrollo Social. El cargamento de alimentos, que partió de Resistencia con destino a la localidad de Roque Sáenz Peña, fue a parar a una casa particular, en donde permaneció acumulado durante varios días. Aunque Ayala aseguró que "la intendencia tenía conocimiento del traslado", desde la municipalidad negaron haber dado la orden. Todo comenzó con la denuncia de un vecino que vio cómo descargaban chapas, colchones y alimentos de un camión del municipio y los depositaban en una vivienda particular, ubicada en la calle Vicente López y Planes al 300, en la localidad chaqueña de Roque Sáenz Peña. Mientras los vecinos indignados esperaban en la puerta, la oficial de Justicia Alicia Aranda, con las cámaras de televisión como testigo, allanó el domicilio y descubrió que adentro se había depositado una enorme cantidad de mercadería identificada con el sello de la Secretaría de Desarrollo Social que comanda Ramón "Palito" Ortega. Gabriel Bayer es el hijo del camionero encargado de trasladar la mercadería y fue identificado por los vecinos como el responsable de la operación. --¿Quién le ordenó el traslado? --le preguntó el periodista de "Telenoche". --El diputado Juan Carlos Ayala. Ayala, un diputado chaqueño que entró en la Cámara baja en 1989 de la mano del presidente Carlos Menem, se hizo famoso en marzo de este año cuando se cruzó a los golpes con el ex ministro Domingo Cavallo. "Hice lo que a cualquier menemista comprometido le hubiera gustado hacer. Alguien tenía que frenar a Cavallo" --se justificó en su momento el diputado--. Ayer por la noche el diputado Ayala deslindó responsabilidades y culpó a Víctor Lapasini, el intendente de Acción Chaqueña, por la demora en la entrega. "No es la primera vez que realizamos este tipo de gestiones. En la intendencia estaban enterados del traslado. Nuestra gestión terminó cuando descargamos la mercadería, que recogimos en Resistencia, en la localidad de Roque Sáenz Peña", explicó. Pero desde la municipalidad negaron haber ordenado el envío. Jorge Ramos, encargado de Prensa, sostuvo en diálogo con Página/12 que "el municipio en ningún momento pidió el camión" y explicó que "de haber sabido que todo esto estaba en camino no hubiéramos ordenado la compra de 30 mil pesos en mercadería. El diputado miente", remató.
Por Maximiliano Montenegro El ministro Carlos Corach insiste en negar los evidentes atrasos en la aplicación del crédito por 320 millones de dólares del Banco Mundial y del Eximbank, aprobado en diciembre del '96, para "obras de protección de inundaciones" en las provincias hoy sumidas en el desastre. Para ello, habla confusamente de otros créditos y de otras obras, y apela, como siempre, a las lealtades políticas. En el fondo, esconde un invaluable instrumento de negociación política con los gobernadores. Página/12 viene publicando que el Gobierno había utilizado tan sólo 1,2 millones de dólares del préstamo 4117-AR, del Banco Mundial y el Eximbank, por 320 millones, cuyas obras deberían haberse iniciado en una buena proporción hace un año. Ayer, este diario reveló el listado de obras que podría haberse concluido en un año en Corrientes para atenuar el impacto social de la catástrofe: defensas en algunas de las principales ciudades, refugios y viviendas para los evacuados de las zonas rurales. Corrientes cumplió en tiempo record, en mayo del año pasado, con los requisitos legales del Banco (la aprobación de una ley provincial de endeudamiento). Pero, como denunció el diputado liberal Luis María Díaz Colodrero, no recibió ni un solo dólar para empezar las obras. "Me comuniqué telefónicamente con el gobernador de Corrientes y me ratificó que en esa provincia se terminó de ejecutar en junio de 1997 la totalidad de las obras del plan de inundaciones, con un desembolso de 30 millones de dólares, provistos en su gran mayoría por el Ministerio del Interior", dijo Corach. El ministro se refiere a otro préstamo y otras obras. Concretamente, a un crédito del año 1992 (el 3521-AR), de 