SOSPECHAN QUE FUERON EX POLICIAS LOS QUE BALEARON A LA CUSTODIA

CON LA MARCA EN EL ORILLO

Dos custodios de Duhalde fueron heridos por dos asaltantes en Lomas. No pudieron ni siquiera disparar. Uno está grave. Se dijo que los atacaron delincuentes comunes, pero no es verosímil. Fuentes del Ministerio de Justicia provincial sospechan de ex miembros desplazados de la Bonaerense.

Los hechos ocurrieron a las 9.30, pero incluso seis horas después las versiones que salían del gobierno bonaerense siguieron siendo contradictorias. Al caer la tarde, un altísimo funcionario duhaldista trató de poner algo de prolijidad en los rumores y pasó en limpio la última versión del día: dos individuos bajaron de un coche Chevrolet Corsa familiar, color violeta; se acercaron al vehículo de Analía, la hija del gobernador, e intentaron robarlo. Dentro del vehículo estaban sentados los custodios que se identificaron como policías y entonces los ladrones empezaron a disparar a quemarropa. El cabo Miguel Angel Irigoyen quedó gravemente herido en el cuello, en tanto que el sargento José Dupuy sufrió una fractura en la pierna, producto de un impacto de bala. Ninguno de los dos custodios alcanzó a disparar. El arma de Irigoyen desapareció y la de Dupuy se encontró con el cargador completo. En La Plata, los hechos provocaron reacciones de todo tipo. En fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad no se le daba crédito a la hipótesis del asalto y los delincuentes comunes. Allí la culpa se la echaban a hombres desplazados de la Bonaerense. En el entorno de Duhalde insistían con la versión del robo, aunque parecían encontrarse en un callejón sin salida: si se trató de delincuentes comunes, la custodia se mostró absolutamente inservible frente a un par de sujetos que venían sólo a robar; si fue una advertencia o amenaza contra el gobernador, la conclusión sobre la ineficacia es la misma, aunque los hechos son políticamente mucho más graves. Encima, en la gobernación no pueden explicar la sucesión de "casualidades" relacionadas con la seguridad de Duhalde.

El Peugeot 405, gris, chapa BUL 948, había dejado a Analía Duhalde frente a la casa de sus abuelos, en una zona residencial de Lomas de Zamora. Cuando la joven de 24 años ingresó al moderno chalet, irrumpieron los dos desconocidos que, casi de inmediato, la emprendieron a tiros con pistolas calibre 32, un arma utilizada tanto por delincuentes como por policías que hacen trabajos sucios. Cabezas, por ejemplo, fue asesinado con un arma de esas características. Uno de los hechos más llamativos es que hubo no menos de 15 disparos, todos hechos por los atacantes.

En un principio, el propio gobernador dio una versión que después fue desmentida oficialmente. Duhalde dijo que los desconocidos habían robado un quiosco ubicado a pocos metros de la casa de sus padres y que, como necesitaban un vehículo para huir, intentaron robar el Peugeot. Unas horas más tarde, se aclaró que no hubo tal asalto al quiosco, pero que lo del auto sí fue un robo.

Fuentes de la División Investigaciones de la Bonaerense reconocieron a este diario que en la versión oficial hay varias contradicciones:

* Los ladrones no están usando autos Chevrolet modelo Corsa o Monza porque "son coches muy policiales", es decir que es habitual que ese tipo de vehículo sea usado por uniformados. Eso hace que el delincuente común les escape a esos modelos, ya que los policías los miran mucho para ver si encuentran a algún compañero de la fuerza.

* Es muy raro que dos hombres intenten robar un auto en el que hay otros dos hombres. El que va a asaltar tiene la ventaja de la sorpresa y tiene la oportunidad de mirar antes.

* Cuando un policía sufre un robo a mano armada, no se identifica. Repele el intento sin mediar palabra, porque extrae el arma y sorprende al ladrón. Además, desde el punto de vista del reglamento de la Bonaerense está obligado a hacerlo, porque de lo contrario se le abre un sumario por "debilidad moral".

* Tratándose de custodios, es aún más llamativo que no hayan reaccionado. El hecho de que uno de los suboficiales haya perdido el arma y que el otro tenga el cargador completo muestra que no tuvieron tiempo de hacer absolutamente nada. "Todo indica que fueron interceptados a balazos, sin que hubiera ni robo ni diálogo alguno. Fueron a dispararles. Además porque hay demasiados tiros de un lado solo", aceptó un hombre cercano a León Arslanian, el ministro de Seguridad.

Las dudas sobre los hechos derivaron casi inmediatamente en una serie de versiones. La principal inculpa a desplazados de la Bonaerense: "Es una amenaza, para que no sigamos adelante con la depuración y la reforma de todo el sistema de seguridad. Además, no quieren que avancemos en ninguna causa judicial contra los ex comisarios. Si esto fue un aviso, sólo ellos lo pudieron hacer, porque sólo ellos se atreverían a hacerlo en territorio bonaerense", explican en La Plata, sin disimular el enojo por el fracaso de los custodios. En la Capital Federal hay otras versiones. Algunas sintomáticas de la magnitud del choque entre Menem y Duhalde (ver página 4).

