LAS AGUAS BAJARON TURBIAS Y EN EL GOBIERNO SE LAS VEN NEGRAS

  Para algunos cuadros lúcidos del gobierno, el efecto post-inundaciones puede constituir "un verdadero Waterloo" político, al dejar en claro que la actual administración no sólo es impotente para lograr la reconstrucción de las zonas afectadas sino que no puede controlar y ordenar siquiera "la demanda de reconstrucción" de los inundados. Así lo admitieron ante Página/12 dos importantes funcionarios que aceptaron hablar reservando su identidad. Ambos fueron entrevistados por separado, pero tuvieron sugestivas coincidencias al considerar, por ejemplo, que al compositor Ramón Palito Ortega "le faltan uñas de guitarrero" para encabezar "ese verdadero Plan Marshall que necesitan las provincias del Noreste".

Los dos saben también que el presidente Menem no quiere que nadie altere su decisión de convertir al cantautor tucumano en la versión aggiornada del general George Marshall. O sea que en sus especulaciones hay mucho de melancolía y resignación, al aceptar que "no se institucionalizará la respuesta" y no habrá, por lo tanto, "un gabinete de emergencia, un equipo de crisis para hacer frente al cuadro que se presentará cuando bajen las aguas". "Palito demostró en Tucumán que es un pésimo administrador y organizador", dijo el más crítico de los entrevistados. Para agregar, enseguida, con sorna: "Y no lo va a ayudar mucho ese gabinete del doctor Caligari que le ayudó a conformar Raúl Delgado, donde hay tecnócratas de la última dictadura militar, como Aldo Ducler, que fue secretario de Hacienda del Proceso. O el eterno Santiago de Estrada, resabio del viejo cursillismo de Onganía, que también transitó esforzadamente por los gobiernos militares y es el permanente candidato de la Curia para agarrar cualquier manija. Ambos --remató-- vienen de experiencias poco calificadas en materia de sensibilidad social. Salvo que piensen que De Estrada puede reeditar aquel 'comunitarismo' del Onganiato, que consistía en vincular directamente a los intendentes con el poder central del dictador, pasando por arriba de los gobernadores. Una tesis reflotada por Pajarito (Roberto) Grabois, en el ámbito del Ministerio del Interior, para pasarle por arriba a ciertos gobernadores y, muy especialmente, al Cabezón (Eduardo Duhalde)".

Ninguno de los dos interlocutores ignora el efecto que las catástrofes naturales suelen tener sobre los movimientos sociales y políticos. No siempre favorables para el poder de turno, como lo fue el terremoto de San Juan para el joven coronel Perón y la propia Evita, sino profundamente críticos y reformadores como ocurrió con el sismo de Managua en 1972, que marcó el comienzo del fin para la dinastía Somoza. O el terrible temblor mejicano de 1985, en el que comenzó a tomar forma la corriente opositora que luego se llamaría PRD y hoy conduce el regente del Distrito Federal Cuauhtémoc Cárdenas, un serio prospecto para arrebatarle la presidencia al PRI en el 2000. Si bien nadie piensa, por ahora, que las inundaciones podrían generar cambios copernicanos de esta naturaleza en el panorama argentino, es indudable que en sus lodos se van a cocinar formas inéditas de protesta social que nadie puede aún aquilatar.

Uno de los interlocutores, recordando los cortes de ruta y los fogoneros, que expresaron un pico de rebeldía frente a la exclusión generada por ciertas privatizaciones (especialmente la de YPF), pronosticó dificultades de índole diferente en las distintas provincias afectadas. Según esta fuente, "el Chaco es la provincia más dañada en el plano económico así como Corriente lo es en el terreno social. En el Chaco la protesta puede ser más orgánica porque, a diferencia de las otras provincias afectadas, existen estructuras reivindicativas muy añejas y sólidas como las Ligas Agrarias y la propia Federación Agraria". Pero en ambas el gobierno puede esperar contestación si las soluciones no se instrumentan rápido y, sobre todo, "si no se visualiza una real voluntad política para ir solucionando problemas estructurales agravados hasta la desesperación por la catástrofe climática. Considerar que los costos los pagarían principalmente las administraciones locales no oficialistas, sería un grueso error".

