OYARBIDE DECLARO ANTE LA COMISION DE JUICIO POLITICO DE DIPUTADOS

CADA VEZ MÁS CERCA DEL ABISMO

  El juez Norberto Oyarbide se deslizó sin ser visto por los pasillos del Palacio Legislativo hasta el recinto donde lo esperaban los miembros de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, ante quienes compareció por más de cuatro horas con la sola interrupción de sus ataques de llanto. La sesión fue secreta. Durante el interrogatorio, Oyarbide reconoció que se distanció de Luciano Garbellano cuando se enteró de que el propietario de Spartacus invocaba su nombre para extorsionar a personajes conocidos que habían pasado por las habitaciones del ahora famoso prostíbulo de Barrio Norte. Sobre la amenazas al argelino Zinnedine Rachem, que fueron denunciadas por el extranjero ante la Justicia, Oyarbide aseguró que fueron producto de un rapto de furia al enterarse de que su amigo seguía vinculado con Luciano y que ambos complotaban en su contra. Pero aclaró que cuando le dijo, para que todos los escucharan en la parrilla El Mirasol, "te quedan 48 horas", se refería a que lo haría despedir, "de ninguna manera se trató de una amenaza de muerte", justificó el juez. Después de escuchar sus argumentos, diputados de diversos bloques coincidieron en que nunca se habían encontrado ante un magistrado que manifestara semejante vulnerabilidad y desconcierto.

El magistrado se fue emocionando al ritmo de su propio relato, intentó presentarse ante los legisladores como víctima de una confabulación que en su ingenuidad no supo detectar a tiempo. Relató una historia que cuatro veces lo llevó al borde del llanto.

Al responder a los pedidos de juicio político presentados por los aliancistas Elisa Carrió y Alfredo Bravo, y el diputado de Acción por la República Guillermo Francos, en los que se lo acusa de mal desempeño de sus funciones y posible comisión de delito por amenazas, Oyarbide optó por desgranar una historia más lindante con la telenovela que lo esperado de parte de un juez federal en lo penal. Así, confesó su relación personal con Luciano Garbellano, quien regentea tres locales de prostitución masculina. Lejos de admitir esto, el juez aseguró que si bien estuvo en Spartacus, no se percató de lo que ocurría en sus instalaciones. Más aún, dijo que pensó que se trataba de una confitería, de ninguna manera un prostíbulo. Tomando en cuenta que, como aclaró un diputado de la comisión, Oyarbide fue a Spartacus varias veces, la explicación es inverosímil.

Después el magistrado afirmó algo mucho más grave, que ya está fuera de los límites de una presunta ingenuidad. Según Oyarbide, se distanció de Luciano cuando se enteró, a través de terceras personas --que según algunos diputados serían hombres de la Policía Federal-- de que su "amigo" se hacía pasar por su sobrino para presentarse ante personajes que habían sido filmados en las instalaciones de Spartacus con el objeto de extorsionarlos. De esto hace, según el juez, más de un año. Oyarbide no denunció oportunamente el hecho. Tampoco explicó a los diputados por qué no lo hizo. Fuentes de la comisión explicaron que esa omisión de denuncia es el tramo que más lo perjudica de su comprometedora declaración.

Tampoco lo favorecerá su argumento sobre las amenazas públicas a Zinnedine Rachen. Las describió como producto de un ataque de ira cuando se enteró de que el argelino mantenía un vínculo con Luciano con el supuesto objetivo de perjudicarlo. Y aclaró que, cuando le dijo que le quedaban "48 horas", se refería al tiempo que le restaba en su puesto de trabajo, y no al que le quedaba de vida.

Según el diputado cavallista Guillermo Francos, "el juez está seriamente afectado desde lo emocional y esto pone en juego su investidura judicial". Francos, autor de uno de los pedidos de juicio político contra el magistrado, no descarta una ampliación de la acusación a la luz de nuevas denuncias contra Oyarbide, entre las que se encuentran la formulada por el ex jefe de inspectores de la DGI, Luis María Peña, y el taxista Rossi, en cuanto al manejo de las causas tramitadas en su juzgado.

