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 Entidades
defensoras de los consumidores y legisladores de distinto signo, incluidos los
oficialistas, coincidieron ayer en objetar el dictamen de la Corte, al que consideran un
producto de "las presiones políticas" ejercidas desde el Ejecutivo. Algunos de
ellos sugieren que ese pronunciamiento puede dejar resquicios para que los usuarios
continúen batallando en la Justicia contra el cuadro tarifario que resultó del
rebalanceo.* Emilio Martínez Garbino, diputado del PJ. "El fallo es un aumento encubierto, y, según los pliegos, no correspondería un aumento sino rebajas. Estoy sorprendido de que el mayor órgano que debe administrar justicia haya consagrado un incremento que no estaba permitido, accediendo a que, desde los bolsillos de los usuarios, se transfieran 400 millones de pesos a las licenciatarias. Es necesario convocar a una audiencia pública para discutir un nuevo cuadro tarifario, cuyo efecto sea realmente neutro. Con este rebalanceo, a diferencia de lo que se aseguró, las compañías pudieron incrementar su recaudación, ya que tanto las llamadas interurbanas como las urbanas siguieron creciendo. Sólo la presión política puede revertir esta situación". * Jorge Cermesoni, defensor adjunto del Pueblo de la Nación. "La resolución de la Corte no hace más que confirmar lo que yo denuncié dos semanas atrás, cuando la jueza federal María José Sarmiento le aplicó la multa de un millón de pesos diarios a Telecom, luego confirmado por la Cámara, y que esta misma semana fue extendida a Telefónica. Cuando se aplicó la multa por la demora en el cumplimiento de la sentencia que beneficiaba a los usuarios, anuncié que esto tal vez iba a actuar como un disparador, obligando a la Corte a resolver. Ahora, la Corte resolvió a favor de las empresas, dando validez a un decreto que es absolutamente inconstitucional, porque viola el artículo 42 de la Constitución Nacional". * Cristina Zuccardi, ex diputada del Frepaso. "La determinación de la Corte es una decisión por obediencia política y un lamentable eslabón de la cadena que inició Menem en 1997, cuando tomó la decisión de firmar un decreto de necesidad y urgencia autorizando el rebalanceo telefónico. Y no es casual que aquel dictamen se produzca 48 horas después de que la Justicia extendió a Telefónica la multa de un millón de pesos diarios por desoír la orden judicial de suspender la facturación con las nuevas tarifas". * Héctor Polino, presidente de la Asociación de Consumidores Libres. "La decisión de la Corte no afecta mi querella contra las empresas telefónicas, ni las faculta para aplicar el rebalanceo. En caso de que falle contra la causa que yo presenté (también contra el rebalanceo), recurriré ante el Tribunal Interamericano de Justicia, con sede en Washington. Allí acusaría a la Corte argentina por ceder ante las presiones del poder político y no defender la independencia de poderes en mi país. El fallo de hoy (por ayer) puede dejar resquicios legales que favorezcan otras causas pendientes, referidas al mismo tema". * Marcelo Vensentini, diputado del Frepaso. "Era previsible un fallo de la Corte con ese contenido, aunque resultó sorpresivo el momento. Posiblemente el Tribunal se apuró porque ya hubo varios pronunciamientos judiciales en contra de los intereses de las telefónicas, que resultaron multadas por aplicar el nuevo cuadro tarifario, a pesar de la orden judicial de abstenerse". * Jorge Bonadera, asesor jurídico de Adelco. Es inconstitucional, ya que transgrede el pliego de condiciones. También vulnera la ley 24.240, que otorga a los usuarios la posibilidad de opinar sobre los cambios tarifarios a través de audiencias públicas. Habría que analizar detenidamente el fallo. Pero, en principio y desde el punto de vista jurídico, a los consumidores les queda poco que hacer. Sólo una decisión política podría proteger a los usuarios que hasta ahora resistieron pagar las facturas con los nuevos precios e impedir, por ejemplo, que las telefónicas continúen bloqueando el servicio.
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