Curiosamente, agregaba ese interlocutor, donde menos problemas de índole social-política se pueden esperar --al menos a primera vista-- es en el norte de Santa Fe (la única provincia "justicialista" de las tres mencionadas), porque es una zona virtualmente despoblada donde impera un paisaje de palmeras y lagunas, con escasos ranchos. Sin embargo, a pesar de estas diferencias en la formación social, el concepto de "reconstrucción" debe estar presente en toda el área, por encima de las concepciones tradicionales de "solidaridad y ayuda" que, en este caso, resultarían notoriamente insuficientes. "Aunque Palito diga que quiere establecer un Fondo para la Reconstrucción del Litoral --opina uno de los funcionarios-- esto no parece ser así en la realidad. Acá no se trata de andar de gira acariciándole la cabeza a los changos, sino de asentar una presencia organizada y efectiva. Porque han existido algunas imprevisiones y negligencias, en algunos casos magnificadas por el sensacionalismo de los medios. Especialmente la televisión. Ante la que muchos políticos locales la posan de damnificados. Pero no hay dudas de que la gente está convencida de que la solidaridad privada ha sido mucho más importante que la oficial. Para un gran sector de la sociedad inundada hay un Estado ausente. Cuyos representantes tienen que ganarse el derecho a pisar el territorio anegado con autoridad".

Encomienda nada fácil si se atiende a las restricciones presupuestarias del gobierno más que a los raptos de realismo mágico de Menem, que suele jactarse de que pide un crédito al BID y su presidente, Enrique Iglesias, se lo otorga por teléfono, con el sacramental, "para vos, Carlitos, siempre hay guita". Los dos informantes de Página/12 coincidieron en señalar que los mil millones anunciados por Menem para el auxilio de las provincias afectadas no van a alcanzar para mucho. Solamente en "lucro cesante", el agro inundado ha perdido esa cantidad. Y esta cifra no toma en cuenta la pérdida de ingreso anual, ni la de infraestructura (caminos, canales, arroyos, corrales, casas, etcétera). Que según el intendente de Goya significarían unos seis mil millones y según un informe de la SIDE unos 2.900. Dato que Ortega decidió no hacer público y que no ignora Roque Fernández, el hombre de corazón más duro del gabinete, que esta vez, sin embargo, parece haber advertido la magnitud del reclamo social que se avecina.

De los mil millones de dólares anunciados por el primer mandatario, compuestos por 700 millones de antiguos créditos que se reformularán y los 300 nuevos que le otorgó Iglesias, unos 200 irán a las ansiosas arcas de la Secretaría de Agricultura y Ganadería que deberá repartirlos en forma de créditos (unos 100) y subsidios disfrazados de "créditos de honor" (los 100 restantes) que consisten en darle una manito al castigado productor diciéndole "cuando puedas me lo pagás". Como única manera de superar un dato cruel de la realidad que ha puntualizado con claridad el gobernador radical del Chaco, Angel Rozas: hay pocos productores en condiciones de recibir un crédito y poder pagarlo; por eso hay que optar por los subsidios. Rozas no exagera y la SRA no lo ignora: los productores inundados que estarían en condiciones de recibir un crédito según las reglas fijadas por el Banco Central, apenas alcanzan al 25 por ciento del total en las zonas inundadas.

Frente a la magnitud de las pérdidas existentes hasta el momento (si las lluvias no siguen haciendo de las suyas) el remedio anunciado se reduce a la dimensión de una aspirina y, como sentencia uno de los entrevistados, las provincias inundadas se aproximan, inquietamente, a "cinco o seis meses de malaria".

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