El radical Melchor Cruchaga, por su parte, no descarta que el miércoles se presenten nuevos pedidos de juicio político contra el juez a quien considera expuesto a "un alto grado de vulnerabilidad".

El dictamen de la Sala IV de la Cámara del Crimen despejó ayer una de las incógnitas que, según sus propias declaraciones, tenía en vilo al juez federal Norberto Oyarbide al dictaminar que no corresponde el cambio de jurisdicción y las denuncias formuladas por el argelino Zinnedine Rachem deben ser investigadas por la Justicia ordinaria. La fiscal de la causa, Alicia Bugeira, y su superior, el fiscal de Cámara Norberto Quantín, han solicitado el desafuero y la declaración indagatoria de Oyarbide, el magistrado envuelto en el escándalo de amenazas, prostitución y tentativa de homicidio. Por otra parte, las explicaciones dadas por éste en el curso de una entrevista televisiva, cuando admitió haber visitado Spartacus en tres oportunidades, habrían quedado refutadas por los datos obtenidos el viernes, durante el allanamiento al local clandestino.

Con la firma de sus tres integrantes, Eduardo Valdovinos, Carlos Gerome y Alfredo Barbarosch, la sala IV desestimó el planteo de incompetencia hecho por el titular del juzgado 17, Fernando Rodríguez Lubary, y acordó con los términos del recurso de apelación presentado por Quantín. El pasaje de la causa al fuero federal hubiera sido procedente, sostiene la Cámara, "en la medida en que el hecho tuviera por objeto atentar, dañar o poner en peligro la seguridad del Estado o sus instituciones", pero el escrito agrega que esa hipótesis no se ve confirmada por los hechos que se pesquisan y que no rebasan "el ámbito estrictamente privado o particular".

Respecto del carácter de juez federal que reviste Oyarbide --fundamento del planteo de incompetencia elevado por Rodríguez Lubary--, los camaristas consideraron que la circunstancia "resulta indiferente", ya que si el delito es ajeno a esa condición "no corresponde que intervenga la Justicia de excepción". Por lo tanto, la Sala IV dictaminó que quien debe entender en la investigación es "el señor juez de instrucción a cargo del juzgado 17".

La fiscal Alicia Bugeiro ya ha solicitado el desafuero de Oyarbide y la solicitud de comparecencia del magistrado para prestar declaración indagatoria. Oyarbide aceptó, el domingo por la noche, que había concurrido a Spartacus en tres oportunidades, con el fin de visitar a su amigo, Luciano Garbellano Botega, presunto poseedor del video incriminante, quien, dijo, vivía allí. Los investigadores aseguran que la justificación del magistrado es insostenible puesto que Oyarbide no podía desconocer que Garbellano Botega vivía en un departamento de la calle Juncal y sobre todo luego de lo que observaron el viernes, durante el allanamiento al local. De acuerdo a la versión de Oyarbide, Garbellano Botega vivía en el tercer piso del petit hotel de Agüero 1632. Sin embargo, si bien a los pisos superiores del edificio se accede por un ascensor, resultaría imposible no haber visto que en el segundo nivel funcionaba una suerte de disco íntima y, en el tercero, las habitaciones, decoradas con columnas y mobiliario de evocación romana carecían de baño privado. Un solo toilette abastecía las necesidades de todos los clientes que ingresaban al piso. "Al final, aunque sea tardío, siempre sirve de algo allanar", comentó un empleado del juzgado de instrucción 17, que ordenó la diligencia y deberá continuar con el seguimiento de los sucesos denunciados por Zinnedine Rachem, ahora con el respaldo de la Cámara. Otro punto que los magistrados evalúan como de sustancial importancia es el rastreo de las llamadas telefónicas hechas por Garbellano Botega entre los días 23 y 27 de abril y que muestran, entre otras muchas, las comunicaciones producidas entre el celular de Garbellano y el del comisario Roberto Rosa, jefe del área de seguridad de las personas de la Policía Federal, declarado ayer, por este mismo hallazgo, en disponibilidad.

