EL GOBIERNO QUIERE QUE EL ESCÁNDALO DE OYARBIDE SEA EXCLUSIVAMENTE SEXUAL

ELLOS SÓLO PIENSAN EN ESO

Sólo una cosa preocupa más al Gobierno que la suerte de Norberto Oyarbide: su propia suerte. Por eso, los principales funcionarios que rodean al Presidente Carlos Menem ya decidieron su estrategia de tres patas ante el escándalo más impresionante de la Justicia. Tratarán de que el Oyargate quede siempre como una discusión sobre la vida privada de un ciudadano que, además, es juez. Si hay peligro de que Oyarbide sea acusado por actos de corrupción o por enriquecimiento ilícito, lo sostendrán. Y si, pese a todos los esfuerzos, Oyarbide se derrumba como cualquier mortal, filmado en un video privado, y no por los delitos de un inmortal funcionario del Estado, caerá solo. Sin ayuda. Y sin contaminar al Gobierno. Si hay escándalo, que sea por el amor y no por la guerra.

Oyarbide no está obligado a declarar el lunes ante la Comisión de Juicio Político, que según la Constitución se encarga de acusar a los jueces para que después el Senado los destituya, pero los diputados ya saben que irá. El juez confió a un legislador del PJ que prefiere comparecer a que se diga que eligió el silencio porque oculta algo. Y prefiere un momento de tensión delante de los diputados, a irritarlos porque los ignoró.

La Comisión será, entonces, el primer gran escenario del Oyargate. Para el juez, sin embargo, no será un escenario enteramente hostil. Cuenta nada menos que con la amistad del presidente de la Comisión, el justicialista César Arias, un político de confianza de Menem que antes fue subsecretario de Justicia. Arias conoce a Oyarbide de cuando éste era secretario en Tribunales. Y lo estima. Pero incluso si lo odiara el diputado sabría que el juez tiene la recomendación de Corach. Un legislador y un funcionario del Gobierno aseguró a este diario que Corach y Arias ya hablaron específicamente del tema. Y que Corach ya instruyó a Arias para que, en principio, no exista un Oyargate pero que, si la desgracia es inevitable, sea un Sexgate y no una nueva versión de los escándalos anteriores (leer añadiendo el sufijo gate a cada palabra): Trovato, Narco, Swift, Pami, Milk.

Arias le aseguró al ministro que el PJ enfocará el tema sin fisuras. No habrá acusación, o la habrá por un delito tan privado, y tan etéreo, que luego permitirá al Gobierno pararse con la entereza de un organismo de derechos humanos y decir que respeta la decisión legislativa (o, después, judicial). Según el caso, hasta podrá plantarse con la entereza de un organismo de derechos humanos y decir que, aquí, se ha sancionado a un argentino solo por su vida privada y su elección sexual.

Para afianzar su estrategia, el oficialismo confía en el poder de persuasión del juez Juan José Galeano. Galeano tiene una deuda con Oyarbide. El año pasado, Oyarbide procesó a Mariano Cúneo Libarona, el abogado de la animadora nocturna Samantha Farjat y del comisario bonaerense Juan José Ribelli, por el caso de un video de la causa Amia desaparecido del juzgado de Galeano.

Por eso ayer Galeano se reunió con el vicepresidente de la Comisión de Juicio Político, el radical Melchor Cruchaga, y le dijo:

--Cuidado, que ésta es una operación de Cúneo Libarona.

(El presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas de la Argentina, Rubén Beraja, ya había recordado el nexo entre el Oyargate y aquel episodio.)

Un importante funcionario de Tribunales que pidió reserva de su nombre dijo a Página/12 que Galeano está convencido de que convenció a Cruchaga. La percepción solo podrá comprobarse durante la semana, porque Cruchaga no solo escuchó a Galeano. Su correligionaria Elisa Carrió --que fue el motor de la acusación en Diputados contra Francisco Trovato-- está segura de que el Oyargate es un nuevo caso de corrupción. "Lilita no piensa comprarse una caza de brujas sexual, y no se enredará en la idea de un Sexgate", dijo un diputado del Frepaso que la trata día a día desde el caso Trovato.

La estrategia oficial, como se ve, es tan audaz como vulnerable. Una debilidad que se acentúa con un dato conocido (la Side detesta a la Policía Federal, que a su vez ama a Oyarbide) y otro desconocido hasta este momento: un sector de la inteligencia estatal quisiera azuzar el caso Oyarbide para fastidiar al ministro del Interior.

Mientras pone un ojo en los espías, la Federal deja otro para el escándalo propiamente dicho. Un comisario lo definió así: "A toda costa evitaremos que quieran convertir a Oyarbide en el caso modelo de la corrupción policial". Por lo pronto, los azules dedicaron la noche del jueves al allanamiento de saunas. Una manera de decir que, para ellos, no hay nada peor que los parientes ilegales de Spartacus, el boliche predilecto de Oyarbide. Les preocupa tanto no quedar estampados a un Oyargate que no titubearán en pasar a retiro a cualquier oficial que termine públicamente comprometido con el juez, si es que aparece alguno.

