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LOS NEGOCIOS PARALELOS DE OYARBIDE
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Casi en simultáneo con la redacción del texto que elevaría a la Cámara, Quantín desmintió que el caso pusiera de nuevo en acción al grupo de fiscales que encabezaba y eran conocidos en tribunales como "los centauros". "Si se forma o no una comisión para investigar estos hechos es algo que tendrá que resolver el procurador", dijo para aclarar informaciones periodísticas que aseguraron el regreso del equipo de investigadores a su cargo. Es probable que la sala IV de la Cámara del Crimen resuelva hoy la cuestión de competencia planteada, puesto que los jueves se realiza una de las dos reuniones habituales de acuerdo. El titular del juzgado 17 donde recayó la causa, Fernando Rodríguez Lubary, se había declarado incompetente, ya que los hechos involucraban la conducta de un magistrado del fuero federal. Quantín fundó la apelación de la medida en la postura de la propia sala IV (la misma que debe dirimir quién realizará la instrucción) que en dos dictámenes producidos en 1994 y 1996 entendió que "cuando el hecho investigado no comprometa la seguridad del Estado o sus instituciones o no supere el marco privado, debe conocer en el proceso la Justicia de instrucción". El fiscal de la Cámara III recuerda que el 25 de abril, a las diez de la noche y en el restaurante El Mirasol, Oyarbide amenazó al recepcionista, un ingeniero de nacionalidad argelina llamado Zinnedine Rachem, diciéndole en dos oportunidades: "A vos te quedan 48 horas de vida. Sos un hombre muerto". Al parecer, las amenazas están relacionadas a un video que comprometía la vida íntima de Oyarbide y fueron corroboradas por los testigos que declararon ante los fiscales José María Campagnoli e Ignacio Rodríguez Varela el mismo día que Zinnedine Rachem decidió presentar la denuncia (27 de abril). También subraya que de los testimonios obtenidos surge un posible chantaje sufrido por Oyarbide, quien habría sido presionado con la posible difusión del film. La denuncia del argelino relaciona estos hechos con el secuestro y tiroteo del autor de la filmación realizada en el local Spartacus, Luciano Garbellano Botega, quien fue abandonado en jurisdicción de Zárate con heridas de bala en el omóplato, en el codo y fractura expuesta de un dedo de la mano izquierda. Por último, Quantín subraya del relato de Zinnedine "la presunta participación del magistrado en la gestión comercial de dos locales en los que se ejercería la prostitución" y en cuyo usufructo, según el argelino, habrían estado asociados Luciano Garbellano y Norberto Oyarbide. Quantín remarca que "de lo hasta ahora actuado, surge como harto prematuro expedirse sobre los posibles delitos de facilitación de la prostitución o violación de los deberes de funcionario público (por lo que no hay siquiera requerimiento). "Nótese por otra parte --dice el fiscal de Cámara-- que debe investigarse la presunta instigación al delito de secuestro y no la genérica instigación a cometer delitos del artículo 209 del Código Penal" . Tal como informó Página/12 el martes pasado, el recepcionista argelino, inseguro y atemorizado, contó a los fiscales que sus compañeros de trabajo habían escuchado, antes de que se produjeran las amenazas, ráfagas de la conversación mantenida por el juez Oyarbide (habitué de El Mirasol) con un comensal no identificado y al que le decía señalando al argelino: "A este lo voy a hacer deportar". Mozos y adicionistas del local en el que suelen reunirse funcionarios de gobierno y personajes del círculo íntimo del presidente Carlos Menem corroboraron las aseveraciones de Zinnedine, unos por haber escuchado las amenazas y otros porque observaron al juez gesticulando, fuera de sí e increpando al árabe. Con esa media docena de testimonios, las amenazas, al menos, habrían quedado fehacientemente probadas. El episodio que ventila, de manera desdichada, la vida privada de un juez que, paradójicamente, es en el fuero federal el mejor contactado con la policía y el Ministerio del Interior, ha dado pie al rebrote de un sinfín de internas: las de los jueces federales, alineados en unos casos tras el jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, y los que en menor medida responden a Carlos Corach; la que ente bambalinas protagonizan la policía y los servicios de inteligencia y también las del propio oficialismo, que ahora deberá ver qué actitud asume ante el escándalo y qué líneas baja a sus legisladores en relación al pedido de juicio político presentado por los diputados de la Alianza.
Por José Natanson
Por la sospecha de que Oyarbide habría avalado procedimientos irregulares Rossi le inició una causa al magistrado, la B 1052, en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría, por la presunta comisión de los delitos de privación ilegítima de la libertad, asociación ilícita, omisión de denuncia y encubrimiento. En agosto de 1996 una denuncia anónima llegó a la Comisaría 39ª. La persona que efectuó el llamado alertaba sobre la quema de 15 autos en Villa Urquiza y agregaba que cerca del lugar había visto un taxi, Peugeot 504, con patente terminada en 459. Con ese único dato en el expediente, Oyarbide dictó una orden de allanamiento sobre el domicilio de Rossi, que trabaja de taxista. El juez no tuvo en cuenta, explicó Rossi, que en ese momento circulaban por la Capital Federal 46 coches con la misma terminación de patente. Ni siquiera allanó el domicilio que figuraba en los registros sino otro, del cual Rossi se había mudado diez años antes. "El objetivo fue amedrentarme para que yo no siga adelante en una causa que le inicié al sargento Rodolfo Alberto Tarruela por tentativa de homicidio", explicó a este diario. La hipótesis coincide con las declaraciones del ex ministro Domingo Cavallo, quien había asegurado que el juez Oyarbide era controlado por Carlos Corach "vía Policía Federal": Ayer, Rossi agregó datos que aportan más información sobre las irregularidades que se habrían cometido en la instrucción de la causa 6000 del juzgado de Norberto Oyarbide, quien luego de 5 meses se vio obligado a dictar el sobreseimiento definitivo de Rossi por falta de pruebas. "El 29 de agosto yo estaba estudiando --explicó ayer Rossi-- cuando sonó el timbre. De repente tenía a toda la Policía Federal adentro de mi casa. Eran como veinte agentes encabezados por el inspector Fabián García y el sargento Luis Alberto Bascuas, los dos de la Comisaría 47ª." "Tenían una orden de allanamiento del juzgado de Norberto Oyarbide. Cuando me dijeron que buscaban un auto Peugeot 504 con patente terminada en 459 les expliqué que se habían equivocado. Yo había repatentado mi auto cuatro meses antes y la chapa había cambiado al 593." Rossi explicó que el objetivo era buscarlo a él y no esclarecer el hecho. "Me retuvieron en mi casa y me esposaron delante de mi mujer y mis hijos. Después de seis horas llegaron con otra orden de allanamiento. En la nueva orden no figuraba más la terminación de la patente sino el número de licencia. Es evidente que esas seis horas fue el tiempo que tardaron en ubicar al juez para que cambiara la orden." |
El
fiscal de Cámara Norberto Quantín se pronunció en contra de que la causa que investiga
las presuntas amenazas de muerte proferidas por el juez federal Norberto Oyarbide contra
el argelino Zinnedine Rachem sea girada al fuero federal y sostuvo que "la
circunstancia de que el imputado revista la condición de juez federal no implica, per se,
que tenga que intervenir aquella justicia de excepción". Quantín señaló en el
escrito que, además de las amenazas, se investiga el supuesto secuestro y tiroteo a
Luciano Garbellano Botega, el hombre que filmó el video de la discordia, y la
"presunta participación del magistrado en la gestión comercial de dos locales en
los que se ejercería la prostitución".