LA MORAL Y LA MENTALIDAD DE LOS MILITARES ARGENTINOS

UNA TRÁGICA ENFERMEDAD

  --Usted ha asumido como propia la declaración del teniente general español Cano Hevia: "Creo que el militarismo argentino -–dijo--, considerado en sí mismo, es una trágica enfermedad. Pero también creo que el problema militar de la nación hermana no se puede separar del general del país". ¿Qué encontró usted en las Fuerzas Armadas argentinas tras cinco años de investigación?

--Me entrevisté, entre otros, con representantes de las cuatro corrientes de pensamiento militar. La oficial, encabezada por el general Balza, que ha hecho una fuerte crítica al concepto de obediencia debida. El sector "carapintada", dentro del cual hablé con Seineldín y Aldo Rico, que justificaron la tortura como inevitable con los argumentos falaces del Ejército francés en Argelia. El tercer tipo estaba formado por teóricos de la represión, represores puros y duros, que insistieron en la validez de la matanza que perpetraron con explicaciones de orden quirúrgico: cuando un cirujano tiene que extirpar un tumor canceroso, no puede aplicar el bisturí en los bordes, tiene que cortar tejido sano; lo cual, aplicado al cuerpo social, significa que se cortó un vasto espacio de inocentes por las dudas. No faltan ejemplos que justifican la barbarie. La cuarta corriente fue la de los militares democráticos del Cemida, totalmente marginados de la carrera. Como el teniente coronel Jorge Mittelbach que no llegó a coronel porque, incluso antes del llamado Proceso, se opuso por dos veces a que se torturara dentro de su unidad.

--¿El golpe de marzo del '76 tuvo, a su juicio, una planificación metodológica previa?

--No me cabe la menor duda al respecto. Monseñor Justo Laguna, a quien entrevisté también, me informó de un hecho importante: en septiembre de 1975, con Isabel Perón en el gobierno, se realizó una reunión de 53 generales y almirantes en que se analizaron los métodos para combatir a la subversión. Muchos preconizaron la acción "por izquierda", absolutamente ilegal, y el tema pasó a votación: 50 generales se pronunciaron a favor y tres en contra, aunque luego expresaron que se plegaban a la decisión mayoritaria. Monseñor Laguna me dijo que había sabido eso por uno de los asistentes a la reunión, cuyo nombre no me dio por razones obvias.

--El método militar del genocidio en la Argentina tuvo una doble cara, como Jano. Por un lado existió la cadena clandestina de personal de inteligencia que ejecutaba secuestros, torturas, asesinatos y la desaparición de cadáveres. Por el otro, la cadena de mando convencional que se encargó de la logística y controlaba zonas, subzonas y áreas en que el Ejército había dividido al país, así como comisarías, centros clandestinos de detención y hospitales de éstas. En general, esos mandos no eran operativos, pero seguramente participaron de lo que se llamó "el botín de guerra", que iba desde el robo de inodoros hasta el robo de niños. ¿Acaso no tienen tanta responsabilidad como los otros en la tragedia argentina?

--Siempre pensé que así ocurría, que el general-jefe de una zona militar tenía al mismo tiempo la responsabilidad de la estructura clandestina de esa zona. Algunos afirman que vieron a Bussi formar a sus oficiales de distinta graduación frente a un grupo de prisioneros y ordenar que todos dispararan contra ellos al mismo tiempo. Bussi también lo hacía, dicen, para dar el ejemplo. El tenía el mando institucional de un Ejército y en su jurisdicción había varios campos de concentración. Es impensable suponer que no controlara lo que allí sucedía.

--Desde el punto de vista castrense, ¿qué número de efectivos se suponen necesarios para "atender" los campos que se abrieron bajo la dictadura militar?

--Sólo es posible hacer una estimación. Pero, si hubo 340 centros clandestinos de detención, incluso contando con que no todos fueron simultáneos, por poco que se multiplique se obtiene una cantidad considerable de implicados. Estaban imputados, por denuncias concretas, unos 1200 militares, policías y médicos cuando Alfonsín dictó la Ley de Punto Final, que redujo ese número a unos 400, o a unos 300 y pico, según cifras posteriores. Una cifra que superaba lo que Alfonsín había calculado.

--¿En qué consistió el cálculo?