Y si es que aparece otra cosa: una causa. En este terreno el Gobierno también tiene su estrategia. A toda costa buscará en la sala cuarta de la cámara (que decidirá competencia el martes o el jueves) que el caso se instale en la Justicia federal, que es la de Oyarbide y ha funcionado hasta ahora como el fuero confiable para el Ejecutivo. Por ejemplo la investigación sobre Matilde Menéndez duerme apaciblemente desde hace cuatro años, cuando dejó la órbita del juez Juan Madhjubian y ascendió más cerca del sol.

Cuando los funcionarios imaginan un futuro ideal, piensan también que irán suavizando su rencor el argelino Zinnedine Raschen, el empleado de la parrilla El Mirasol que habría sido amenazado por Oyarbide el sábado 27 de abril por la noche; el cuentapropista del sexo Luciano Garbellano, otro habitué de Spartacus; y el abogado de Garbellano, Víctor Stinfale.

La moral por encima de todo, dice la estrategia del Gobierno. Y si alguien fue tan inmoral que cayó en el delito, que pague. Pero por favor, que no endeude a los demás.

LA ESCUELA SPARTACUS

Luego de que por la madrugada un camión se llevara los muebles, los televisores, los colchones y hasta las columnas de yeso utilizadas como decoración del local, poco fue lo que se pudo encontrar durante el allanamiento realizado a "Spartacus" en horas de la tarde. Era obvio. Habían pasado más de diez días desde que el argelino Zinnedine Rachem presentara la denuncia por amenazas que involucraba al juez federal Norberto Oyarbide, y pese a que la medida había sido solicitada casi de inmediato por el ministerio público, el juez Fernando Rodriguez Lubary decidió concretarla recién ayer, después de la rueda de prensa realizada por la policía (ver aparte).

El fiscal Norberto Quantín, quien participó del allanamiento junto a efectivos de la Policía Federal, dijo que el operativo se efectuó porque "se suponía que era un prostíbulo, aunque en los papeles figura como escuela. Se ha fotografiado el lugar y será mostrado que no funcionaba una escuela".

A las seis de la mañana, un camión con el logo de Sancor estacionó frente al local de la calle Aguero 1916. Al ver que los muebles del local eran cargados en el camión, los periodistas que se encontraban haciendo guardia le avisaron a un policía de consigna en la zona. Poco después llegó una patrulla de la comisaría 19ª, que se abstuvo de intervenir. Los policías se limitaron a labrar una boleta por mal estacionamienmto y se marcharon. "No teníamos ninguna orden judicial para evitar la mudanza, recién hoy el juez pidió el allanamiento", explicó el comisario de la seccional, Héctor Bolatti.

El allanamiento fue dispuesto por el juez Rodríguez Lubary, quien se ha declarado incompetente para entender en la causa dado que involucra a un funcionario de la justicia federal. La fiscalía apeló la incompetencia planteada por Rodríguez Lubary y la Sala IV de la Cámara del Crimen deberá resolver el martes si la investigación de la denuncia de Zinnedine la llevará a cabo la justicia ordinaria o la tomarán en sus manos los pares de Norberto Oyarbide en el fuero federal.

OYARBIDE ESPERA QUE LO CONVOQUEN

POLÉMICA DE PODERES

Mientras el juez Norberto Oyarbide esperaba con innegable estoicismo el comienzo del juicio político para este lunes, el caso que lo involucra derivó hacia una polémica entre la Policía Federal, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional alrededor del funcionamiento del prostíbulo masculino Spartacus.

El jueves, el legislador porteño, Aníbal Ibarra afirmó que la investigación de Spartacus podía echar luz sobre los vínculos de un sector de la Policía Federal con el gerenciamiento de la prostitución. Ayer, el ministro del Interior, Carlos Corach, expresó que no tiene "ningún tipo de inconvenientes en que se hagan investigaciones que permitan esclarecer si el ejercicio de la prostitución tiene el consentimiento de alguna autoridad municipal" aunque la pregunta se refería a la Policía Federal, dependiente de su área. Las afirmaciones del ministro remitían, por fuerza, al candoroso comunicado de la Municipalidad que afirmaba que Spartacus estuvo habilitado como escuela hasta 1995.

En el programa de Román Lejtman, en la Rock & Pop, el jefe de la Policía Federal, Pablo Baltazar García rechazó por enésima vez que Oyarbide "responda" a la institución y convocó a la población a que denuncie los casos de corruptela. García subrayó que la respuesta que dará ante estos casos será "institucional" y "no corporativa".

Oyarbide, que hasta ahora se había limitado a tolerar al periodismo, ayer aceptó ser entrevistado por el programa "Impacto a las 7", que dirige Mauro Viale. Ante el interés sobre si en la situación que lo involucraba también había aspectos de "sexo desviado", Oyarbide dijo que de eso no iba a hablar. Respecto de Luciano Garbellano, uno de los dueños de Spartacus, aceptó que era "un conocido", no un amigo. "Si hubiera sido un amigo, se comportó de forma bastante irregular", protestó y se reconoció "dolorido" por la situación. El juez indicó que estaba esperando la convocatoria formal para declarar ante la comisión parlamentaria de juicio político.

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