La jueza que investigará el caso, Marta Carranza, decidió actuar con cautela. En principio caratuló la causa como intento de robo agravado e intento de homicidio agravado. La magistrada tiene importante experiencia en hechos delictivos en los que aparecieron policías involucrados -–en su juzgado está, entre otras, la causa por las golpizas al periodista Hernán López Echagüe-— y por ello decidió esperar hasta que se profundice la investigación. Anoche se hizo un intenso rastrillaje de la zona, pero obviamente sin resultados.

Al cierre de esta edición Irigoyen seguía con pronóstico reservado y Dupuy internado. Duhalde no fue a visitarlos ayer al hospital Churruca, aseguró que lo haría hoy.

"ESTARÍAMOS COMPLETAMENTE LOCOS SI NO ANALIZAMOS ESTO SERIAMENTE"

Por Ernesto Tenembaum

"No descartamos ninguna hipótesis", dijo ayer Eduardo Duhalde, al informar sobre el atentado contra la casa de su madre. Palabras más, palabras menos, lo mismo habían dicho el senador Eduardo Menem y el jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez, cuando fueron baleados sus custodios, o los de su familia. En los tres casos, la información oficial indicó que se trataba de asaltantes comunes, pero las víctimas directas se negaron a ratificar la versión. En un cuarto caso, la contradicción fue más evidente: mientras el Gobierno y la policía defendían la hipótesis del accidente, Zulema Yoma sostuvo desde un comienzo que a su hijo lo habían asesinado. La estrategia oficial consiste siempre en negar que haya violencia en el corazón del poder. Por lo bajo, los mismos hombres admiten las hipótesis de trabajo más diversas. En este caso, los principales sospechosos son los integrantes de la vieja conducción de la policía bonaerense. Algún bonaerense menciona a Alfredo Yabrán. Y, hasta ahora, nadie al gobierno nacional.

Por la noche, en el reportaje de "A Dos Voces", le preguntaron a Duhalde si sospechaba de la policía bonaerense, de Alfredo Yabrán o del menemismo.

--Descarto completamente esto último. No creo que las amenazas provengan del seno de la política --dijo, para ratificar que analiza seriamente las primeras dos posibilidades.

"Nadie cree que esto haya sido un atentado contra la hija o contra la madre del gobernador. Pero sí que fue un mensaje. Puede ser de distintas fuentes. Es demasiada casualidad que la custodia del gobernador haya sido baleada dos veces en poco tiempo. Y que, en el medio, haya aparecido un explosivo en la ruta que iba a transitar el gobernador. Si no analizamos seriamente esto, seríamos locos", dijo un colaborador estrecho del gobernador. Duhalde sostuvo que, en principio, se trataba de un intento de robo pero agregó que no descartaba ninguna hipótesis. Lo informó, además, en una conferencia de prensa.

Un hecho de violencia contra Eduardo Duhalde, como contra Jorge Rodríguez o Eduardo Menem, es un atentado salvo que alguien demuestre lo contrario. Los entornos de ellos piensan en cualquier cosa salvo en una casualidad. Eso sucede aun cuando las balas no vayan dirigidas directamente hacia ellos. Cuando apareció el cadáver de José Luis Cabezas, Duhalde dijo ante varios colaboradores que había sido un mensaje en su contra. "Soy Colosio", agregó, en referencia al ex candidato a presidente de México, asesinado por sus compañeros de partido. Esa sensación de peligro acompaña al gobernador desde entonces, y fue potenciada por la seguidilla de reformas a la policía bonaerense y por el enfrentamiento sin retorno contra Alfredo Yabrán. Es difícil evaluar si el riesgo es real o si es producto de la paranoia, pero había que hablar ayer con cualquier duhaldista para saber que la sensación de riesgo se había incrementado.

Desde la Casa Rosada se difundían las especulaciones más variadas. Una fuente del Ministerio del Interior difundía una informe de la Policía Federal que apuntaba sobre los expulsados de la bonaerense. Otros sospechaban del autoatentado, ya sea para ganar el centro del escenario o para empezar a explicar ante la sociedad la decisión de retirar la candidatura presidencial. "Es un absurdo pensar que retiro mi candidatura. Eso tiene origen en las usinas de rumores que surgen de las maniobras reeleccionistas", dijo ayer Duhalde. Pese a las suspicacias, el gobernador recibió llamadas del presidente Carlos Menem y del ministro del Interior Carlos Corach. Con Menem, Duhalde no hablaba desde hace un mes y medio, cuando compartieron un acto en el interior de la provincia de Buenos Aires. Corach le preguntó por los custodios y le ofreció la colaboración que necesitara para esclarecer el hecho. Duhalde agradeció formalmente y quedaron en mantenerse en comunicación.

