Página/12

Los borceguíes de llanura y las viviendas premoldeadas son, según la Gendarmería nacional y el Ejército, material clasificado como "bélico y secreto". El aparente disparate tiene una justificación: ese rótulo permite que esas mercaderías pasen por la aduana sin controles y sin pagar gravámenes. La franquicia con la que cuentan las Fuerzas Armadas fue fijada por una ley secreta durante el gobierno de Alejandro Agustín Lanusse. Su finalidad era darles medios para resguardar la soberanía nacional y los intereses geopolíticos del país. Página/12 investigó que, bautizados como "material bélico secreto", han ingresado y siguen ingresando al país contenedores que de "bélico" no tienen nada, que no son inspeccionados por los funcionarios de las distintas aduanas, que no tributan impuestos y que son triangulados a través de empresas privadas (ver detalle en notas aparte).

Pero éstos no son los únicos casos, también fue amparada bajo esta ley secreta "S" la importación de un equipo de resonancia magnética que será usufructuado por una empresa médica privada en el Hospital Militar Central. El aparato ingresó el 14 de marzo de 1998 por el Puerto de Buenos Aires. El número de guía del container es AXMT 064179.

En todos estos casos, las fuerzas involucradas no compraron en forma directa, sino que triangularon, las ventas a través de terceras empresas. En el caso concreto de Gendarmería, que depende del Ministerio del Interior a cargo de Carlos Corach, fue una supuesta firma de importaciones que compró el calzado en el exterior para finalmente ingresar los borceguíes al país como bélicos y secretos y evitar pagar tributo al fisco.

También se habrían importado de un país asiático seis mil uniformes para gendarmería, los cuales no fueron utilizados porque las tallas eran sumamente exiguas. La misma metodología habría sido utilizada para importar armas con supuesto destino final a una policía provincial. En verdad, las pistolas y municiones fueron a parar a armerías y agencias de seguridad privada.

La ley secreta que sirvió, en 1982, para que el general del proceso Leopoldo Fortunato Galtieri le comprara al gobierno francés los misiles Exocet que se utilizaron en la Guerra de Malvinas fue utilizada por el jefe del Ejército Martín Balza y el director nacional de Gendarmería, comandante general Timar Musumeci, para adquirir premoldeadas y calzado, respectivamente,

Las empresas importadoras que proveen a través de la ley "S" a las distintas Fuerzas Armadas y de Seguridad tienen un beneficio extra sobre sus posibles competidoras nacionales: la normativa las exime del pago "de derechos y tasas aduaneras, servicios portuarios y cualquier otro gravamen que pudiera afectarlas".

La facilidad para ingresar materiales que nada tienen de "bélicos", posibilitando que las firmas a través de las cuales se triangula la mercadería no paguen impuestos es patrimonio sólo de las Fuerzas Armadas. En áreas tan sensibles como la científica, por ejemplo, todo es más complicado.

El diputado del Frepaso Alfredo Villalba comentó que "el decreto 732/72 exime de impuestos al material científico que ingresa al país, pero el trámite, lejos de ser sencillo, como el de las Fuerza Armadas, es muy engorroso. De hecho, primero hay que pedir autorización a la Secretaría de Comercio, la cual, a su vez, consulta a las distintas cámaras empresariales. Si el aparato que se va a importar se fabrica en el país, la exención impositiva no es autorizada". Algo que no ocurrió con los calzados de Gendarmería (ver aparte).

Como en la Argentina, en el mundo hay varios antecedentes sobre leyes que amparan el secreto del material bélico que no se fabrica dentro de sus fronteras. Pero tienen mecanismos de control que, al menos en teoría, deberían evitar que se cometan excesos.

Un ejemplo es España. Allí los embarques tampoco son requisados, pero una comisión parlamentaria es la encargada de controlar que el cargamento sea en verdad "material bélico secreto" y no viviendas industrializadas.

