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Por Claudio Zlotnik  "El mayor problema que existe
en Santiago del Estero es que el gobernador Carlos Juárez cree que toda la provincia le
pertenece, incluso lo que es privado". La frase, hilada ante Página/12 por el
senador de la Alianza Javier Meneghini, coincide --palabras más, palabras menos-- con lo
que "off the record" sostienen empresarios que en los últimos tiempos
materializaron inversiones en Santiago. El punto culminante de los desencuentros entre el
gobierno provincial y las empresas tuvo lugar hace pocas semanas atrás cuando la
norteamericana Houston Industries Energy, concesionaria de la distribuidora eléctrica de
la provincia --EDESE--, solicitó arbitraje internacional en un organismo con sede en
Washington para defender sus intereses.
Antes de reclamar ayuda internacional, la compañía intentó solucionar sus conflictos apelando, en dos oportunidades, a los oficios de la embajada estadounidense. El propio cónsul de los Estados Unidos, Briant Salter, viajó a Santiago del Estero a fines de junio del año pasado. Se reunió con Juárez pero, al parecer, su testimonio fue desatendido. En el último día de 1997, los directivos de EDESE denunciaron la "inseguridad jurídica" existente en la provincia y hasta amagaron con marcharse. El detonante de la explosiva situación fue una multa por un millón y medio de pesos que el ente regulador que fiscaliza el sistema eléctrico en Santiago impuso a EDESE por presuntas falencias en el servicio. Para la empresa, ese castigo casi triplica al pautado en el contrato de concesión y, además, "no tiene ningún fundamento técnico profesional". Pero hay más. En su proyecto de Declaración, presentado ante la Cámara Alta reclamando la intervención del Ejecutivo nacional en el caso, el senador Meneghini formula otra denuncia: la "retención indebida, por parte de la provincia, de subsidios federales que debían ser transferidos al concesionario". Ese subsidio, destinado a desarrollar cinco usinas en el interior de Santiago del Estero, ronda los 300 mil dólares mensuales. Por otra parte, EDESE sufrió aumentos en el precio de los combustibles, algo que estaba afuera del contrato de privatización rubricado en 1995. Este no es el primer caso en el que una empresa extranjera reclama arbitraje ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferendos Relativos a Inversiones (CIADI). También lo hizo Lyonnaise Des Eaux, la francesa que en Tucumán explota los servicios sanitarios a través de Aguas del Aconquija. "En este tribunal, EDESE no sólo obtendrá la satisfacción de sus reclamos, sino también la aplicación de multas al Gobierno. Y será el pueblo quien finalmente termine pagándolas", advierte Meneghini. Esta no es la única mancha sobre el gobierno del caudillo Juárez. El Banco Florencia, que ganó la privatización del Banco Santiago del Estero, lidió un año y medio con los avatares provinciales hasta que, recién ahora, sabe que podrá jugar sin cartas marcadas.
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