170 millones en total, gestionado en un procedimiento de emergencia ante el Banco Mundial para enfrentar las inundaciones de ese año en siete provincias. El crédito que motivó la nota de este diario fue aprobado en diciembre del '96 por el Banco Mundial, pero el Ministerio del Interior recién cumplió con los requisitos legales, para "hacerlo efectivo", once meses después, el 21 de octubre de 1997. "Falta otra porción de obras que Corrientes sólo estuvo en condiciones de realizar en enero de 1998, porque le faltaba el aval del Eximbank a la provincia", afirmó Corach. Ahora sí, Corach está hablando del crédito correcto (el de diciembre del '96). Pero no es cierto que la provincia haya necesitado aval alguno del Eximbank. Una experto que manejó la operatoria del préstamo contó a este diario que "el Eximbank jamás pide avales a las provincias porque su contacto es con el gobierno argentino, en este caso representado por el Ministerio del Interior. Este Ministerio es el que tiene que cumplir con los requisitos legales porque es ejecutor del crédito", completó. Sus dichos son fáciles de corroborar: en el informe que publicó el Eximbank en marzo del año pasado (ver facsímil), explicando su rol de cofinanciador del BM, está claro que el préstamo es al "gobierno argentino" y no a las provincias. Estas, a su turno, deben firmar un convenio por un préstamo subsidiario con el Ministerio del Interior. "Todas las obligaciones que asume la Nación, en función de estos préstamos (internacionales) han sido cumplimentadas y se están empezando ya varias obras de este segundo tramo que la provincia estuvo en condiciones de concretar a partir de enero", agregó Corach. De nuevo, se refiere al crédito correcto. Pero, a menos que el ministro haya logrado que el BM y el Eximbank le firmen un cheque por fuera de la contabilidad oficial, hasta la semana pasado sólo se había desembolsado 1,2 millones de dólares del crédito para siete provincias. Y en su totalidad se gastaron en trabajos de consultoría. Eduardo Duhalde declaró ayer que le "cuesta creer" que Corach no haya utilizado el crédito de 320 millones en obras para inundaciones. Tal vez, porque él fue uno de los pocos gobernadores que no "calentó el banquito" en la antesala del secretario de Asistencia a las Provincias, Rodolfo Vacchiano, para negociar la firma del convenio con Interior, necesario para destrabar los desembolsos del Banco Mundial. Existen pruebas de que Corach mantiene retenidos por meses dichos convenios y sólo los aprueba después de negociar políticamente con el gobernador en cuestión. Corach también negó haber recibido una carta del intendente de Goya en setiembre pasado, en la que suplicaba el envío de 300 mil pesos en ATN para fortalecer las defensas de la ciudad que el ministro había prometido en febrero de 1997. "Es absolutamente falsa", disparó, fiel a su estilo. "Hay una interna correntina y la prueba es que la gente que está hablando es de la oposición al gobierno provincial", acotó, y se excusó de hablar de "temas politizados". Página/12 publicó ayer dos facsímiles. Uno: la carta de Jorge Galarza, el intendente del Partido Liberal, que en setiembre describía por tercera vez a Corach la desesperante situación que estaba viviendo la ciudad. El otro: la carta de su sucesor, Víctor Balestra, del oficialismo correntino, que había logrado que Corach le girara 150 mil pesos en enero y le reclamaba, en febrero del '98, el resto de la partida prometida un año antes. Esos fondos recién se acreditaron en las cuentas de la municipalidad esta semana. Ayer, en el programa de Román Lejtman, en la Rock & Pop, Galarza ratificó que le solicitó durante todo 1997 a Corach los recursos "para empezar los trabajos de refuerzo de las defensas de la ciudad". Y dio más detalles de las reuniones que mantuvo con Ricardo Mecca, el funcionario de Interior que maneja discrecionalmente la caja de los ATN, tratando de convencerlo, sin suerte, del desastre que se avecinaba en Goya.