Norberto Oyarbide tiene una estrategia personal para evitar su caída: eliminar las piezas sueltas que pueden complicar su situación procesal y apostar el resto a Carlos Corach, que lo protege las veinticuatro horas del día. En este contexto, Oyarbide no se conmovió cuando le avisaron que Roberto Rosas, jefe de la división Seguridad Personal de la Policía Federal y hasta ayer uno de sus mejores amigos, había sido sacrificado para evitar que las consecuencias de su caso judicial provoquen un colapso político en la Casa Rosada. Oyarbide bajó el pulgar a Rosas, y ahora espera una oportunidad para comprar el silencio del empresario hotelero Luciano Garbellano, el otro ex amigo que puede revelar sus relaciones con el poder y la sospechosa fórmula económica que utilizó para sostener un nivel de vida que sobrepasa sus ingresos mensuales.

Rosas era amigo de Oyarbide y Garbellano, actuaba como jefe de la División de Seguridad Personal de la Policía Federal y mantenía una excelente relación de trabajo con los dueños de los principales prostíbulos porteños. Este oficial se convirtió en la primera variable de ajuste del caso Oyarbide y fue pasado a disponibilidad por el comisario general Baltazar García, titular de la Policía Federal, tras evaluar que la evolución de esta crisis institucional podía eyectarlo de sus oficinas del Departamento Central.

Aunque ahora García se muestre preocupado por las presuntas actividades ilegales que Rosas comandaba desde su despacho oficial, el jefe de la Policía Federal ya tenía suficiente información en sus archivos para expulsar de esta fuerza de seguridad al ex amigo y protector de Oyarbide. Rosas perteneció al Departamento de Leyes Especiales (juego clandestino) durante tres años, y en ese lapso fue investigado por su presunto enriquecimiento ilícito. El dossier jamás mereció la atención del entonces jefe de la Policía Federal, Adrián Pelacchi, y menos aún de su sucesor García. En este contexto, Rosas ascendió y pasó a Seguridad Personal, donde supuestamente se ocupó de las relaciones con los dueños de los prostíbulos de la Capital Federal.

García dijo a los periodistas que "quiere llegar hasta el fondo, hasta el hueso de la investigación", una predisposición que recién podrá comprobarse cuando se cierre el sumario administrativo abierto para investigar las presuntas irregularidades cometidas por Rosas y sus amigos. Rosas aceptó la decisión del comisario general García, pero aún no resolvió si sellará sus labios o, por el contrario, revelará ciertos detalles de su profesión que empujaría la crisis hacia arriba. Cuando Rosas recomendó a Garbellano que rechazara una oferta de la SIDE para hacer negocios con su hotel Spartacus y la colección de videos, inmediatamente informó a sus superiores, que a su vez llevaron la información al despacho de Corach.

El ex jefe de la División de Seguridad Personal aún se pregunta por qué lo sacrificaron a él, si los medios de comunicación aún no publicaron más que una pequeñísima parte de la historia que une los destinos de la Policía Federal y Oyarbide. La publicación de esta historia puede terminar con el delicado equilibrio que hace Oyarbide con ayuda de Corach y García, ya que su propio peso sería imposible de cargar para el ministro del Interior y el jefe de la Policía Federal.

García sabe que tiene pocas movidas para no quedar expuesto ante la opinión pública, y decidió guardarse una carta entre los pliegues y repliegues del uniforme. Aplicando su lógica institucional, el jefe de la Policía Federal pasó a disponibilidad a Rosas con una sola evidencia --dos llamadas telefónicas que recibió de Garbellano-- y la información publicada por este diario cuando reveló que había sugerido al empresario hotelero que no aceptara ninguna operación ilegal de la SIDE.

