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| POR RAÚL DELATORRE
Cossio adjudicó, en abril de 1994, la informatización del sistema de aportes previsionales a IBM-Banelco en 425 millones de pesos --luego ampliado a 513 millones--, a pagar en cuatro años y sin mediar compulsa de precios con ofertas alternativas ni licitación. La justificación para tal premura --respaldada por un decreto de necesidad y urgencia, prorrogado en dos oportunidades-- fue la inminente entrada en vigencia del sistema de jubilación privada, que obligaba a la DGI a recibir los aportes individuales y distribuirlos entre las AFJP. La contratación, resuelta en menos de cuatro meses, contrarió inclusive la opinión de los expertos en sistemas de la propia repartición, que aseguraban que el servicio podía ser prestado por equipamiento propio y de la Anses a un costo de 33 millones de dólares. Cuatro años después, Carlos Silvani, administrador federal de Ingresos Públicos, acaba de rescindir el contrato con IBM-Banelco y optó por la autoprestación del servicio, asegurando que con ello logra un ahorro de 14 millones de pesos mensuales. La sospecha de "sobreprecio" llevó al diputado frepasista Horacio Viqueira a presentar una denuncia judicial que tuvo un lento trámite en el juzgado federal de Liporaci. Sin embargo, el paralelo avance de la causa IBM-Nación que tramite el juez Adolfo Bagnasco, y la repetición de algunos nombres en una y otra causa, parece haberle impreso a la investigación del contrato con la DGI un nuevo impulso. Uno de los elementos de prueba en manos del juez es un "documento de negocio", suscripto por tres directivos de IBM --Gustavo Soriani, Alberto Minazzoli y Eduardo D'Alessandro-- en el que se designa como "empresas participantes" a Consad (de Marcelo y Juan Carlos Cattáneo), TTI (grupo Bulgheroni), Juncadella (¿Alfredo Yabrán?). GIRE (consorcio de bancos locales de primera línea) y Segurex (con supuesta participación del propio Cossio). El propio argumento de IBM para la elección de dichas empresas abre más el juego a la sospecha. Señala como "justificación" para su participación la "cooperación en la elaboración de una estrategia ganadora" y la "colaboración en desarticulación de la competencia". La participación que le cupo en el contrato al menos a tres de las empresas citadas deja nuevas puntas a la investigación: * Consad cobró, como subcontratista, una cifra aproximada a 10 millones de pesos, de los cuales las pericias judiciales sólo encontraron contraprestaciones que lo justificaran por 400 mil pesos. El resto habrían sido pagos "derivados" a particulares o retirados por personas vinculadas a los hermanos Cattáneo. * Juncadella tuvo una participación "indirecta", ya que pocos meses antes de la contratación adquirió una empresa de personal temporal, Staffing, que aportó personal por un valor de 42 millones de pesos a las tareas realizadas en la DGI, valor que triplicaría la remuneración de los empleados efectivamente utilizados. * Segurex, una empresa dedicada a auditorías contables, cobró un cheque de IBM por 500 mil pesos, pago que siguió en 24 horas una curiosa trayectoria de transferencias sucesivas, hasta derivar finalmente a una cuenta de Sisteco, una empresa informática de la cual Cossio es --o fue-- accionista. Tanto en su presentación ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, como en un anterior descargo ante el juez, Ricardo Cossio se apoyó siempre en que el precio del contrato había sido convalidado por la Comisión Evaluadora 360 (por el número de decreto que habilitó la adjudicación directa). Pero ante el avance de la investigación, sus abogados optaron por cambiar la estrategia para su futura declaración. De comprobars el pago de sobreprecios, y dada la innegable vinculación personal de Cossio con los miembros de la comisión, el grupo podría ser encuadrado en el delito de "asociación ilícita", lo cual no sólo complicaría su situación procesal sino que incluso lo llevaría a afrontar una acusación cuya condena no es excarcelable.
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El avance de la investigación sobre el contrato Banco Nación-IBM en la comprobación del
pago de "coimas" parece haber cambiado la actitud del juez Carlos Liporaci, que
tiene a su cargo la denuncia del contrato de la DGI con IBM-Banelco, y obligó al ex
titular del organismo recaudador, Ricardo Cossio, a cambiar su estrategia frente a los
estrados. El ex miembro del equipo de Domingo Cavallo y actual funcionario de la
administración de Eduardo Duhalde deberá someterse a declaración indagatoria el 12 de
este mes, para responder a las acusaciones de "defraudación a la administración
pública" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público". Pero
de persistir en la línea que siguió hasta el presente, buscando respaldarse en el
dictamen favorable de sus funcionarios de confianza al precio abonado al consorcio,
podría sumar además el cargo de "asociación ilícita", cuya penalización no
es excarcelable y lo obligaría a pagar con su propia libertad por el sospechado contrato.