EL TEMPORAL GOLPEO ENTRE RIOS Y SANTA FE. HUBO EVACUADOS EN BUENOS AIRES UN NIÑO QUE NO DEJA RESPIRO
Las inundaciones que el jueves el Gobierno describió como catastróficas se agravaron ayer una vez más: ahora les tocó lo peor a Entre Ríos y Santa Fe. Carlos Menem decidió partir vertiginosamente del pueblo de Perico, en Jujuy, donde inauguraba un gasoducto, para reunirse a media tarde en Reconquista con los gobernadores de las provincias afectadas para conocer el estado de situación. El Paraná sigue creciendo, y en algunos sectores supera en casi dos metros el nivel de alerta y en más de un metro el nivel que obliga a la evacuación. La capital entrerriana es ahora la más amenazada: sus defensas ya fueron vencidas. Del lado del río Uruguay, la zona más comprometida es la de Concordia, donde los 10,50 metros que marcan el nivel de alerta quedaron 3,18 metros debajo del agua. En el Litoral, los evacuados son 67 mil pero ya se sumaron los primeros 200 isleños bonaerenses. En San Pedro el río superó en 36 centímetros el nivel de evacuación y en Baradero en más de medio metro. Al sur, en la provincia de Chubut, otra inundación pero el mismo Niño, obligó a declarar la región en emergencia climatológica y a que Carlos Corach viaje de improviso. A las 16.50, Menem descendió del Tango 01 en la III Brigada de la Fuerza Aérea, en Reconquista, acompañado por Juan Carlos Romero, gobernador de Salta, y Carlos Ferraro, su colega de Jujuy. En la misma brigada el Presidente se reunió con Palito Ortega y los cinco gobernadores del Litoral. Durante el viaje desde Perico hasta Reconquista, pidió un par de botas, dispuesto a recorrer a pie algunas de las zonas afectadas. En las últimas horas El Niño parece haber amainado, aunque el Paraná sigue empujando. En Corrientes cesó la lluvia, pero el gobierno pidió a los 23 mil evacuados que no regresen a sus hogares hasta que el clima se calme. Sólo de la capital provincial hay 1500 personas albergadas en el centro Santa Catalina. La ciudad de Goya parece un plato hondo, rodeada de defensas y de agua. Allí, una draga levanta 30 metros de arena del lecho del río por día y los agrega a las defensas. En el nordeste de la provincia el panorama seguía agravándose por la crecida de los ríos afluentes. El Chaco pudo tomarse un respiro, después de la tormenta que azotó el jueves los alrededores de Resistencia, donde cayeron 230 milímetros. Hay 12 mil evacuados chaqueños, de los cuales la mitad está albergada en la ex planta Sasetru, en Puerto Vilela, donde la crecida tuvo uno de sus picos más altos. Ayer se registraron dos nuevas muertes: una en el Chaco, donde una mujer murió ahogada en un estero. La otra ocurrió en Formosa, donde un chico de 14 años murió electrocutado. Entre tanto, los pobladores de Du Graty y Santa Sylvina, al sur de la provincia, se mantenían junto a los boquetes abiertos en el terraplén que divide aguas, pueblos y amenaza con desatar hostilidades entre sumergidos. Los colonos chaqueños no están dispuestos a que sus vecinos santafesinos de Gato Colorado vuelvan a tapar los baches por donde se escurre el agua hacia Santa Fe. El gobernador santafesino, Jorge Obeid, intentó poner paños fríos al conflicto después de amenazar con pedir la intervención de la Gendarmería. Pidió calma y dijo que en realidad no sabía "si el terraplén sirve para algo o no, o si es una cosa emblemática que les hace creer a los chaqueños que les provoca problemas y a los santafesinos que se los resuelve". Ayer, Obeid recorrió terraplenes, pero no el del conflicto sino los de defensa de su capital provincial. En el puerto de Santa Fe el Paraná llegó a 7,05 metros, la cuarta marca más alta del siglo en ese lugar. Si bien la situación en la ciudad no es crítica como en el campo, los barrios ribereños seguían en problemas y sumando evacuados. En toda la provincia el número se mantuvo estable: 7465 personas. Enfrente, su vecina Paraná, capital de Entre Ríos, pasaba por una situación más grave. El agua superó las defensas e inundó toda la costanera, que quedó bloqueada al tránsito. La zona más golpeada fue la de los barrios Puerto Viejo y Puerto Sánchez, donde las bombas no daban abasto para desagotar el agua que traspasaba las grietas de la defensa. Medio centenar de personas ya había abandonado sus hogares, mientras el río seguía creciendo. La crecida del Paraná sumó una nueva socia a las provincias golpeadas por las actuales inundaciones. Doscientos isleños fueron evacuados, mientras en San Pedro, San Nicolás y Baradero el río pasaba por encima de la marca límite. Muy lejos de la enorme pileta en que se ha convertido el Litoral, en Chubut el gobierno provincial declaró la emergencia climatológica después del tremendo temporal que no amaina sobre Comodoro Rivadavia y otras zonas. Hoy, Carlos Corach tiene previsto viajar a esa ciudad y a Trelew. Las inundaciones provocadas por la lluvia afectaron a Trelew, Comodoro Rivadavia, Gaiman, Dolavon, Puerto Madryn y Esquel. Hacia allá tendrá que mirar también Palito Ortega.
