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LA JUSTICIA AUSENTE
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Por Raúl Kollmann  Los familiares de las víctimas
del atentado a la AMIA le informaron oficialmente a la Cámara Federal que acudirán a la
Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica para que "se
juzgue internacionalmente la conducta del Estado argentino" por no investigar como
corresponde el mayor atentado ocurrido en el país y en el que murieron 86 personas. Los
familiares preparan una presentación de 500 páginas que comenzará a gestionarse esta
semana en Washington. El texto sostiene que "hay centenares de pruebas no realizadas,
algunas de una obviedad tal que no se entiende cómo se ha omitido realizarlas". Un
largo listado de organizaciones de Derechos Humanos de Argentina, América y Europa
respaldarán con su firma el reclamo de justicia de los familiares. En la comunidad
judía, la presentación provocará sin dudas un enorme debate, ya que las autoridades de
la DAIA y la AMIA han respaldado permanentemente al juez y la investigación oficial.
La Corte Interamericana es un tribunal integrado por reputadísimos juristas y sería un escándalo a nivel mundial que condenara al Estado argentino por no investigar el atentado contra la AMIA. Existen antecedentes de importancia en las resoluciones de esa Corte. En 1988, por ejemplo, señaló --en un caso referido a El Salvador-- que "investigar es una obligación que debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico". En otro fallo, también sobre El Salvador, la Corte estableció que "un hecho violatorio de los derechos humanos puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por la falta de la debida diligencia en la investigación". El abogado Alberto Zuppi, que patrocina a familiares como Laura Ginsberg, Diana Malamud y Norma Lew, incluyó en una apelación ante la Cámara Federal un capítulo titulado "La obligación internacional del Estado argentino de investigar adecuadamente y preservar las pruebas". Allí sostiene que no se han tomado las medidas de prueba más elementales y que por ello hará la presentación ante la Corte Interamericana. El escrito en el que Zuppi le hace el anuncio a la Cámara es en realidad la ampliación de la apelación contra una decisión del juez Juan José Galeano. El magistrado consideró prescripta la acción penal contra el armador de autos truchos Carlos Telleldín, quien de esta manera quedaría sin ninguna causa directamente relacionada con la muerte de las 86 víctimas de la AMIA. Telleldín fue el último propietario de la Trafic que estalló frente a la sede de la mutual judía y los familiares consideran que es un hombre clave en el atentado. Zuppi hace un milimétrico seguimiento de la causa y pidió hace casi seis meses que Telleldín, su esposa Ana Boragni y su hermano Eduardo sean considerados partícipes necesarios del atentado, es decir cómplices e integrantes de la banda que atacó la sede de la mutual judía. En cambio, Galeano, que sólo lo consideraba un encubridor --es decir que no dijo la verdad sobre lo que sabía del atentado--, dio por prescripto incluso el delito menor que le imputaba. Por esa razón, Telleldín está preso por casos anteriores --robo, armado de autos truchos, estafa--, y seguirá un tiempo más en la cárcel, pero obtendría la libertad en la causa AMIA. Los familiares en su presentación sostienen que desde un primer momento Telleldín supo que el atentado fue cometido con la camioneta Trafic que fue de su propiedad. Citan, por ejemplo, el testimonio de Antonio Schiavone, ex concubino de Ana Boragni y padre de dos hijos que tuvo con esta última. Schiavone testifica que el mismo 18 de julio llegó a casa de Boragni, que entonces convivía con Telleldín, y se encontró con que los chicos estaban solos. Algo inusual. "Al preguntar qué es lo que pasaba --testifica Schiavone--, su hija Jessica le comentó que todo se relacionaba con la venta de una camioneta Trafic y que ésta sería la misma que habría sido utilizada en el atentado a la sede de la AMIA. A horas de la noche, Boragni me comenta que la camioneta que había explotado era de Carlos y que éste estaba escondido. No me dijo dónde, pero que huiría hacia Paraguay". O sea que la misma noche del atentado, Telleldín y su mujer ya sabían que se usó su Trafic en el ataque a pesar de que el motor se encontró varios días más tarde y recién entonces fue identificado. El detenido policía Mario Bareiro, amigo de Telleldín, cuenta que un día después del ataque, Ana le dice prácticamente lo mismo e igual testimonio brinda la dueña de una inmobiliaria que habló con Boragni a las 21 horas del día del atentado. "Son indicios reveladores de que la culpabilidad de Telleldín en el hecho criminal alcanzaba la participación necesaria", dicen los familiares. Por otra parte, en la presentación Zuppi demuestra cómo Telleldín mintió y sigue mintiendo respecto del atentado. La Cámara Federal debe ahora resolver qué sucede con el armador de autos truchos en la causa AMIA. Igualmente los familiares ya le anuncian al tribunal que recurren a la Corte Interamericana, no porque sea un caso de denegación de justicia, sino porque el Estado no cumple con su obligación de investigar como corresponde. Este paso choca frontalmente con la actitud que vienen adoptando tanto la DAIA como la AMIA. Ambas entidades le dan un respaldo irrestricto a la gestión de Galeano y sólo han hecho críticas menores respecto de la actuación del Estado en la causa. Es más, en el último aniversario del atentado invitaron a ministros del Poder Ejecutivo al acto central de recordación, lo que provocó las iras de la asistencia. En las próximas semanas se terminarán de elaborar las 500 páginas en las que se hará una exposición detallada --punto por punto-- por la que los familiares consideran que el Estado argentino es culpable de no investigar el atentado contra la AMIA. El escrito irá entonces a Washington para que el tribunal internacional lo considere.
