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SECRETOS COMPARTIDOS
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Por Horacio Verbitsky  La disuelta policía de Buenos
Aires realizó tareas de espionaje sobre quienes consideraba adversarios del gobernador
Eduardo Duhalde, como el precandidato presidencial justicialista Ramón Ortega y el
periodista Hernán López Echagüe, pero también sobre jueces, intendentes, medios de
comunicación, organizaciones políticas, empresariales y sociales. Estos secretos
compartidos ayudan a entender el encono de la antigua cúpula de la organización armada
hacia el hombre que decidió echar lastre y disolverla luego del descubrir su nexo con el
atentado a la AMIA y con el asesinato de José Luis Cabezas. Como Duhalde recordó esta
semana, el ataque del miércoles a dos integrantes de su custodia a metros de la casa
donde estaban su madre, su hija y su suegra, es el cuarto de una serie que incluyó las
heridas de bala contra uno de los jefes de su escolta personal mientras comía en una
parrilla, la sustracción de las armas largas de sus custodios y el lanzamiento de una
granada de plástico sobre el techo del vehículo que conducía al gobernador. En enero de
1997 Duhalde sumó el crimen de Cabezas a esta lista, pero luego retiró lo dicho.
La Kaja de Pandora En algunos casos las motivaciones de esas actividades ilegales de espionaje fueron políticas, en apoyo de los intereses de Duhalde. El objetivo de otras escuchas telefónicas e infiltraciones fue sólo la preservación de intereses corporativos. Por ejemplo, el espionaje se extendió hacia las relaciones entre el juego clandestino y los sucesivos gobiernos provinciales, sobre las que la inteligencia policial parecía tener un conocimiento que nunca se manifestó en actos legales de represión. También abarcó a políticos radicales, vecinalistas y justicialistas que en los comienzos de la gestión de Duhalde plantearon la necesidad de crear una policía judicial y controlar desde la sociedad el desempeño de la policía. Nada muy distinto de lo que Duhalde plantea hacer en su ocaso, sólo que a tiempo. Las pruebas de esta faena clandestina fueron halladas en una de las cajas fuertes de la ex jefatura policial, que luego fue ocupada por el ex interventor Luis Lugones. Esa caja perteneció a Pedro Klodczyk y los materiales encontrados corresponden a los años de su actuación como jefe de policía, que concluyó en setiembre de 1996. Uno de los partes está sellado con el número 2, lo cual sugiere que pudo tratarse del ejemplar del Subjefe, Norberto Padilla. En esa kaja de Pandora también apareció una copia del prontuario del ex intendente de Merlo y ex secretario de Prevención de las Adicciones y Lucha contra el Narcotráfico, Gustavo Adolfo Green, y un informe sobre las protestas producidas en Moreno por el horario de cierre de los locales bailables. Además había un informe sobre la ORP y otro, de 1976, sobre el Partido Comunista MarxistaLeninista, con identificación y foto de sus miembros, algunos de los cuales luego fueron secuestrados, como El Ratón Angel Laurenzano o uno de los hijos de Hebe Bonafini, a quien le atribuyen el alias de "Bigote o Raúl". Pocas veces se encontró una prueba tan contundente de la continuidad entre las tropas de asalto del ex general Ramón Camps y la mejor maldita policía del mundo de Duhalde. Las misas de monseñor Ortega El 18 de diciembre de 1995, un informe reservado se refirió a una "Misa por las familias argentinas" organizada por Ramón