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SI ES AMIGO, NO IMPORTA QUE SEPA
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Por Ernesto Tenembaum  El 20 de abril de 1994, el
presidente Carlos Menem y el ministro de Justicia interino Oscar Camilión firmaron el
pliego para que el Senado ascendiera a juez federal a Norberto Oyarbide. El apuro del
Poder Ejecutivo por designarlo era tal, que Menem y Camilión no esperaron que el Registro
Nacional de Antecedentes Criminales enviara su informe sobre
el entonces fiscal. Recién dos días después, se incorporaría al pliego el informe mencionado. Así completo llegó al Senado. Completo, en realidad, es un decir, porque de las veinticuatro páginas de antecedentes, catorce están en blanco. Al llegar a juez federal, Oyarbide no había escrito ningún artículo, ningún libro, no había sido ni siquiera ayudante en una cátedra universitaria, no había participado de ningún congreso, ni recibido ninguna mención o felicitación. Sólo acreditaba una larga carrera judicial. La manera en que se resolvió la designación de Oyarbide es una evidencia más del sistema de designación de jueces que fue la norma desde 1989. El Poder Ejecutivo proponía amigos con o sin antecedentes que permitieran acreditar, al menos, su conocimiento del derecho. El bloque peronista no se preocupaba por leer los antecedentes de los candidatos. Levantaban la mano automáticamente. Cuando estalló el escándalo que tuvo como protagonista al juez Héctor Ramos, varios senadores justicialistas trataron de explicar, sin lograrlo, por qué dieron el acuerdo a un hombre sin antecedentes. En este caso, además de Menem y Camilión --quien al menos tiene el atenuante de no haber sido el ministro del área--, los hombres que avalaron la designación de Oyarbide, desde la Comisión de Acuerdos del Senado, fueron Antonio Cafiero, Remo Costanzo, Deolindo Felipe Bittel, Carlos Branca y Carlos Snopek. Luego, todo el bloque justicialista votó a favor y la oposición en contra. El pliego de Oyarbide es revelador del perfil del juez. Cuatro años antes de recibirse de abogado llegó a la carrera judicial, que no abandonó desde 1976. Desde entonces realizó sólo cuatro cursos --no especifica de cuánta duración cada uno--, uno de ellos sobre "Adolescencia" en la Academia Americana de Pediatría. La actividad docente de Oyarbide es más bien pobre: nunca participó de ninguna cátedra universitaria, ni siquiera como ayudante ad-honorem. Fue profesor de Instrucción Cívica en una escuela secundaria, entre 1981 y 1983, es decir, durante los últimos años de la dictadura militar. De "Actualización Jurídica en Derecho Penal" en la Escuela Superior de la Policía Federal Argentina. Y realizó charlas de difusión sobre la nueva Ley de Drogas, ante grupos de gendarmes y policías federales. Tiene una única distinción. "El 18 de setiembre de 1990 la Policía Federal le otorgó Diploma de Honor al Mérito con motivo de la actividad docente cumplida en la cátedra de Actualización Jurídica". El apuro del presidente Menem por designar a Oyarbide tuvo su recompensa cada vez que una causa política llegó a las manos del juez, al que ahora nadie del Gobierno reconoce como el amigo que fue. Oyarbide sobreseyó por enriquecimiento ilícito a Alberto Lestelle, el ex secretario de Lucha contra el Narcotráfico. En cambio, se movió con celeridad ante la aparición de un video que exhibía al juez Juan José Galeano en una extraña negociación con Carlos Telleldín, el principal acusado del atentado contra la AMIA. El 25 de abril de 1997, además, procesó a Domingo Cavallo por haber anulado un contrato de la empresa Ocasa con el Banco Hipotecario. La Cámara Federal revocó la decisión del juez. Mucho antes de este escándalo ya había entrado un pedido de juicio político contra Oyarbide en la Cámara de Diputados. El particular José Vázquez había denunciado al amigo presidencial Blas Medina por tráfico de influencia y, según el denunciante, Oyarbide no hizo un solo movimiento para investigar el caso. La designación de jueces sin prestigio ante sus pares permitió al Gobierno --con la complicidad de senadores pertenecientes a las más diversas ramas del peronismo-- construir una Justicia débil y muy vulnerable a las presiones. Si Oyarbide hubiera llegado gracias a virtudes propias, habría tenido un prestigio que defender. De lo contrario, la única estrategia que le quedaba para sobrevivir como juez era no despegarse de sus padrinos.
