La justicia federal condenó al ente residual de Ferrocarriles a pagar 1.500.000 pesos a los familiares de los 8 chicos que murieron al ser arrollado por un tren el auto en el que viajaban. La tragedia ocurrió hace seis años y aún no se colocaron barreras.
Por Alicia Simeoni
La jueza federal N§ 2 de Rosario, Silvia Aramberri, condenó al ente residual de Ferrocarriles Argentinos a pagar alrededor de 1 millón 500 mil pesos a los familiares de las víctimas de un accidente ocurrido hace casi 6 años en Andino, cuando 8 chicos que tenían entre 10 y 12 años, murieron al ser arrollado por un tren el auto en el que viajaban. En el paso a nivel no había barreras y Ferrocarriles Argentinos había considerado que no había suficiente tráfico como para colocar una de ellas. Ante el fallo judicial el ente residual pretende que los familiares cobren en 1999. Los padres piden "que se termine esta tortura" y uno de ellos, Juan Inveninato y también el presidente comunal de Andino, Ricardo Dech, señalan que todo está igual: no se han colocado barreras pese a los reclamos realizados.
El 12 de mayo de 1992 en un paso a nivel sin barreras a la altura de Pueblo Andino, un convoy del Ferrocarril General Mitre proveniente de Tucumán embistió a un automóvil Ford Taunus en el que viajaban el conductor, Juan Carlos Lemos, y diez chicos que iban regularmente a Andino a jugar al fútbol. Los chicos murieron el mismo día. Lemos —papá de uno de los chicos— falleció el 25 de mayo.
En aquel momento el jefe de la seccional policial de Andino, Rubén Lacuadra, había dicho que era prematuro arriesgar hipótesis sobre el accidente "pero en principio hay que atribuirlo a que se trata de un paso a nivel sin barrera y a que a esa hora había niebla".
Puerto San Martín, Andino y San Lorenzo fueron recorridos por el dolor. Nueve de los niños viajaban permanentemente a esas prácticas y uno de ellos, Alfredo Wujkiw, había sido invitado en esa ocasión. Los otros eran Luciano y Fernando Niz, César Ojeda, Sergio y Daniel Sosa, Juan José Filacho, Luis Inveninato, Damián Mulé y Pablo Lembo, hijo del conductor que falleció el 25 de mayo, después de haber estado internado desde el accidente.
Ricardo Dech, el presidente comunal de Pueblo Andino había dicho seis años atrás que la empresa Ferrocarriles Argentinos había hecho un relevamiento a partir del que consideró que el tráfico no era lo suficientemente fluido en la zona como para justificar la colocación de barreras. "No se logró nada", dice ahora Dech, quien junto a otros presidentes comunales de la zona realizaron gestiones ante la empresa para tratar de ganar seguridad. "La comuna mantiene limpio de plantas ese lugar —agregó Dech a Rosario/12—, tratamos de mantener la zona despejada, estamos acondicionando una cruz de San Andrés y como se repavimentó la ruta 26 S de acceso al pueblo se pusieron nuevos carteles indicando la proximidad de la vía y pronto pondremos semáforos de precaución. Pero nunca logramos que se coloquen barreras, nunca hubo respuesta por parte de Ferrocarriles". Un comentario en el mismo tono surgió ayer de la seccional andinense.
Juan Inveninato, padre de Luis, estuvo ayer en los Tribunales Federales de Entre Ríos 435 con el abogado que patrocina a las familias de 8 de los 10 chicos fallecidos, Juan Carlos Gemignani (hijo). La jueza federal N§ 2, Silvia Raquel Aramberri, condenó a la empresa Ferrocarriles Argentinos al pago de 1 millón y medio de pesos, pero el ente residual de la empresa se presentó como parte en el juicio y eso demora la ejecución de la sentencia.
Justamente Inveninato dijo ayer que habían asistido a una audiencia de conciliación pero la empresa no se presentó. A la vez recordó que hubo un fallo en primera instancia de la jueza Aramberri en 1995 favorable a la presentación de los familiares de las víctimas que fue apelado por Ferrocarriles Argentinos y en noviembre de 1997 la Cámara Federal de Apelaciones confirmó el fallo de 1ª Instancia. Gemignani trabó embargo por el 10 por ciento de todos los remates muebles pertenecientes a la empresa y también sobre dos propiedades, una un edificio de tres pisos en Capital Federal y la otra, la estación terminal en Santa Fe.
Inveninato señaló la conformidad de los padres con la actuación de la jueza, pero habló de que los directivos de Ferrocarriles y del Ente Nacional de Bienes Ferroviarios "ponen palos en la rueda para que esto no pueda terminar cuanto antes y aunque nada nos devolverá la vida de nuestros hijos queremos que esta tortura finalice". La demanda presentada en su momento por el daño físico —150 mil pesos— y moral —50 mil—, y que tenía en cuenta la expectativa de vida de cada chico, fue fijada finalmente por la jueza en 150 mil pesos.