Ortega en la Basílica de Luján. Menciona la asistencia de, Evangelina Salazar, de Ana María Picchio y del entonces candidato a la intendencia de la Capital Federal, Gustavo Veliz (sic). Los errores de ortografía son frecuentes en estos partes, que por alguna razón se consideran de Inteligencia. Por eso, a partir de ahora, se omitirá el (sic) luego de cada barrabasada. Según los espías policiales de Duhalde, el cura Jeremías Gonella acusó a los medios de comunicación de atacar a la institución familiar porque "quieren mostrar al matrimonio como algo pasajero y sexual" y a la salida de Ortega de la Basílica "se produjeron algunos forcejeos y empellones, debido a que algunos de los presentes pugnaban por acercarse, para exteriorizarle su adhesión". En las inmediaciones un cartel proclamaba "Con fe y esperanza Ortega 99", y otro decía "Luis Barrionuevo". Hasta allí no había nada en el informe que no pudiera saber Duhalde viendo "Crónica televisión" o leyendo los diarios. En la segunda foja comienzan las evaluaciones de Inteligencia, con perdón de la palabra. Sostiene que los medios de prensa calcularon la asistencia en alrededor de 2.000 personas. Pero "el domingo anterior, como de costumbre se habían contabilizado cerca de 2.500 personas", de modo que "quienes fueron efectivos concurrentes de adhesión no superaron las 300 personas, a quienes indudablemente se le sumaron numerosos turistas". Por obsecuencia hacia el gobernador, sus enviados, pecadores contra la santidad de la lengua castellana, también violaron los derechos de la matemática: 2.500 turistas + 300 adherentes= 2.000 asistentes. El parte concluye con la adhesión a Ortega decidida por el presidente de la Convención Provincial de la UCeDe, Marcelo Arroyo y dirigentes de otros 80 distritos bonaerenses del partido del capitán y la ingeniera. El domingo 14 de julio de 1996, los pesquisas reportaron la visita de Ortega y de su hermano Luis a la iglesia San Cayetano, de Gregorio de Lafferrere. Durante el oficio el presbítero David Sutil se refirió al músico como "presidente electo de los argentinos". Entre los asistentes menciona al jefe del Comando de Organización Alberto Brito Lima y al publicista Daniel Hadad. Ortega les descerrajó un sermón sobre moral y ética. "El mundo se aleja de la espiritualidad, olvidándose del camino enseñado por Nuestro Señor Jesucristo. Hay que escuchar a la gente y no hablar de candidaturas. Quizás el año próximo empecemos a caminar para hacer política", dijo. En medio de aplausos se despidió con el saludo menemista "Que Dios los bendiga". El Inspector Clouzot y sus hombres anotaron que Ortega se retiró de la Iglesia a bordo de un jeep descubierto, pero a 100 metros cambió por una camioneta Trafic. En una conferencia de prensa, tomaron nota de algunas respuestas sobre temas de interés para Duhalde pero por completo ajenos a la función policial. Ortega dijo que: * no descartaba un acuerdo con Antonio Cafiero. * si Menem decidía "pelear por una nueva reelección, con él no voy a confrontar". * mantendría su relación con Béliz y con Cavallo sin abandonar el justicialismo. * con el apoyo de la gente derrotaría al aparato. "Le dan medios de transporte, el sandwich, las bebidas, los llevan a votar y la gente cuando está adentro vota lo que su sentimiento le dice". * el cierre de las bailantas a las tres de la mañana tiene algunos puntos positivos, pero fue unilateral, los chicos están muy disgustados y a los músicos se les cortaron las fuentes de trabajo.