La ley "S" que hasta el día de hoy está en vigencia es la número 19.348/71". El decreto ley fue promulgado por el presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse.

Los distintos gobiernos militares, que a la fuerza accedieron a la Casa Rosada, promulgaron numerosas leyes que no se ajustan con el Estado de derecho. Por caso, la cuestionada ley "S" no sólo no prevé ningún tipo de control, sino que no define qué se considera "material bélico secreto".

Anoche Página/12 quiso hablar con el jefe del Ejército, general Martín Balza, y con el director nacional de Gendarmería Nacional, Timar Musumeci. Ambos declinaron hacer declaraciones. Pero reconocieron que aprobaron el ingreso como "material bélico secreto" de "44 viviendas industrializadas para el alojamiento de soldados voluntarios en Pigüé", y de borceguíes.

Tanto en Ejército como en Gendarmería se reconoció que "en la actualidad no se está comprando material bélico secreto" porque "no hay presupuesto ni ningún tipo de hipótesis de conflicto".

Un estrecho colaborador de Balza aclaró en forma "extraoficial" que la adquisición de elementos que violan el espíritu de la ley "S" "no es sólo un problema del Ejército sino de todas las Fuerzas Armadas y de Seguridad". "No estamos violando la ley porque la vieja ley secreta nos permite ingresar materiales exceptuados de todo tipo de impuestos."

--El Ejército no está comprando material bélico secreto. No está escrito en ningún lado, pero entiendo que bajo la ley 19.348 debería ingresar el material necesario para afrontar una hipótesis de conflicto o un conflicto armado que hoy no existe en la Argentina. Pero la ley no prohíbe taxativamente que Ejército compre premoldeadas --razonó ante este diario el oficial superior que un rato antes había consultado a Balza evitando la discusión de fondo.

Tom Farer, el investigador de la Universidad de Denver, Colorado, que en 1979 integró la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, cuyo informe empezó a desenmascarar el horror de la represión militar, dialogó ayer durante una hora y media con el jefe del Ejército Martín Balza. "Es un hombre amplio", le comentó Farer al senador nacional por el Frepaso Pedro Del Piero quien gestionó el encuentro y fue testigo de la entrevista. En el edificio Libertador estaban exultantes por el clima de la charla. "El general le entregó los mensajes de autocrítica de abril del '95 y febrero de este año para que pueda comprobar que estamos consustanciados con la democracia", explicaban mientras repetían que "este hombre había dicho que cada país tiene su clase criminal y el problema es cuando llega al Estado, a las Fuerzas Armadas, al gobierno".

buscando información para escribir un libro. La última vez que estuvo en el país fue como testigo del juicio a las Juntas en 1985. Declaró que "el estado de sitio permite suspender derechos como la libertad de expresión, pero no autoriza la derogación de otros como el derecho a la vida".

Farer se entrevistó con todos los responsables del "Proceso de Reorganización Nacional". A Jorge Rafael Videla lo definió como "un hombre para nada antipático, con ojos de cocker spaniel, alto, bien vestido, educado, sin agresividad"; a Roberto Viola como a alguien "con modales de empresario y que, como Videla, demostraba que en la Argentina el terror centralizado fue una obra de arquitectura colectiva", y a Albano Harguindeguy como "brutal".

Con estos prototipos en su memoria, el investigador llegó hasta Balza. El general se limitó a repetir ante cada pregunta la autocrítica que realizó en abril de 1995 y en febrero de este año. "El Ejército instruido y adiestrado para la guerra clásica, no supo cómo enfrentar desde la ley plena al terrorismo demencial", dijo entonces Balza y agregó: "El que algunos de sus integrantes deshonraran un uniforme que eran indignos de vestir no invalida el desempeño, abnegado y silencioso de los hombres y mujeres del ejército de entonces".

