Por Cledis Candelaresi
Gracias a un trabajoso acuerdo entre las bancadas, Diputados dio
ayer media sanción al proyecto para crear el monotributo, impuesto único con el que
pequeños contribuyentes sintetizarán sus obligaciones de IVA, Ganancias y aportes a la
seguridad social. Tal como aspiraban los legisladores de la Alianza, pero a contramano de
lo que ayer mismo sostuvo Roque Fernández, el texto incluyó como beneficiarios a cierto
tipo de sociedades y a profesionales que facturen hasta 24 mil pesos por año. Pero los
legisladores oficialistas saben que no está dicha la última palabra: tal como exigió
semanas atrás Carlos Silvani, titular de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, esta dependencia oficial tendrá la potestad de apartarlos si constatara que
evaden tanto como presume el Gobierno, o si probara que su inclusión da lugar a maniobras
para eludir el pago de impuestos.
El monotributo quedó planteado más como una herramienta de
política social que recaudatoria. Por ese motivo es que los propios diputados
justicialistas sostienen que su única utilidad será blanquear a contribuyentes de escasa
capacidad, que hoy están fuera del sistema. "Así los marginales de la clase media
tendrán acceso a una jubilación", comentó ante este diario Oscar Lamberto (PJ),
antes de marchar hacia el recinto. Y tan así es que hasta ayer unos y otros se disputaban
la autoría de la norma. "El monotributo fue una propuesta nuestra, que el Gobierno
plagió mal", aseguraba el radical Rodolfo Terragno.
La principal discusión entre justicialistas y opositores estuvo
referida al alcance del régimen, que la UCR pretendió hacer más abarcativa. El ditamen
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados incluyó en el monotributo sólo a
las sociedades unipersonales que facturen hasta 144 mil pesos por año. En concepto de IVA
y de Ganancias, estas empresas (y las incluidas ayer en el recinto) tributarán un importe
mensual único que oscilará entre 33 pesos, para quienes facturen hasta 12 mil pesos
anuales, y 464 pesos, para quienes alcancen la facturación máxima. Aparte, los
autónomos y empleadores (por cada trabajador) deberán hacer un aporte de 33 pesos
mensuales a la seguridad social.
Pero finalmente el PJ se avino a incluir a los profesionales y a otro
tipo de sociedades, distintas de las anónimas, en comandita por acciones y SRL. De
cualquier modo, el proyecto faculta expresamente a la AFIP para "incluir o
excluir" actividades. A decir del vicepresidente del bloque oficialista, Marcelo
López Arias, este es el recurso del que dispondría el Poder Ejecutivo para modificar
automáticamente los alcances de la norma. El temor, ya planteado por Economía, es que la
ley agrande aún más el bache fiscal. Antes de la extensión votada ayer, la AFIP
calculaba que el monotributo permitiría embolsar 175 millones anuales, gracias a la
incorporación de nuevos contribuyentes. Sin embargo, a esto hay que restarle todo lo que
el fisco dejará de percibir por el pase al nuevo régimen de los que hoy están en el
sistema general, donde tributan más. En el mejor de los casos, con el esquema original,
el efecto sobre las arcas públicas podría haber sido neutro. Ahora el déficit no será
menor a los 100 millones.
La ley tendrá impacto directo en el sistema jubilatorio, entre otras razones porque, a
diferencia de lo que planteó Economía, Diputados dispuso que el 30 por ciento de la
recaudación por el monotributo se coparticipe entre las provincias en lugar de nutrir al
sistema de seguridad social.
DEBATE POR LA COPARTICIPACION
UN TERCERO EN EL REPARTO
El
Gobierno sumó ayer un nuevo elemento de conflicto al áspero debate por la Ley de
Coparticipación. Durante un seminario organizado por la Jefatura de Gabinete, el director
ejecutivo de la ANSeS, Saúl Bouer, anticipó uno de los puntos del proyecto que elabora
el Ejecutivo. Dijo que el nuevo esquema de distribución de recursos deberá fijar un piso
para financiar los gastos del sistema jubilatorio.
Esto significa que, en la propuesta oficial, hay tres actores entre los
cuales repartir los ingresos: la Nación, las provincias y la seguridad social. Hasta el
momento once provincias pasaron sus cajas al gobierno central. "Por qué tenemos que
financiar nosotros los déficit de quienes fueron ineficientes en la administración de
sus sistemas jubilatorios", se quejó el gobernador de La Pampa, Rubén Marín,
anticipando la posición de sus pares.
El Gobierno quiere que todas las provincias hagan frente a los gastos
de la seguridad social, dado que en la actualidad su financiamiento consume el 50 por
ciento de los fondos que ingresan en las arcas del Estado. "La Nación sacrificó
masa de coparticipación en favor de los jubilados y esa responsabilidad es de todos,
incluyendo a las provincias que no transfirieron sus cajas", afirmó la secretaria de
Equidad Fiscal, Carola Pessino.
El diputado radical Eduardo Santín, especialista en temas previsionales, consideró
que la intención del Gobierno es desalentar el sistema jubilatorio de reparto "para
que todo quede bajo la órbita de las AFJP". "En Buenos Aires la caja es
superavitaria, tiene una obra social que funciona bien como IOMA y se paga el 70 por
ciento móvil a los jubilados", señaló. "Pero, si se integra al sistema
nacional, desaparecerán todos esos beneficios y nadie va a querer seguir aportando, por
lo que la gente se va a pasar a las AFJP", interpretó. |
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