--Entramos aquí en mi terreno, el sociológico. Uno de los hechos fácticos lamentables, no éticos, ni jurídicos, pero fácticos y sociológicos, es que ningún ejército del mundo que no haya sido aplastado militarmente -–como lo fue el Ejército republicano español-- permite que un gran número de sus miembros sea procesado y castigado. Cuando un ejército está intacto físicamente, como el argentino pese a las Malvinas, jamás aguanta en ningún lugar del mundo que procesen a 500, ni a 300 militares. Cuando en España se produjo en 1981 el intento de golpe de Tejero, se podía haber procesado a todos los participantes, desde teniente general hasta el último sargento, y ahí se planteó el gran problema: ¿a qué altura se situaba el castigo o el perdón, dónde trazar la raya límite? Con un criterio de justicia a ciegas, habría que haber sentado en el banquillo a todos los golpistas, cualquiera fuere su graduación. Pero piénsese que España estaba en un duro y difícil proceso de transición. Uno de los factores inevitables de toda transición de un régimen dictatorial a una democracia es que los nuevos gobiernos, ante un momento crítico, se ven obligados a determinar en qué niveles de la jerarquía militar, y con qué límites, se aplica el castigo. Eso es muy difícil y en todas las transiciones, en todas sin excepción, hubo que situar ese nivel a una altura que implicaba siempre un grado, mayor o menor, de impunidad. Tras aquel golpe se procesó en España a 32 jefes y oficiales solamente -–aunque los imputados podían haber sido diez veces más-- para que el Ejército pudiera aguantarlo, aunque con gran tensión. Lo mismo ocurrió con Alfonsín, cuyo criterio sobre los tres niveles de responsabilidad -–los que dieron las órdenes, los que las obedecieron y los que se excedieron en su cumplimiento-- desembocaba aun antes del alzamiento de Semana Santa en la Ley de Obediencia Debida que sobrevino después. Alfonsín y sus asesores consideraron que el Ejército argentino no soportaría que se procesara a más de cien jefes militares. Se instruyó a los fiscales para que no se aceptaran denuncias de escaso fundamento, pero pronto se vio que eso no bastaba. Se promulgó entonces la Ley de Punto Final limitando las denuncias a un plazo de 60 días, pero esto tampoco bastó. Tras la rebelión de Semana Santa, Alfonsín había acordado con los militares que eximiría de castigo al personal de teniente coronel para abajo. Entre Semana Santa y junio del '87, la presión militar logró que Alfonsín también eximiera a los coroneles y se promulgó la Ley de Obediencia Debida. Sólo quedaron bajo proceso 38 generales, almirantes y brigadieres. Si se los hubiera procesado realmente y condenado a cadena perpetua, otro gallo cantaría. Pero Menem los indultó, así como a los seis altos mandos que estaban en prisión con sentencia firme, y ratificó la impunidad casi total. Aunque es un record continental que esos seis jefes permanecieran en la cárcel durante 7 años, aun así quedó establecido un terrible nivel de impunidad.

--¿Le parece correcto? El gobierno civil se convierte en rehén de las Fuerzas Armadas y en instrumento de conversión de la sociedad civil en rehén de las Fuerzas Armadas.

--Me parece infame moralmente. Analizo a fondo el tema en el libro que estoy terminando, Los Derechos Humanos en la moral militar de hoy, en el que examino grandes violaciones de los derechos humanos cometidas por diferentes ejércitos, el argentino, el salvadoreño, el guatemalteco, el serbiobosnio y otros. Me vi obligado a introducirme no sólo en la moral pura y teórica, sino también en las drásticas imposiciones de la realidad.

--Mencionó usted el tema de la justicia a ciegas o el tema moral como si solamente fuera un espacio atinente a la sociedad. ¿No hay una moral militar, ésa por la cual quien incumple las órdenes, buenas o malas, es castigado? Esa cuestión moral ¿no forma acaso parte de la doctrina militar? Y la ley -–y el principio-- de obediencia debida, la impunidad que ampara porque sólo se ha derogado y no anulado, ¿no agrieta acaso gravemente la construcción de la conciencia cívica nacional? ¿La sociedad civil debe acatar el principio militar de que no puede haber órdenes incumplidas, aunque sean criminales?

--Hasta 1946 no se conocía en el mundo más que un tipo de disciplina en el estamento militar: la obediencia debida y ciega, como en el siglo X, o XV, o XVIII. El jefe daba una orden y el subordinado, mero brazo ejecutor, la cumplía, pensando que no era responsable de nada. El tribunal internacional de Nürenberg estableció por primera vez que hay órdenes cuya evidente criminalidad obliga a la desobediencia y no libra al ejecutor de la responsabilidad de obedecerlas. A partir de ahí, aunque con enorme lentitud, los ejércitos más avanzados de Occidente han ido incorporando en sus reglamentaciones el derecho y el deber de desobedecer esas órdenes. En España -–no sin resistencias-- ese principio se introdujo en las Reales Ordenanzas de 1978, y luego se promulgó el Código Penal Militar del '85, que es durísimo en ese aspecto, pues prescribe que la comisión de un delito por una orden superior no es causal eximente y, más aún, ni siquiera atenuante.

