|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por Julio Nudler  Cómo hacer que los jubilados se
den un aumento a sí mismos. Esta es la fórmula que el Gobierno sigue buscando, decidido
a anunciar, cuando la encuentre, una elevación de la jubilación mínima, a 200 pesos
según la versión más modesta, y a 300 de acuerdo a la más ambiciosa. Según las ideas
que trascendieron, el costo fiscal de la mejora sería cubierto mediante la supresión de
la Prestación Básica Universal, PBU, que es de hasta 200 pesos, para jubilados que
cobren en total más de 700 pesos mensuales, y la reducción a 2500 pesos del actual
máximo de 3100 vigente para las jubilaciones que paga el sistema estatal. Paralelamente,
el Ejecutivo sigue impulsando una reducción ulterior de diez puntos en las contribuciones
patronales a la Seguridad Social, lo que agravaría la desfinanciación del sistema, que
quiere cubrirse con un recorte en la masa de recursos coparticipados.
Detrás de la simpática excusa de una mejora para el escalón inferior de los pasivos, la política oficial tiende a achatar el abanico jubilatorio, concentrando la participación del Estado en el piso del sistema y desvinculando los aportes realizados de las prestaciones recibidas. En concreto, la eliminación de la PBU implica una quita de hasta 200 pesos en el haber de los jubilados, tanto del circuito público como del privado. Sin embargo, esta poda --que suprimiría un beneficio otorgado por ley-- sólo podrá afectar a quienes se hayan retirado tras la sanción de la reforma previsional, establecida hace menos de cuatro años. No podrá alcanzar, lógicamente, a quienes se jubilaron con el viejo régimen, estableciendo así una desigualdad más. La PBU fue establecida por la ley 24.241 en 60 AMPOs, un parámetro vinculado a la recaudación previsional, que se recalculaba cada seis meses. Esto confería un cierto elemento de movilidad a las jubilaciones, que fue suprimido el año pasado y reemplazado por el Mopre, no sujeto a ninguna fórmula automática sino al arbitrio político. De hecho, el valor de 80 pesos que había alcanzado el AMPO no volvió a moverse, confirmando la intención gubernamental de congelar los haberes, desenganchándolos de la marcha de la recaudación. Suprimir la PBU a partir de un determinado listón de ingresos no sólo resultará problemático por los juicios a que daría lugar, sino por las distorsiones que introduciría en el circuito de capitalización. A ningún cliente de ese sistema le convendrá recibir una paga superior a 700 pesos pero inferior a 900, porque en ese caso cobrará un total superior mediante el simple arbitrio de acordar con su AFJP que le liquide menos de 700, a lo cual difícilmente se oponga. En todo caso, una Administradora que por su bajo nivel de comisiones y la alta rentabilidad de sus inversiones logre que sus afiliados accedan a beneficios más altos, involuntariamente podría perjudicarlos al remontarlos hasta la franja castigada. Otra pata del proyecto consiste en insistir con la reducción de 600 pesos en el techo jubilatorio, bajándolo de 3100 a 2500 mensuales. Esta iniciativa, impulsada por Carola Pessino desde la órbita de la Jefatura de Gabinete que comanda Jorge Rodríguez, ya naufragó en el Congreso y a esta altura perdió estado parlamentario. Lo curioso de la idea es que pretende acentuar un criterio de solidaridad entre jubilados ricos y jubilados pobres, pero dentro de un régimen cuyo eje es la cuenta individual de capitalización. Esta implica un retorno a la proporcionalidad entre aportes y haberes. Una discriminación adicional se establecería entre pasivos que perciban diferente monto en concepto de PBU, según el momento de su cese laboral, ya que el nivel del AMPO fue variando semestralmente. La quita sería por tanto desigual, más allá del problema de fondo, que es la lesión de un derecho adquirido.
|
