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 Un cadáver que
podría pertenecer al joven Pablo Cristian Guardati fue exhumado el martes del cementerio
de la ciudad de Mendoza. El cuerpo está siendo analizado por el Cuerpo Médico Forense de
esa provincia y próximamente será sometido a un análisis de ADN en Buenos Aires.
Guardati desapareció el 24 de mayo de 1992 tras haber sido detenido por personal policial
del destacamento de La Estanzuela, en el departamento de Godoy Cruz. "El cuerpo que encontraron es de sexo masculino y pertenecería a una persona de 20 a 25 años", informó ayer a Página/12 el abogado Carlos Varela, representante legal de la madre del joven desaparecido, Hilda Lavizzari. El joven tenía 21 años cuando fue visto por última vez. "No tenemos ninguna certeza de que sea el cuerpo de Pablo, pero hemos detectado una irregularidad: el cadáver estaba enterrado en un sector de tumbas NN y según los registros del cementerio correspondía a un hombre de 60 años. Pero el médico forense determinó que la persona no tenía más de 25 años al morir", agregó Varela. En los próximos días los restos exhumados serán trasladados a Buenos Aires donde serán sometidos a una prueba de ADN para determinar si realmente se trata de Guardati. "Los resultados finales podrían estar dentro de 30 días", precisó Varela. "Si los análisis que compararán el ADN de la madre del joven dan positivos nos permitiría seguir la pista de cómo fue trasladado del lugar donde murió. Implicaría que hubo un plan para sacarlo de la comisaría de La Estanzuela --donde se presume que estuvo detenido-- que involucraría a gente de más alta graduación que los cuatro agentes policiales que fueron imputados en el caso. Es evidente que aquí hubo maniobras de encubrimiento de civiles y policías", señaló el abogado. El cadáver encontrado no presentaba orificios de bala. Para el letrado, Guardati habría muerto como consecuencias de las torturas a las que habría sido sometido en la sede policial. Los únicos imputados en el caso fueron los agentes Walter Rubén Godoy, José Aracena y Walter Rolando Páez y el cabo Oscar Ramón Luffi, quienes prestaban servicios en la repartición de La Estanzuela la noche en que desapareció Guardati pero finalmente resultaron sobreseídos. Ninguno fue exonerado. Los cuatro siguen formando parte de la policía de Mendoza, a pesar del pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para que fueran dados de baja. La causa estuvo en manos de 9 jueces y derivó en 1992 en las renuncias de un ministro de gobierno provincial y dos cúpulas de la policía local. Actualmente el caso está a cargo del titular del séptimo juzgado de Instrucción, Gonzalo Guiñazú, quien ordenó la exhumación realizada el martes. Varela no quiso revelar quién aportó el dato para llegar hasta el cadáver. Algunas versiones señalaban que se trataría de un empleado del mismo cementerio. Tras investigar el caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que los familiares de la víctima debían recibir una indemnización por parte del Estado mendocino de 136.000 dólares. La orden de pago se encuentra actualmente a la firma del gobernador Arturo Lafalla. Guardati desapareció en la medianoche del 26 de mayo de 1992, mientras volvía de un baile en compañía de algunos amigos, en el barrio La Estanzuela. El grupo jugaba a tirarse piedras. Una de ellas golpeó al cabo Godoy, quien según los testigos se habría llevado detenido a Guardati. Nunca más se supo de él.
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