Por José Natanson
Lanzilotti, al igual que Carlos Rossi, es radioaficionado en sus ratos libres. A través de su equipo de radio, pudo grabar diversas amenazas en la frecuencia 143.900 de VHF que le advertían a Rossi: "Nosotros tenemos facilidad para inventar cualquier cosa, ya vas a ver lo que te va a pasar". Rossi aseguró ayer que "es muy fácil, para un radioaficionado, identificar las voces. Muchas de ellas corresponden a varios policías escondidos bajo apodos". Estos registros avalan el testimonio de Rossi, quien en agosto de 1996 fue incriminado en una causa, la Nº 6000, que se tramitó en el juzgado de Oyarbide, en la que se lo acusó de la quema de 15 autos en Villa Urquiza. El taxista agregó que toda la causa se sustentó en un llamado anónimo que aportaba la terminación de la patente de un auto que supuestamente había sido visto en el lugar. Con este único dato en el expediente, Oyarbide allanó el domicilio de Rossi. "El juez no tuvo en cuenta --explicó Rossi-- que en ese momento circulaban por la Capital Federal 46 autos con esa terminación. Ni siquiera allanó el domicilio que figuraba en los registros sino otro, del que me había mudado varios años antes". "El objetivo fue amedrentarme para que yo siga adelante con una causa que le inicié al sargento Rodolfo Alberto Tarruela por tentativa de homicidio. Fue todo un invento, a punto tal que después de cinco meses Oyarbide dictó mi sobreseimiento por falta de pruebas", señaló Rossi. A pocos días de iniciada la causa y con el objetivo de probar su inocencia, la defensa de Rossi convocó a Lanzilotti, a quien había conocido a través de las frecuencias de radio, para que testificara y aportara los casetes con las amenazas. "Yo tenía grabaciones en las que se le advertía a Rossi que se le venía una pesada, que iba a caer por algo. Y poco tiempo después apareció esta causa", aseguró ayer Lanzilotti. El 30 de agosto de 1996, Lanzilotti se acercó al Juzgado Federal Nº 5 a cargo de Norberto Oyarbide, en la calle Comodoro Py al 2000. Después de esperar una hora entró en las oficinas. Lo recibió el empleado del juzgado Pedro Diani. Le tomó los datos personales y luego comenzó a escuchar su testimonio. A los quince minutos, Diani lo cortó en secó: --Con esto es suficiente --asegura Lanzilotti que le dijo Diani. --Pero si yo todavía no dije nada, acá tengo pruebas que avalan la denuncia de Rossi. Traje grabaciones de radio en diferentes frecuencias --fue la sorprendida respuesta de Lanzilotti. --Nosotros tenemos muchas cosas en este juzgado, estamos muy ocupados, tenemos causas muy importantes --asegura Lanzilotti que le respondió Diani.
HOY DIPUTADOS PODRIA INICIAR EL JUICIO POLITICO LA DUDA METÓDICA DEL PERONISMO Por Fernando Almirón
El diputado justicialista Carlos Soria le dijo ayer a Página/12 que "hasta ahora no hay elementos de prueba suficientes que justifiquen continuar la investigación". Agregó que "los hechos que se le imputan al juez forman parte de su vida privada", y que "la homosexualidad de los jueces no está cuestionada por la ley". Sin embargo el presidente de la Comisión, César Arias (PJ), no descartó la posibilidad de profundizar la investigación sobre las acusaciones formuladas en tres pedidos de juicio político, a lo que se agregó una ampliación de solicitud de informes presentada por Guillermo Francos, autor de uno de ellos. Por su parte la aliancista Nilda Garré, que presenció la audiencia entre Oyarbide y los diputados, señaló que a su entender "detrás de este caso se esconden situaciones mucho más graves", en referencia a las internas protagonizadas por la SIDE y la Policía Federal que quedaron de manifiesto como marco del escándalo. "Voy a presentar una nota solicitando una reunión urgente de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia y Seguridad para analizar estos hechos, lo que en principio son muy graves", aseguró la legisladora. Melchor Cruchaga le dijo a este diario que los legisladores de la Alianza no presentaron nuevos pedidos de juicio político que avancen en el desempeño judicial de Oyarbide, ya que "a nuestro entender ya está demostrada la incapacidad del magistrado para seguir ejerciendo sus funciones. El propio juez nos manifestó que era víctima de una interna judicial que funciona como una verdadera organización mafiosa".
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