A diferencia de episodios anteriores, esta vez se confundía la víctima con la fuente que intentaba restarle importancia al hecho y la que lo jerarquizaba. Cuando el ataque fue contra la casa de Eduardo Menem, donde también murió un custodio, la divisoria de aguas estaba bien clara: todo el Gobierno contra las víctimas directas. El presidente Menem, el ministro del Interior Corach, entre otros, insistían en la hipótesis del intento de robo. Eduardo y particularmente su esposa, Susana Valente, exponían sus dudas y sus preocupaciones en público y los enfrentaban. Jorge Rodríguez estuvo más sereno pero su versión también contradijo la de la policía y el Ministerio del Interior. En realidad, el ataque contra su custodia no provocó muertos ni afectó la vivienda particular del jefe de Gabinete. El episodio angustió mucho menos a la familia Rodríguez que a la familia Menem.

Los colaboradores de Duhalde explican que el gobernador atraviesa el período más crítico de su vida política. Siente que Menem está decidido a destruir sus posibilidades de llegar a la Casa Rosada. Y que además corre riesgos personales por la dimensión de sus enemigos. "Lo atraviesan tantos problemas distintos y de tanta magnitud que no se puede pensar seriamente en un futuro tan lejano como el '99. Pero ahora, es como si estuviera cercado. Como si el horizonte estuviera plagado de enemigos. Ninguno de nosotros le desea esa situación a nadie", se confesó un íntimo del gobernador.

REACTIVAN JUICIOS CONTRA POLICIAS Y FUNCIONARIOS

ENRIQUECIMIENTOS EN LA MIRA

La Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora acaba de pronunciarse por la "competencia exclusiva" de la jueza de primera instancia Silvia González para investigar el presunto enriquecimiento ilícito de unos tres mil funcionarios de las municipalidades de Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Almirante Brown y Ezeiza. Así se lo confirmó ayer a este diario la magistrada.

González también informó que esa y otras importantes causas que tramitan en su despacho, como la que se le sigue al suspendido camarista Eugenio Alsina por "cohecho (coima) agravado" y al ex jefe de la Policía Bonaerense Pedro Klodczyk, serán instruidas "según la confirmación que recibí del Ministerio de Seguridad y Justicia --a cargo de León Arslanian-- por los oficiales que hasta antes de su disolución estaban asignados al Area Especial y que ya trabajaban en estas investigaciones". "Esto es importante porque le dará continuidad a la instrucción", precisó.

La denominada "Megacausa" estuvo casi un año parada porque uno de los funcionarios investigados pidió la incompetencia de la jueza. Con su resolución, los camaristas desataron las manos de González para que continuara la pesquisa.

La jueza ya había librado oficios a distintos organismos públicos y privados para que informaran sobre la cantidad de propiedades, cuentas bancarias, tarjetas de créditos y, entre otras cosas, vehículos registrados a nombre de intendentes, concejales, policías y funcionarios de distintas categorías.

También se habían comenzado a realizar los primeros estudios "ambientales". Esto es, por caso, fotografiar las viviendas de los intendentes Manuel Quindimil, de Lanús, y Bruno Tavano, de Lomas de Zamora. El relevamiento también incluye el nombre de la escuela y la cuota a la que los investigados mandan a estudiar a sus hijos y si, al decir de sus vecinos, llevan un tren de vida que no se compadece con el ingreso familiar.

El expediente comenzó su aletargado trámite judicial el 15 de junio de 1995. La investigación "por oficio" fue iniciada por los jueces del Departamento Judicial de Lomas de Zamora Marcelo Soukop, Hugo Van Schilt, Silvia González y Miguel Navascues. Los magistrados habían invocado el artículo 436 del Código Procesal de Buenos Aires que obliga a investigar todos los hechos con sospechas de ilícitos que lleguen al conocimiento de los funcionarios judiciales por cualquier vía.

Después cada magistrado abrió una causa en su respectivo juzgado. Pero, ante una protesta presentada por el patrocinante de uno de los intendentes investigados, la Cámara resolvió que la única competente para llevar adelante la titánica tarea era sólo González porque era su juzgado, el Criminal y Correccional número 11, el que estaba de turno el día que pusieron en marcha la pesquisa.

La "Megacausa" tiene por objeto la comprobación de eventuales delitos de enriquecimiento ilícito, reprimidos por el artículo 268, segunda parte del Código Penal, por parte de funcionarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo comunal, de los consejos escolares y de funcionarios provinciales o nacionales con domicilio legal en el ámbito del departamento judicial o que presten servicios dentro de él.

Aunque este artículo permitiría, por su lugar de residencia, que González investigue, por ejemplo el incremento patrimonial del presidente de la Cámara de Diputados Nacional, Alberto Pierri, o del gobernador, Eduardo Duhalde, la jueza le dijo a este diario que se limitará a investigar "al menos por ahora" a los más de tres mil funcionarios de los distritos ya enumerados.

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