Muy poco, si se tiene en cuenta que retuvo en su puesto al comisario Héctor Bolatti, jefe de la comisaría 19ª, en cuya jurisdicción Spartacus abría las puertas todas las tardes. En el programa de Grondona, un taxi-boy aseguró que uno de sus colegas pagaba todos los meses un peaje en la comisaría 19ª, para evitar que se clausurara el exclusivo hotel de hombres. "Bolatti sigue en su puesto porque necesitamos el testimonio de la persona que lo acusaba, y en el programa de televisión salía de espaldas", dijo García, imperturbable.

No se comprende muy bien la valuación de la prueba que hace el jefe de la Policía Federal, si no se vincula su decisión sobre Rosas con el atentado sufrido por Garbellano en Zárate. El ex amigo de Oyarbide, días antes de vender a determinados medios su versión edulcorada de los hechos, juraba en la intimidad que sólo Rosas y el juez federal sabían acerca del video que grabó en forma clandestina. Si esto fuera así, García no sacrificó a Rosas por dos llamadas recibidas en su celular, sino por una causa más profunda y oscura. Una causa que también podría arrastrarlo a él, pese al respaldo que aún le ofrece el ministro Corach.

ANZORREGUY, TOMA Y CORACH UNIDOS PARA LA FOTO

PARA QUE SE CALME LA FEDERAL

Carlos Corach fue hasta el Departamento Central de Policía para decirles a los uniformados que no serán el fusible de un conflicto originado en el seno del gobierno nacional debido al enfrentamiento que el ministro del Interior sostiene con el jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy. Corach le transmitió públicamente al jefe de la Federal, Pablo Baltazar García, "el apoyo irrestricto del presidente de la Nación y el Poder Ejecutivo Nacional en su conjunto" a su gestión ante las denuncias que involucran a hombres de la fuerza en el polémico caso que protagoniza el juez Norberto Oyarbide. Claro que antes la policía debió ofrendar a uno de sus hombres. El jefe de la División Seguridad Personal, comisario Roberto Rosas, fue pasado a disponibilidad "hasta que se aclare su situación". En un intento por desvincular el caso de la interna que disputa con Corach, Anzorreguy acompañó al ministro hasta la sede policial junto a el secretario de Seguridad, Miguel Angel Toma.

En un gesto poco habitual, la plana mayor de la seguridad nacional representada por el ministro del Interior, Carlos Corach; el secretario de Seguridad, Miguel Angel Toma, y el jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, se trasladó ayer por la mañana hasta la sede de la Policía Federal donde su jefe, Pablo Baltazar García, los esperaba con el pase a disponibilidad del comisario Roberto Rosa en la mano. (Ver aparte.)

Corach les dijo a los federales que debían sentirse "absolutamente respaldados en la decisión de investigar cualquier imputación que se haga a la institución". Inmediatamente agregó que "si alguno de sus integrantes está sospechado de haber cometido algún delito --cosa que no está comprobada--, debe ser castigado con más severidad que cualquier civil", en directa alusión al comisario Roberto Rosa, acusado de brindar protección al prostíbulo masculino regenteado por Luciano Garbarello, y presuntamente vinculado con el intento de acabar con su vida después de que el gigoló de taxi boys pretendió extorsionar al juez Oyarbide con un video que registraba sus ocultas apetencias sexuales.

La presentación pública de Corach junto a Anzorreguy intentó también desmentir las insistentes versiones sobre la interna en la que estarían enfrascados el ministro y el jefe de la Secretaría de Inteligencia. "Precisamente para cortar de cuajo cualquier interpretación de este tipo --dijo el ministro-- vamos a ratificar que la Secretaría de Inteligencia del Estado colabora armónicamente con la fuerzas de seguridad federales." Para disipar dudas, el ministro argumentó que "mi relación personal con el secretario de la SIDE es de hace 30 años, así que tengo una excelente relación con él".

Anzorreguy, por su parte, reconoció que el comisario bonaerense Mario Naldi "trabaja en la SIDE", tal como anticipó Página/12 en su edición del domingo, aunque dijo desconocer si formó parte de una operación para instalar cámaras en las habitaciones de Spartacus y grabar los encuentros homosexuales de sus clientes más prestigiosos.

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