La Otra Tan impropio de la función policial como el informe sobre Ramón Ortega fue la vigilancia sobre Hernán López Echagüe, quien a principios de 1996 había publicado una biografía no autorizada de Duhalde. El parte de Inteligencia está fechado el 8 de abril de ese año y comienza con estas alarmadas palabras: "Como resultado del seguimiento ha surgido que existe la decisión de publicar una nueva obra dedicada a la mujer justicialista y su incidencia en la política bonaerense. De fuentes de información altamente confiables se tiene conocimiento, que los actuales bocetos o borradores de ese proyecto abarcan la temática respecto a la diputada PJ María Laura Leguizamón. Las averiguaciones se orientan sobre su pasado y su presente, vinculaciones, familiares, relaciones sentimentales y bienes patrimoniales. Todo ello, que conlleva a determinar vulnerabilidades sobre su persona, aparece según el informante como PRIORIDAD ABSOLUTA", con rotundas mayúsculas policiales. Añade que "se apunta sin duda a vulnerar uno de los aspectos más positivos generados en los últimos tiempos en la política argentina. La activa participación de la mujer en los niveles dirigenciales, por el momento es patrimonio único y exclusivo del Partido Justicialista". El parte afirma que la principal fuente de información del periodista era Luis Barrionuevo y que también se habría entrevistado con el intendente de Punta Indio, Luis Colabianchi y con el vicepresidente de Eseba, Juan Pederzoli. El parte menciona entre los interesados en "el desprestigio del gobernador, considerando las próximas elecciones legislativas y su futura candidatura presidencial", al ultramenemismo de Barrionuevo y Alberto Kohan, sus alianzas con Ramón Ortega y la aspiración del Frepaso y la UCR de constituir "una alianza cívica, nacional y democrática". También alude al desplazamiento de Raúl Alfonsín en la UCR. "El tema del narcotráfico no estaría exento en la obra en preparación, apuntándose nuevamente a la gestión gubernamental, a la policía bonaerense y a la secretaría de Seguridad", dice. López Echagüe se sorprendió al conocer la vigilancia montada sobre él, pero negó la mayor parte de las afirmaciones policiales. "En El Otro había un capítulo dedicado a María Laura Leguizamón, que se titulaba `La Otra'. La investigación estaba completa, pero con la editorial Planeta decidimos suprimir el capítulo, por respeto a la vida privada. Pero nunca emprendí ningún libro sobre ella ni sobre la mujer en la política provincial. Estuve una vez con Barrionuevo, que me aportó pocas cosas de interés. A Colabianchi y a Pederzoli los llamé por teléfono mientras realizaba la investigación, pero nunca me recibieron". Aunque el parte alude a un presunto informante, la cantidad y la índole de sus inexactitudes sugiere que se trata de escuchas telefónicas, tamizadas por la imaginación del intérprete. Lo más notable del informe no es su contenido, sino sus omisiones sobre hechos inminentes: el pase de Barrionuevo al duhaldismo, la candidatura de Graciela Fernández Meijide, y el rol de Alfonsín en la formación de la Alianza que el 26 de octubre de 1997 acabó con la carrera presidencial de Duhalde. Alcahuetería no es lo mismo que Inteligencia. Perseguidor de perseguidores, perseguido Otro informe requisado de la caja fuerte de la ex jefatura se refiere al juez correccional del Departamento Judicial de Quilmes Alberto Hergott. Lo identifica como ex militante de Franja Morada y ex concejal radical en Tres de Febrero, designado juez por Cafiero, y le atribuye "una actitud soberbia y egocéntrica". Incluye datos de su esposa, Patricia Ramírez Arce, sobre cuyo desempeño como jueza de faltas de Tres de Febrero enumera, sin constancia alguna, presuntas irregularidades. El interés policial en el juez, cuyo nombre correcto es Oscar Alberto Hergott, reside en que "en el año 1993 estuvo a cargo de la causa que investigaba `Persecución Ideológica' aparentemente por parte de funcionarios policiales". También alude a un allanamiento ordenado a una comisaría de Quilmes, "por aparentes apremios ilegales que podrían haber sido objeto los detenidos. Al ser entrevistado por el periodismo no se manifestó sobre el hecho en sí, pero consideró en un sentido general que las condiciones de detención son infrahumanas. También elípticamente le dio un matiz político a su declaración al referirse a la impunidad de los ladrones de guante blanco, recordando el tema del PAMI". En junio de 1993, Hergott no allanó una comisaría sino la Unidad Regional de Quilmes, lo cual motivó la puesta en disponibilidad de su jefe y de cuatro oficiales. Varias comisarías enviaron a colegios secundarios y primarios del sur del Gran Buenos Aires circulares que inquirían acerca de los centros estudiantiles, su tendencia política y la nómina de sus miembros. La policía explicó que se habían usado "por error formularios de otros tiempos, de la época de la dictadura militar". El informe sobre el juez indica que el alegado error se siguió cometiendo aun después de aquél escándalo. Hergott comentó entonces con perspicacia el relevo del jefe de la Unidad Regional: "Si el gobierno quiere espiar a los ciudadanos, se trata de una decisión de carácter político, que fue originada en mandos superiores y después pasó a otros estamentos". Pese a las versiones sobre la inestabilidad de Klodczyk, Duhalde lo sostuvo durante otros tres años. El justicialismo bloqueó en el Congreso una declaración de repudio y el entonces diputado Eduardo Todo servicio Amadeo dijo que sólo se trataba de "un episodio aislado, inflado por la paranoia de la oposición". El viernes Página/12 intentó consultar a Hergott, pero había salido rumbo a un procedimiento, según informó una asistente en su despacho.
