JUBÍLESE USTED MISMO

  ¿Tiene usted un hijo discapacitado? No sabe cuánto lo lamentamos, porque deberemos pagarle una jubilación muy inferior a la que le correspondería de no tenerlo, aunque precisamente por ello sus necesidades sean muy superiores. Así, con esta franqueza, le dirá su AFJP lo que está en la lógica del sistema de capitalización. Ellos van a sumar a su expectativa de sobrevida tras el cese laboral la de su hijo, que a su muerte cobrará una pensión vitalicia, extraída del mismo saldo acumulado en su cuenta. Son inapelables cálculos matemáticos.

El mismo ejercicio actuarial puede aplicarse a otras situaciones personales, que pasan así a afectar la futura economía del aportante. La esposa, por ejemplo, también gravita en las cuentas. Hoy un hombre que se retira a los 65 tiene 13,5 años de sobrevida esperada, pero la Administradora también calculará cuánto tiempo podrá sobrevivirlo su mujer, que probablemente sea más joven y, por su sexo, tiene una expectativa de vida 2,5 años más larga. Con el auge de los segundos matrimonios empeoraron las perspectivas para los varones, que en segundas nupcias suelen optar por una cónyuge más joven que la inicial.

De ésta y de muchas otras maneras, la jubilación deja de ser una retribución vinculada con la vida laboral, añadiendo incertidumbres extraeconómicas al porvenir. Entre éstas figuran también las políticas, esclavas de los objetivos electorales del Gobierno. Así, cada vez que se acerca una elección el régimen previsional se ve sometido a urgentes refacciones. Antes de las de octubre del '97 fue suprimido por decreto el AMPO, que había sido establecido por ley, para evitarles así a los autónomos un nuevo aumento de cuota. Ahora la idea, funcional a la bi-reelección, es aumentar la jubilación mínima, si fuera posible hasta 300 pesos.

La financiación de esta mejora promete provocar un nuevo descalabro en el sistema. Una fuente de recursos provendría de la eliminación de la PBU (Prestación Básica Universal) para quienes cobren más de 700 pesos. Los trabajadores activos podrán protestar contra el cambio en las reglas de juego, pero no cuestionarlo legalmente porque no hay derechos en expectativa. Los derechos se adquieren únicamente al cese laboral. Esto significa que a un aportante podrían alterarle todas las normas un día antes de su retiro, y aun así no podrá reclamar nada.

Aunque esta parcial eliminación de la PBU será explicada como una manera de que los jubilados ricos (suponiendo que con 700 pesos se alcanza esta cualidad) ayuden a los pobres, la verdad es que esa prestación nació condenada porque en todos los casos la paga el Estado, en base a las contribuciones patronales. Estas fueron reducidas y se beneficiarán de nuevas quitas en el futuro como modo de bajar los costos empresarios, con lo que se agravará la desfinanciación del sistema previsional. Una manera de cerrar las cuentas es, obviamente, dejar de pagar la PBU.

La jugada encierra el peligro de incentivar aún más la evasión de aportes, que no deriva sólo de la informalidad laboral y el negreo, sino también del mal negocio que el sistema previsional le propone al trabajador. El régimen se parece a un plazo fijo con tasa de interés negativa. Ahorrar por cuenta propia, automarginándose de la ley, poniendo la plata en las inversiones más conservadoras y seguras (por ejemplo un plazo fijo en dólares en un banco sólido), es la manera más racional de asegurarse el futuro. Y cuanto más se manosee el régimen previsional, más gente llegará a esta conclusión.

Otra tendencia de la política previsional apunta a desvincular cada vez más, en el circuito público, la jubilación del salario. El sistema previsional pierde sus fuentes propias de financiación, y pasa a depender de la masa general de recursos tributarios. De esta manera, sutilmente, el monto jubilatorio deja de ser un derecho cierto del trabajador, vinculado a su suerte en la vida activa, para convertirse en una asignación con gusto a dádiva, que le es concedida por el poder. Esta transformación estuvo presente en el reemplazo del AMPO por el Mopre (Módulo previsional), cuyo valor sería determinado por dos ministros de acuerdo a cómo apreciaran la situación presupuestaria. Sin embargo, este divorcio entre el salario y la jubilación recibe una lectura favorable, porque se lo vende como una forma de eliminar impuestos al trabajo y así favorecer el empleo.

Como siempre ocurre con los parches, lo que logran es agregar factores de absurdo en los regímenes establecidos, por si les faltaran. Castigar con la supresión de la PBU al jubilado que supere cierto límite de haber mensual implica convertir en dudosa la ventaja de estar afiliado a una AFJP exitosa en sus inversiones. Una alta rentabilidad, que eleve la renta del socio, puede hacerle perder más de lo que gane. Tampoco le convendrá a nadie agregar ahorros voluntarios al aporte obligatorio.

De cualquier forma, todos los cálculos en torno de la PBU son pasos en las nubes. Mientras la ley exija treinta años de aportes como condición para recibir esta prestación --hoy fijada en 200 pesos--, en las actuales condiciones del mercado laboral son pocos los que reunirán esa condición. En números redondos, el mapa del sistema argentino es éste: de cada dos trabajadores, sólo uno está inscripto, y por cada dos inscriptos, sólo uno aporta efectivamente. Cuando llegue el futuro, junto al problema de las jubilaciones insuficientes habrá otro mucho peor: el de las jubilaciones inexistentes. ¿De qué impuesto saldrá la plata para mantener a esos millones de excluidos?

PRINCIPAL