POLÍTICOS Y ESTADÍSTICAS CUANTO MÁS LEJOS MEJOR

  Cuando los responsables del Instituto Nacional de Estadística y Censos escucharon cuál es el cambio sustancial en el manejo de las estadísticas oficiales británicas previsto por el gobierno de Tony Blair se sintieron menos solos. Roberts Dennis, titular de la Oficina de Estadísticas del Reino Unido, explicó ayer en Buenos Aires ante la plana mayor del Indec cómo trabaja para lograr "una mayor independencia del poder político". El funcionario aseguró que los ingleses pretenden que no se repita lo ocurrido durante la gestión de Margaret Thatcher, cuando por presiones del gobierno la forma de elaborar el índice de desocupación disimulaba la envergadura de ese problema. Aunque aún de un modo informal, en el Indec se trabaja sobre una iniciativa similar.

Apoyada en un presupuesto de 84 millones de dólares, aquella oficina británica produce el grueso de las estadísticas económicas y sociales, incluidas las que miden el empleo y la pobreza. Con el objetivo de independizar los resultados relevados de la influencia política, el equipo de Dennis (funcionario que fue invitado de la embajada británica) elaboró un documento que --si es avalado en la actual ronda de consulta con organizaciones patronales y profesionales-- en junio asumirá la forma de proyecto de ley.

Esa propuesta prevé, básicamente, que la oficina de estadísticas, actualmente dependiente del Ministerio de Hacienda, comience a reportarse periódicamente al Parlamento, a través de un organismo que centralice toda la producción estadística del país. "No se trata de depender de los legisladores --aclara Dennis--, porque así tampoco podríamos sustraernos de las presiones políticas. Pero se trata de tener algún contrapeso, para contrarrestar posibles influencias del Ejecutivo".

La otra meta de esta reestructuración consiste en evitar que el Gobierno influya en la metodología de trabajo, tal como ocurrió durante la gestión de Margaret Thatcher con las estadísticas laborales. Entonces, se excluyó de la medición a muchos desocupados, como los jóvenes o los discapacitados, para evitar un índice impactante.

El primer paso británico para lograr aquella independencia se dio la semana pasada, con la adopción de un concepto internacional de lo que se considera un desocupado que, en rigor, sigue excluyendo a muchos (incluye sólo a quienes estuvieron buscando trabajo en las últimas cuatro semanas y están dispuestos a incorporarse a la actividad en las dos próximas). Otro camino para reducir la discrecionalidad oficial consiste en garantizar por ley que los métodos de relevamiento y los temas a evaluar sean propuestos por los funcionarios de estadísticas y no por otras instancias del poder político. "Pero no garantizo que, a largo plazo, esto pueda mantenerse, si los resultados de las encuestas no favorecen las expectativas políticas de los ministros", especula Dennis.

--Si no se consigue esa independencia, ¿cuál es el riesgo? --le preguntó Página/12.

--Que las estadísticas no tendrán credibilidad. Como ocurrió durante la década del 80. Y eso es lo peor que puede pasar: que la gente no crea.

--¿Cuáles son los temas pendientes que las estadísticas deberían recoger?

--Debemos relevar a la gente excluida, que los análisis globales de empleo no contemplan. Desde jóvenes a discapacitados.

Según pudo saber Página/12, el Indec también trabaja en un borrador para acotar la posible injerencia del Gobierno en el organismo oficial, que hoy depende de Economía, como a comienzos de la gestión menemista dependía de Presidencia. Pero a diferencia de sus colegas británicos, los funcionarios argentinos no temen tanto a las presiones oficiales sobre cómo hacer las encuestas sino más bien cuándo difundirlas.

La propuesta consiste en que el Indec sea un organismo autónomo que, además, pueda estar avalado por un consejo asesor: por ejemplo, que las estadísticas de empleo puedan estar fiscalizadas por empresarios y sindicalistas, además de funcionarios. Este mecanismo de consulta hoy es posible, aunque sólo como un recurso excepcional, y para instrumentarlo es imprescindible una resolución de la Jefatura de Gabinete.

Para reorganizar el Indec es necesaria una ley. Para ello la propuesta debería ser adoptada por el Poder Ejecutivo o por algún legislador dispuesto a impulsarla. Y esto se ve particularmente difícil porque un aspecto de la iniciativa consistiría en centralizar la labor del Indec, recortando las facultades que hoy tienen las provincias sobre la entidad oficial.

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