Juicio de residencia Ya en 1990 la Inteligencia policial se había infiltrado en una reunión a puertas cerradas de legisladores y concejales radicales en Tandil sobre seguridad. El diputado Gastón Ortiz Maldonado propuso un juicio de residencia de los Concejos Deliberantes a los comisarios, que se incorporaría a la foja y se tomaría en cuenta a la hora de evaluar los ascensos. Dijo que su objetivo era "aumentar la participación del pueblo a través de sus representantes" y terminar con "la calesita de los comisarios", por la cual los funcionarios sospechados de algún ilícito siguen en actividad en otro lugar. Añadió que si los legisladores podían interpelar a un ministro y los concejales a un intendente, "no existe motivo para que no puedan dar una opinión sobre un funcionario policial". El ex secretario de seguridad Héctor Bertoncello postuló la creación de una policía judicial. "Todos sabemos lo que es la instrucción sumarial en manos de la policía, de esta manera podríamos evitar algunos vicios." Agregó que entre tanto las Fiscalías deberían funcionar "como verdaderas comisarías, con horarios corridos, y que el agente fiscal tenga personal policial a su disposición, facultad legal y fondos para actuar". El "diputado Flores" expuso un proyecto de interpelación de los comisarios por los Concejos Deliberantes y el senador Balbino Zubiri planteó la implantación del juicio oral y reformas al sistema penitenciario. [Los policías tocaban de oído. No existía ningún diputado Flores, sino Eduardo Florio, actual presidente del bloque radical de Senadores.] Asombrado al enterarse de la infiltración policial en aquella reunión, el ahora senador radical Ortiz Maldonado comentó que "estaban bien informados. Propuse entonces, y la UCR lo sostiene hoy, la evaluación ciudadana de los funcionarios policiales, no en aspectos técnicos, sino respecto de su relación con la ciudadanía. Esta es una garantía contra la violación de los derechos humanos, los apremios ilegales y la complicidad policial con el narcotráfico", sostiene. Recordó que aquel proyecto interesó al ex gobernador Cafiero, "pero la policía lo vetó, porque quebraba definitivamente la corrupción policial. Por eso, puede pasar lo mismo ahora. No sé si Arslanián lo va a bancar", concluye Ortiz Maldonado. Ojos y oídos El 29 de marzo de 1990 otro parte consignó que representantes de diarios, radios y canales de televisión crearon la Cámara de Medios de Comunicación Independientes de Tandil. Condicionaron su participación en el Consejo de Seguridad, que funcionaba desde 1989, integrado por el intendente, el comisario, concejales de todos los partidos y representantes de las entidades de bien público y las cámaras patronales, a la aplicación de este programa: prohibición de rifas, bonos y contribuciones en beneficio de la policía; rendición de cuentas de las cooperadoras policiales sobre el origen y aplicación de sus recursos; creación de un comando radioeléctrico; confeccion de calificaciones ciudadanas sobre el concepto de los funcionarios policiales y acceso irrestricto a toda la información sobre seguridad. Los informantes sindicaron como impulsor de la propuesta al dueño y director de LU 22 Radio Tandil, Juan Martínez Belza a quien atribuyeron "ideología radical, si bien no quiere actuar en cargos políticos". El informe concluye con el legajo personal de Martínez Belza, vicepresidente de la Cámara Comercial e Industrial, quien también era propietario de un banco, una juguetería y un negocio de artículos del hogar y electrónica. Como el intendente Julio Zanatelli, un coronel retirado, ex interventor municipal durante la dictadura, parecía aceptar las propuestas de Martínez Belza sobre Seguridad, la policía también confeccionó un legajo sobre él. El parte también consignaba con aprensión la propuesta de Zanatelli de "erradicar definitivamente el juego clandestino". Hoy, el intendente Zanatelli es afiliado del PJ, y el juez Ricardo Melazo investiga la protección policial al juego clandestino.