--¿Basta la inscripción en la legislación castrense del derecho a la desobediencia?

--No basta. En las ordenanzas de 1934 del Ejército salvadoreño se establece en el artículo 9 -–única excepción conocida antes de Nürenberg-- que el subordinado debe obedecer las órdenes legales sin vacilación. No dice "órdenes" simplemente, sino "órdenes legales". Y ese Ejército cometió atrocidades como el asesinato de un arzobispo y la matanza masiva de indígenas inermes en El Mozote. Peor es el caso del Ejército guatemalteco: el artículo 156 de la Constitución de la República de Guatemala establece que ningún funcionario civil o militar deberá obedecer aquellas órdenes cuya ejecución implique cualquier tipo de delito. Pero los kaibiles hicieron lo que hicieron.

--¿A qué obedece esa impunidad? ¿Sólo al hecho de que las armas las tiene el Ejército? ¿Al terror sembrado en la sociedad? ¿También a la complicidad con los militares de empresarios, dirigentes sindicales corruptos, políticos, la Iglesia, como ocurrió en la Argentina? Las leyes perdonadoras de Alfonsín y los indultos de Menem han fomentado en la sociedad una idea de la impunidad que favorece la corrupción. Que exista la posibilidad de que un gobierno civil, electo en las urnas, perdone a los asesinos que tanto daño han hecho a la nación, es un hecho degradante.

--Tiene usted razón. Propuse al general Balza en 1995 que su hermoso y rotundo pronunciamiento en contra de la obediencia debida fuera introducido en el Código de Justicia Militar. Porque el Ejército argentino aún mantenía -–aunque creo que ahora se pretende modificarlo-- el artículo 514 de ese Código, según el cual el subordinado que delinque en cumplimiento de órdenes superiores queda exento de responsabilidad.

--En verdad, quien más abrió el espacio de la impunidad fue Alfonsín. Cuando se recorren hoy las listas de represores, es impactante el número de militares, con crímenes probados, desprocesados o impunes por las leyes que promulgó el gobierno radical. Esto es revulsivo éticamente. Los militares hablan del cáncer que había que operar, ¿pero qué hace una sociedad con ese cáncer de la impunidad, una sociedad plagada de víctimas y consciente de los crímenes perpetrados? ¿Cómo puede llagar la tan llevada y traída reconciliación nacional sin justicia?

--Me preocupa enormemente esa cuestión. ¿Quién puede afirmar que en el futuro no habrá de producirse otra grave crisis económica y social, con violentas reivindicaciones, y se repita otro enorme proceso represivo por un ejército al cual nadie ha instruido en derechos humanos? Cuando una coyuntura histórica lo permite, hay que quebrantar la impunidad legalizando el derecho y el deber de desobediencia a las órdenes criminales en las leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas. Pero no es suficiente. Hay que introducir ese concepto en la enseñanza, en la moral y en la doctrina militares.

--¿No habrá que castigar a los genocidas aplicando las leyes que rigen a la sociedad civil? En el Código Penal se tipifican delitos como el secuestro, el asesinato o el robo de niños, y se establecen las penas correspondientes. Si los gobiernos civiles no respetan la legislación vigente, válida para la sociedad entera, aplicándola al estamento militar, éste se convierte en una isla privilegiada de normas completamente ajenas y aun contrarias a la sociedad civil.

--Ese es, precisamente, el drama de la autonomía militar.

--¿Qué solución le encuentra a esto?

--Es un tema que abordan muchos tratadistas en el mundo. Algunos propugnan el concepto de las "manos sucias" y afirman que todo dirigente de alto nivel, civil o militar, se ve obligado antes o después a actuar al margen de la ley y de la moral para mejor beneficio de la sociedad. Esos especialistas estiman que tal cosa es inevitable y sus análisis se limitan a cómo enfocar el fenómeno y qué salida, siempre mala, se puede dar a esa cruda realidad. Se han propuesto ciertas soluciones extravagantes, a mi juicio incompatibles con una recta moral. Para mí --como para Ernesto Sabato y otros-- la única salida es que ningún dirigente actúe al margen de la ley y la moral, por mucho que a veces la realidad parezca reclamar lo contrario, bajo el argumento -–habitualmente falso-- de la "extrema necesidad".

--Quedan en pie ciertas preguntas sobre qué realidad es la que exige a los gobiernos salirse de la ley y la moral, la realidad de quiénes. Pero ése es ya otro discurso.

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