LOS RECLAMOS DE LAURA GINSBERG "TENEMOS QUE HACER MÁS" Por R. K.
--¿Qué es lo que precipitó la presentación en Washington? --Es que hemos hecho numerosas presentaciones ante el juez Galeano. Pedimos una gran cantidad de medidas de prueba y sentimos que no hay compromiso con la investigación. Por más aportes que hagamos, no hay una actitud receptiva, todo cae en saco roto. Vemos que el Poder Judicial no tiene voluntad, a pesar de que se trata de un juez respaldado por distintos sectores del poder. --¿No hay respuestas a los reclamos de ustedes? --La verdad es que las cosas que suceden son inexplicables. Ahora hacen cosas que debieron hacer hace tres años y lo ponen como gran novedad. Por ejemplo, dan a conocer un identikit del hombre que supuestamente se llevó la Trafic junto a los policías, ¡tres años y nueve meses después! Mandan hacer pericias de explosivos al motor de la Trafic, ordenaron un peritaje sobre la firma que aparece en el boleto de compra-venta de la Trafic. Es increíble. ¡Han pasado 45 meses! Todo el mundo vio la gran alharaca que se hizo cuando se le encontraron al ex comisario Ribelli los dos millones de dólares. No se supo más nada. Siempre nos dicen que tal cosa no se puede revelar para no perjudicar la investigación y resulta que han pasado tres años. Es intolerable; siempre escuchamos los mismos argumentos. ¿Quién los puede creer? --¿Qué significa en concreto la presentación en la Corte Interamericana? --Significa que damos una batalla más para que el caso AMIA no se termine como el caso de la Embajada. Son iniciativas para que de una vez por todas hagan algo. Porque nosotros no decimos que aquí ya no hay nada que hacer, decimos lo contrario: hay mucho para hacer y no lo hacen. Nuestra presentación es una forma de impulsar la investigación. Hoy en día vemos que lo único que les interesa es que haya una condena internacional a Irán y eso para nosotros no es suficiente: queremos la verdad sobre la conexión nacional y la internacional. --¿Qué esperan de esta apelación internacional que hacen? --Primero resolverá la Comisión Interamericana en Washington y de acuerdo con lo que resuelva tal vez haya algún cambio en la actitud aquí del Estado. Mientras tanto, la investigación sigue y nosotros vamos a seguir peleándola día a día. Esto lo hacemos porque no podemos tolerar que no se hagan las cosas más elementales para encontrar a los culpables. Como le dije al principio: no vamos a parar, porque mi marido y las demás víctimas se lo merecen.
CADA OBISPO TIENE SU PROPIA CAMPANA
Luego de seis días de deliberaciones en la Casa de Ejercicio María Auxiliadora en la localidad de San Miguel, los obispos reunidos en la 75 Asamblea Plenaria del Episcopado dieron a conocer sus reflexiones ante la situación del presente en un documento de apenas una carilla que se prestó a las más diversas interpretaciones entre los propios obispos: * Según el presidente segundo de la Conferencia, Eduardo Mirás, de Rosario, "si la re-reelección, que pertenece a la política, se funda o no se funda en la moral bien o mal entendida, es un problema que se tendrá que resolver en la sociedad". Mirás puntualizó que "manipular la ley es malo, es antiético. Esto puede ocurrir si la ley se manipula sectorialmente o para una persona, o para lo que fuera". * Sin embargo, para el obispo de San Justo, Jorge Menvielle, durante el plenario realizado esta semana en San Miguel "no se trató" el tema de una nueva reelección y, en el documento emitido por el Episcopado, "ni siquiera se hace una mención indirecta del tema, si alguno así lo interpreta --agregó-- corre por cuenta de quien lo haga". El prelado se lamentó de que "haya quienes retuerzan la verdad y quieran hacerle decir a uno lo que no dijo". * Pero fue el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Estanislao Karlic, quien aseguró que durante el plenario se habló "en términos generales" sobre el aspecto de las aspiraciones presidenciales a un nuevo mandato. "Creo que eso lo debemos hacer siempre --agregó-- no solamente en casos tan importantes como la Constitución, sino en toda ley. En toda ley existe la posibilidad de la manipulación, entonces nosotros pedimos primero sabiduría para hacer la ley una vez que ha sido sancionada porque se ha creído la ley más correcta, seamos consecuentes". * A su turno monseñor José Tommasi, de 9 de Julio, salió al paso asegurando que "en ningún momento se tocó el tema de la reelección presidencial porque es algo que no nos compete". Según Tommasi, "cuando hablamos de malas interpretaciones de las leyes nos referimos a aquellos que buscan echar por tierra los valores de la familia, la autoridad paterna y materna, o favorecer la drogadicción entre otros temas". * Para el titular de Caritas, Rafael Rey, otro fue el sentido de la frase que figura en el documento. El obispo afirmó que "evidentemente" la advertencia de la Iglesia contra la manipulación de las leyes fue incluida en el documento de CEA "teniendo muy en cuenta la discusión sobre la reelección". El obispo de Zárate y Campana señaló que "debemos respetar la Constitución y no podemos manejar caprichosamente las leyes, no puede ser y no es moral tampoco", dijo sin bendecir las palabras en lo contrario pronunciadas por sus colegas más conservadores.
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