Del dicho al hecho La policía también espió al Consejo de Entidades para el Crecimiento Regional, integrado por 30 entidades de empresarios y profesionales, que en 1994 cuestionó el incremento de la alícuota del impuesto a los ingresos brutos para el comercio minorista y los servicios. Peticionar a las autoridades es una actividad legítima y la propia policía consignaba que no había riesgo de actos de violencia. La Inteligencia se concentró en el vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de La Plata, Julio Barrabino. El parte policial consignó que los pequeños empresarios habían denunciado que el aumento de la alícuota implicaría cierres, recesión y evasión y profundizaría la desigualdad, ya que en la Capital el impuesto seguiría sin modificaciones. Consultado por este diario Barrabino narró que el Consejo se había opuesto a la modificación de la alícuota, del 1,5 por ciento en tiempos de alta inflación, que la licuaba, pero que se tornó confiscatoria cuando, ya con convertibilidad, se incrementó al 3,5 por ciento. "Sacamos una solicitada planteando que era un disparate y juntamos más de mil personas en Estudiantes, pero no conseguimos ningún cambio. Esa alícuota sigue vigente hasta hoy y ha empujado a la pequeña empresa a la marginalidad. Como con ingresos brutos de las grandes firmas, el inmobiliario y automotores, recaudan lo suficiente para equilibrar el presupuesto, no intentan cobrarle a los chiquitos, porque sería antipopular. Pero tampoco regularizan la situación, de modo que somos cada día más clandestinos. Planteamos que se pudiera pagar con bonos a largo plazo, como la Nación les hizo a los jubilados. Pero no nos escucharon y a la provincia hay que pagarle a corto plazo y con intereses. La evasión es altísima y el que no paga no puede pedir un crédito. Yo tenía siete negocios pero por primera vez estoy trabajando en relación de dependencia como contador", dice. Es curioso advertir que las veces en que la ilegal información policial fue al menos fiel, el gobernador no sacó las conclusiones debidas y se atuvo con rigidez al plan neoliberal que hoy retóricamente objeta con el propósito de diferenciarse del gobierno nacional.
Grupo de tareas En aquellos años, Inteligencia dependía de la Dirección de Investigaciones, cuyo jefe era el comisario mayor Víctor Fogelman. Los sucesivos secretarios de seguridad que se animaron a sugerir algún cambio en la situación de Fogelman recibieron secas directivas en contrario por parte de Duhalde. La explicación que todos ellos oyeron fue que como responsable de la investigación por el asesinato de Pinamar, Fogelman era intocable. Hoy es el único sobreviviente de la cúpula de la disuelta organización armada. El actual ministro Carlos Arslanián pasó a retiro a los comisarios Basilio Holos y Luis Vicat, quien tenía jerarquía inferior, pero por su relación especial con el actual presidente de la Cámara de Casación, Federico Domínguez, comandó una denominada Area Especial, que tuvo prticipación central en las arduas luchas internas entre facciones policiales. Vicat amenazó resistir con los 73 hombres que formaron su fuerza especial pero Arslanián no cedió. El señalamiento de aquellos oficiales que deben ser purgados pasó a manos de Fogelman, de quien depende un grupo de tareas de medio centenar de oficiales y suboficiales, es decir del hombre bajo cuya autoridad se realizaron aquellas actividades de Inteligencia. ¿Alguien puede garantizar que no seguirá infiltrando a quienes afirmaron en el cenit del poder de Duhalde, lo mismo que el gobernador sostiene hoy en su ocaso?
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