En el programa de Bernardo Neustadt, Balza admitió que hubo torturas y asesinatos para obtener información "por métodos ilegítimos". Pocos días después, envió un radiograma interno en el que invitó a todos aquellos que tengan datos sobre el tema a que los suministren en forma personal o anónima a la secretaría general de la fuerza. A tres años de aquello, nadie aportó un solo dato.

Farer le preguntó ayer a Balza si no sería posible llevar adelante un proceso semejante al de Sudáfrica, donde el indulto se utilizó como prenda de cambio para obtener información sobre los hechos aberrantes. "No es resorte nuestro sino del Gobierno y de los poderes constituidos, si ellos lo deciden, nosotros lo cumpliremos", señaló.

CASAS SIN IVA

Por qué razón las viviendas destinadas para dormitorios de soldados son considerada como material bélico y secreto será una de las preguntas que por estos días deberá responder el jefe del Ejército, general Martín Balza. Lo único seguro es que, gracias a ese hecho, la empresa que ganó la licitación, y a través de la cual se trianguló la venta, le envió al director de Construcciones de esa fuerza una carta en la cual se recuerda que a la firma se la debe exceptuar de los gravámenes impositivos sobre más de un millón y medio de pesos. Casi dos años antes del llamado a licitación, un coronel habría tomado contacto, casualmente, con la empresa que ganó el contrato.

La empresa ganadora fue Resuar S.A. Esta importó las 44 premoldeadas destinadas a un regimiento de Pigüé desde Canadá. En este caso la proveedora fue Royal Housing System.

Antes que esto sucediera, a fines de 1994, el ex director de Construcciones, coronel Luis Julio Sosa, tomó contacto en Canadá con empresarios de la Royal Housing System. Estos lo habrían convencido de las bondades de las viviendas de "componentes de vinilo" que en la actualidad la misma empresa fabrica en el país.

Anoche, un estrecho colaborador de Balza justificó el ingreso en el país como material bélico de estas 44 viviendas que son usadas como dormitorios de los voluntarios "porque el magro presupuesto destinado al Ejército nos obliga a buscar resquicios legales para ahorrar plata".

Antes que al Ejército, la exención de gravámenes favoreció a la constructora que firmó un contrato de casi cuatro millones de pesos (ver facsímil) ya que los precios fueron "estrictamente los internacionales de mercado", es decir, sin ninguna rebaja al Ejército.

CUANDO LOS BORCEGOS VIENEN MARCHANDO

Una licitación de Gendarmería Nacional que permitió ingresar como material bélico secreto calzados importados desató una verdadera batalla campal entre los oferentes. Este hecho, casi normal entre los perdedores de las compulsas, tenía una justificación inédita. En desmedro de los fabricantes nacionales de "borceguíes de llanura", los importadores se beneficiarían porque la fuerza, que depende del ministro del Interior, Carlos Corach, se presentaría a la Aduana con una habilitación que acreditaba que dentro del container había material esencial para la defensa de las fronteras.

La empresa ganadora, la desconocida Montoro, cotizó un 20 por ciento más barato que Indecal Calzados S.R.L, la usual proveedora de Gendarmería y que no se vería beneficiada con el 21 por ciento de descuento por importar el calzado como material secreto.

Fernando Víctor Tow, socio gerente de Indecal, acusó a través de un escrito a los funcionarios de Gendarmería de "violar los principios republicanos" por incluir en el anexo de las bases de condiciones una "ley secreta sobre la que no se tenía noticias" y que "nada tiene que ver con la adquisición de material para velar por la seguridad interior" del país.

La empresa ganadora también fue objetada porque los análisis realizados por la Dirección Pericial de Gendarmería detectaron que la calidad de los borceguíes "no se ajusta a lo solicitado" en el pliego de condiciones. Las protestas fueron rechazadas.

DURA LEX

La ley secreta de Lanusse que aún tiene vigencia no define qué se considera como "material bélico secreto" ni habilita medios de control para evitar que ingresen embarques con otro tipo de mercadería.

