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 El más absoluto
hermetismo caracterizó ayer la causa que tramita la jueza de instrucción María
Angélica Crotto, en relación con la "presunta tentativa de extorsión"
cometida por cuatro policías de la División Robos y Hurtos de la Policía Federal. Los
efectivos, indagados durante toda la tarde por la magistrada, habrían amenazado a un
hombre con inventarle una causa si no les entregaba el dinero que había ganado en un
local de bingo. La denuncia del hecho provocó el allanamiento al Departamento Central de
la PF y la detención de un subcomisario, un oficial y dos suboficiales. La fabricación
de causas truchas tiene su antecedente más inmediato a fines del '96, cuando un oficial
denunció que ésa era una práctica habitual en la Comisaría 50ª del barrio de Flores. El operativo judicial se realizó el lunes por la noche en las oficinas de Robos y Hurtos y, desde entonces, los cuatro policías permanecen en el Departamento Central "en disponibilidad" y "relevados de sus cargos", hasta que se compruebe su culpabilidad o inocencia. La situación del comisario Héctor Pardal, jefe de Robos y Hurtos, quedó seriamente comprometida ya que uno de los detenidos sería su segundo y, según fuentes policiales, "siempre que pasa algo así es inminente un cambio de jefatura". Hasta el cierre de edición, Pardal no había aparecido en su oficina. En la investigación, previa al allanamiento judicial, intervino la División Asuntos Internos, cuya "colaboración, que permitió lograr ampliamente el cometido del sumario", fue puesta de relieve por la jueza, dijeron allegados al tribunal. La misma división es responsable de los sumarios administrativos que lleva adelante la Policía Federal. El comunicado oficial de la fuerza omitió la identidad de los policías "a fin de no entorpecer la investigación que se halla en etapa de secreto sumarial y para no alterar principios procesales que hacen a las garantías de las personas". La misma excusa del secreto de sumario esgrimieron en el juzgado para no informar los resultados de la indagatoria, pero algunos allegados señalaron que "el caso es muy delicado, y no se van a dar precisiones ni detalles para no estancar la pesquisa". En tanto, el denunciante --identificado como Mario Vega, según trascendió-- tiene custodia policial en su casa del barrio de Congreso, adonde el jueves pasado se habrían presentado los cuatro efectivos para exigirle el dinero ganado en una casa de bingo. Aparentemente, los policías le habrían retenido el DNI, que sería uno de los elementos buscados por la jueza en el allanamiento. La del afortunado ganador no es la primera denuncia que involucra a la PF en el armado de causas truchas para su propio beneficio. En noviembre del '96 el ex policía Hugo Airali denunció que era práctica habitual en la Comisaría 50ª --donde cumplía funciones-- para "mejorar la imagen" y elevar el índice de hechos esclarecidos. Su testimonio permitió la absolución del taxista Ramón Sandoval, quien estuvo preso ocho meses acusado de intentar robar un banco. Gastón Chillier, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), representó a Airali en aquella oportunidad. "No estudiamos en forma sistemática el tema, pero lo vemos como una práctica habitual", dice Chillier y pone como ejemplo que "un solo defensor oficial denunció ocho casos en los que intervino. Y gente del Poder Judicial dice que es muy común". "Lo raro --asegura el abogado-- es que se investiguen los hechos. Casi siempre es muy difícil de probar porque, en general, hay involucrada una tercera persona que desaparece."
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