EN UN RESPIRO DEL TEMPORAL, RESISTENCIA INTENTA SALVAR LO POSIBLE BUSCANDO ENTRE LOS RESTOS DEL NAUFRAGIO Por Carlos Rodríguez Desde Resistencia El barrio Las Malvinas está cada vez más parecido a su nombre: es una isla. Ayer, durante el día, el buen tiempo --sol, mucho calor, nada de lluvias-- permitió a los damnificados de esa zona de Barranqueras y también de otros barrios de Puerto Vilelas, retirar de sus casas, inundadas por la lluvia torrencial del jueves, las pertenencias que lograron poner a salvo. Muebles, heladeras, lavarropas, televisores, modestos equipos de audio, colchones y frazadas habían sido dejados lejos del suelo y bajo techo porque retirarlos en medio de la tormenta era imposible. A pulmón, cargando los trastos en carretillas o llevándolos largas cuadras a pulso, los pobladores recuperaron lo que se salvó del naufragio. El fugaz alivio climático se terminó abruptamente, entrada la noche, cuando Defensa Civil lanzó un alerta para evacuar en forma preventiva dos zonas del Gran Resistencia, al producirse filtraciones de agua por el desborde del cada vez más crecido río Negro, cuyo cauce atraviesa la capital de la provincia. En Sabín y Nicolás Avellaneda, cerca del hipermercado Libertad, a pocas cuadras del centro, el agua comenzó a llenar el pavimento. Algo similar ocurrió en el barrio "500 Viviendas", en Barranqueras, sitiado desde antes del temporal del jueves. La noche otra vez se reveló como una amenaza latente para la capital provincial. Los desbordes del río Negro se sumaron a la expectativa por la evolución del nivel de las aguas del Paraná, que en el puerto de Barranqueras oscila desde hace días entre los 20 y 25 centímetros por debajo de la marca máxima histórica de ocho metros. Defensa Civil pide a la prensa moderación en el manejo de los datos para "evitar el pánico", pero cualquier hijo de vecino sabe que si el Gran Río supera las defensas (previstas para soportar hasta ocho metros) "todos toman agua de parado". Los vecinos siguen quejándose por la falta de asistencia, pero más les duelen las burlas. Ayer al mediodía, en Las Malvinas, una vecina que vive solita con sus hijos pidió ayuda al equipo de socorro de la Fuerza Aérea con asiento en el aeropuerto. Dos de los diez miembros de la cuadrilla --todos uniformados-- iban y venían con el agua por la cintura cumpliendo estoicamente su misión de sacar los muebles de la casa. Los otros jugaban a ser graciosos. "Se ve que es algarrobo de primera calidad", fue el comentario con que recibieron la llegada de una cama muy modesta, fatigada por el uso. Y después fueron subiendo el tono, hasta imaginar "cómo iba a pagar el favor" la pobre mujer. Peor les fue a Julio Romero, Antonio Carrasco, Martín Peralta y Tránsito Carrasco. Junto con otros amigos en desgracia, recibieron una propuesta de la Municipalidad de Resistencia para traer 7000 chapas de fibrocemento desde Corrientes. A cambio recibirían algunas chapas de regalo que iban a usar para construir precarias viviendas en la banquina de la avenida Castelli, donde viven, hasta que el agua se retire de sus casas. Los llevaron en un camión de Gendarmería. Cargaron las chapas, las bajaron luego en Resistencia, frente a la Casa de Gobierno, y allí les dijeron que "después" les darían las chapas. Ni siquiera les pagaron el boleto de colectivo para regresar a sus hogares. En los galpones de la planta de Sasetru, en Vilelas, donde malviven 79 familias, hubo rebelión popular y a la media hora aparecieron las demoradas bolsas de alimentos. Mientras recorría los albergues y sabía del dolor de la gente, el jefe militar de la zona y responsable de Defensa Civil, teniente coronel Alberto Badel, le dijo a este diario que los inundados "se abusan y hasta piden que le traigan la comida a la casa". En otras zonas del Chaco, luego de darles la ración, a los damnificados les ponen un sello en la mano, como si fueran vacas, para que "no se hagan los vivos y pidan de más".
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