El texto, oscuro y escueto, dice en su artículo número uno que los únicos que se podrán beneficiar con la ley "S" 19.348 los comandos en jefe de Ejército, Marina y Fuerza Aérea. Como en 1971 Gendarmería, Prefectura y las distintas policías provinciales estaban bajo la jurisdicción de los militares, también las fuerzas de seguridad acceden a los beneficios de esta vieja legislación.

En el segundo punto, establece que basta que un responsable de la fuerza presente "ante la Administración Nacional de Aduanas la certificación respectiva que identifique el envío y determine su carácter de material bélico secreto, expedido por el comando en jefe correspondiente" para que el embarque no sea requisado y sea exceptuado del pago de tasas aduaneras, servicios portuarios, y cualquier otro gravamen que pudiera afectarlas".

El director del FBI, Louis Freeh, se comprometió ayer a hacer gestiones ante el presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, para que ese país localice y ponga a disposición al testigo clave en los casos de la AMIA y la embajada de Israel, el brasileño Wilson Dos Santos. Freeh pareció salir en defensa del Gobierno y las fuerzas de seguridad argentinas al afirmar que "los atentados son difíciles de esclarecer. A veces se necesitan muchos años y sólo una casualidad permite avanzar más rápidamente". El funcionario norteamericano se encontró ayer con las autoridades de la comunidad judía y confirmó un adelanto de Página/12: en las últimas tres semanas hubo un equipo de especialistas del FBI que estuvo en la Argentina investigando el caso AMIA. Freeh dijo que su organismo producirá un informe que se entregará en los próximos días.

Antes de la reunión, el director del FBI visitó el lugar del atentado contra la AMIA, Pasteur 633, donde colocó un ramo de flores e hizo un breve homenaje a las víctimas. Después, se acercó a la sede provisoria de la AMIA y la DAIA para dialogar específicamente sobre la investigación.

Como se preveía, Freeh no hizo ninguna crítica sobre la marcha de la pesquisa en la Argentina y más bien intentó poner paños fríos: "Estas investigaciones son largas y por lo que percibí en los diálogos que mantuve con el ministro Corach, la SIDE, la Policía y el juez Galeano se está trabajando bien".

Por el lado de la comunidad judía estaban el titular de la DAIA, Rubén Beraja, por el de la AMIA, Oskar Hansmann, ambos acompañados por dirigentes de sus entidades y dos familiares de las víctimas, Luis Chichewsky y Carlos Susevich. El sector más crítico de los familiares, agrupado en Memoria Activa, no fue invitado al encuentro.

Cuando se trataron en forma concreta las pistas existentes, Beraja hizo referencia al prolongado reclamo que se les ha hecho al Gobierno y la policía brasileña para que sea traído a la Argentina el testigo Wilson dos Santos. Este taxi-boy se presentó en los consulados brasileño, argentino e israelí de Milán, dos semanas antes del atentado, advirtiendo que una célula iraní iba a perpetrar un ataque en la Argentina. Dos Santos está actualmente en Brasil y Beraja pidió a Freeh que hiciera una gestión -–hoy estará en Brasilia con Cardoso-— para que sea traído a la Argentina. Otro tema de preocupación, en el que coincidieron el funcionario y los dirigentes judíos, fue la situación de Ciudad del Este como posible reducto de fundamentalistas.

En el encuentro, Freeh confirmó que en las últimas semanas hubo un equipo de investigadores del FBI que estudió los restos del coche-bomba y revisó buena parte del expediente. Freeh se comprometió a tener listo el informe en los próximos días y entregarlo oficialmente al juzgado, al Gobierno y también a las autoridades de la comunidad judía.

El norteamericano, sin quererlo, produjo otro hecho sorprendente: con su visita logró que Carlos Corach y Hugo Anzorreguy, el jefe de la SIDE, se viesen por segundo día consecutivo --anteayer lo habían hecho para dar respaldo político a la Policía Federal--, a pesar de la sorda batalla que mantienen entre ellos.